El Consejo de la Magistratura de Bolivia la envió a un proceso disciplinario por faltas graves. Fue notificada que no podrá ejercer por 4 meses.
Verónica Zapana S. / La Paz
La jueza Gladys Bacarreza, de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de La Paz, fue suspendida del cargo por cuatro meses. Es acusada de favorecer a feminicidas y violentos, además de torturar a víctimas y a sus familiares.
“El Consejo de la Magistratura envió a esta jueza a procesos disciplinarios por faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones, pero en 2021 se emitió una resolución de suspensión del ejercicio de sus funciones, (la misma) fue apelada con una acción de amparo constitucional”, dijo a Página Siete la abogada Jhenny Prado.
La jurista explicó que ayer -al mediodía- se llevó adelante la audiencia de amparo, pero la resolución no cambió. “Fue suspendida por cuatro meses y ya fue notificada de forma oral”.
Prado indicó que la suspensión es un avance y aseguró que ahora busca que se notifique una resolución de destitución. “Es lo que corresponde”, dijo e indicó que se desconoce por qué no fue notificada antes.
Según la jurista, hay 92 denuncias contra la jueza de acuerdo con el registro del Consejo de la Magistratura.
Contó que tres familiares de víctimas de violación y de violencia denunciaron a la jueza porque los privó de libertad en un “cuarto de torturas”. “Está en su mismo despacho. Ella tiene un ambiente donde almacena sus libros y expedientes. En este lugar ha encerrado a las víctimas de violencia y a familiares que han buscado justicia”, dijo y aseguró que en ese cuarto, la jueza pedía 3.000 dólares a las víctimas a cambio de ayuda en sus procesos. “¿Pero la jueza no tendría por qué ayudarlas, sino cumplir su trabajo?”, remarcó.
Prado denunció que en los casos de las familias que no dieron dinero, la jueza favoreció a los acusados pese a que cometieron violencia sexual o física.
Una de las víctimas es Linda A., quien relató que ella fue víctima de diferentes tipos de violencia de parte de su exesposo Luis A. C. M. “Él me ha arrancado la oreja. Son muchas cosas, por eso decidí denunciarlo en febrero de 2015”, contó.
Pero, cuando su caso llegó al juzgado de Bacarreza, la jueza la convocó. “Me pidió 3.000 dólares cuando comenzó mi proceso”, dijo y contó que ella ingresó al “cuarto de torturas” a pedido de la autoridad. Recordó que en el lugar no existen cámaras.
“Le dije que no le daría y grité, por eso salí a los cinco minutos de ahí”, resaltó y aseguró que desde entonces, peregrina siete años en busca de justicia.
Linda contó que la jueza dilató el caso para que se extinga por el tiempo. Pero, según la víctima, el proceso volvió a cautelar y el juez Alan Zárate declaró al agresor en rebeldía.
Relató que el viernes, cuando la jueza convocó a una audiencia, y en ese encuentro sancionó a su abogada con una multa de 4.000 bolivianos y suspendió su participación. “¿Eso no es maltrato?”, indicó.
Cuando Linda dijo a Bacarreza que no podía llevar la audiencia sin su abogada, “ella respondió que no importaba y para eso estaba el Ministerio Público. “Con eso se han vulnerado todos mis derechos constitucionales”, aseguró y añadió que a la jueza sólo le importaba “absolver al agresor”.
Añadió que debido a ello, su agresor sigue ejerciendo violencia en su contra. Por eso, el fiscal pidió una audiencia de valoración de medidas de protección, pero Bacarreza hizo caso omiso. “Me dijo que le dio la gana de absolver a mi agresor”, contó.
No es el único caso. Hay otras víctimas de violencia y familiares de víctimas de violación. Uno de esos casos es el del padre de una niña que denunció que la jueza absolvió al agresor.
“Ella me amenazó, me dijo que veré con quién me estoy metiendo porque ella es hermana del magistrado Zenón Bacarreza”, dijo Prado.
Otra víctima contó que la jueza le pidió que “desista de la denuncia”. Según la abogada, el agresor pisó con su vehículo los pies de la adulta mayor de 70 años. “La quería obligar un memorial de desistimiento de denuncia”, sostuvo.
El caso se denunció ante la Asamblea Legislativa, “pero no se hizo nada”.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, dirigida por la diputada Gladys Quispe, dijo que recibió varias denuncias contra Bacarreza por retardación de justicia de casos de violencia, por lo que hizo la Petición de Informes al Consejo de la Magistratura.
Ella tiene un ambiente donde almacena sus libros y expedientes. En este lugar ha encerrado a las víctimas de violencia (…)