Es la vía que los importadores ilegales usan para introducir vehículos nuevos como reacondicionados y evitar el pago de los tributos que corresponden.
Alcides Flores
Las cinco camionetas Toyota Hilux cero kilómetros que ahora están en un galpón de la Policía potosina no podían ingresar legalmente al país porque la empresa las internó sin cumplir un requisito imprescindible cuando se trata de vehículos cero kilómetros: la certificación de la fabricante, en este caso de la empresa japonesa Toyota.
Sin embargo, la empresa Stefals Logistics sí pudo saltar ese requisito: usar la Zona Franca Industrial, y para eso consiguió papeles en la zona franca de Iquique con el rótulo “para reacondicionar”. Sin embargo, según las denuncias, los talleres que operan en la Zona Franca Industrial no realizan ningún trabajo de reacondicionamiento cuando se trata de vehículos totalmente nuevos, por lo que se limitan a emitir las certificaciones, que son avaladas por la Aduana Nacional.
¿Qué función cumple entonces actualmente la Zona Franca Industrial?”, se le preguntó a Luis Encinas Valenzuela, gerente general de la Cámara Automotor Boliviana. “Ninguna. No están haciendo nada. Están haciendo certificados. Todo el tiempo ingresan vehículos nuevos. Alrededor de 1.000 vehículos cero kilómetros entran cada año para hacerles reacondicionamiento”, respondió. “Le cortan un cable y le vuelven a pegar para hacer ver que han realizado un trabajo de reacondicionado”, grafica Luis Encinas.
De ser así, la Zona Franca Industrial se ha convertido en la zona que abre las puertas a un mecanismo que permite golpear a las arcas del Estado. Y de ser así, como afirma Encinas, la Zona Franca Industrial causa una pérdida al Estado de más de 20 millones de dólares anuales, por evasión de impuestos.
El último acto dudoso conocido públicamente ocurrió a fines de diciembre de 2021, cuando cinco vehículos nuevos (del año 2021) ingresaron al país a través de la Zona Franca Industrial, pese a que no podían hacerlo debido a que los motorizados eran cero kilómetros.
Las cinco camionetas Toyota Hilux, fabricadas en 2021, fueron compradas en Tailandia. Son de tracción 4 x 4 doble, a gasolina, motor a inyección. Hoy todas ya tienen póliza y todas están a nombre de Jhonny Óscar Mamani Gutiérrez, gobernador del departamento de Potosí, como apoderado o representante legal.
Foto: Página Siete
Es decir, estos motorizados ya tienen RUAT, placas y pólizas, por lo que ya están listos para salir a las calles y rutas del departamento de Potosí, a pesar del escándalo que se levantó a raíz de las irregularidades en torno a su adquisición y a pesar de que la Gobernación dijo que rompería el contrato de compra de esos cinco vehículos con la empresa Stefals Logistics, con la que también acordó la compra de 41 ambulancias. Por la polémica, estos cinco motorizados están en un galpón de la Policía de Potosí, detrás de la Unidad Operativa de Tránsito, con todos sus papeles al día.
La ilegalidad
¿Por qué la operación de Stefals Logistics fue ilegal? Los cinco vehículos que ya importó no fueron comprados del fabricante en Japón, sino de un concesionario de Toyota en Tailandia, por lo que no cuentan con la certificación del fabricante -requisito fundamental para internar al país en forma legal cuando se trata de vehículos cero kilómetros-. Por lo tanto, los vehículos fueron introducidos a Bolivia a través de la Zona Franca Industrial de manera irregular, porque a esa zona franca no le corresponde admitir vehículos cero kilómetros.
“Ningún vehículo que no tuviera algún siniestro puede entrar por la Zona Franca Industrial, porque allí ingresan los que tienen que sufrir alguna transformación respecto a su funcionalidad como el motor. No puede ingresar un vehículo a la Zona Franca Industrial sólo para regularizar su situación de ilegalidad en el país. Eso viola la ley”, afirma Antonio Rocha, presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA).
Los vehículos nuevos ingresan al país a través de las aduanas de frontera o aduanas interiores, donde los que importan deben cumplir varias condiciones, entre las que están la autorización previa para la importación de los cero kilómetros o de vehículos usados hasta con un año de antigüedad.
Por lo tanto, no pueden ingresar a la Zona Franca Industrial de manera directa si no tienen un objeto directo de transformación. Los cinco vehículos que ingresaron al país el mismo año de su fabricación a requerimiento de la Gobernación de Potosí, son totalmente nuevos. Además, los concesionarios, en este caso el proveedor de Tailandia, nunca venden vehículos nuevos con defectos, más aún de fabricantes tan conocidos como Toyota.
¿Cómo operan?
En la Zona Franca Industrial existen los denominados “usuarios”, que son los asociados internos de la entidad, que compran su terreno para instalar sus talleres, pero previamente tienen que cumplir muchos requisitos de funcionamiento porque deben dar un servicio de alta calidad.
La cadena delictiva comienza en Iquique, donde se constituyen empresas de bolivianos y chilenos que por lo general tienen seis meses de vigencia. Estas empresas operan en la avenida Circunvalación de esa ciudad chilena, que está llena de autoventas de pakistaníes, donde hay oficinas pequeñas de traspaso a través de empresas puente. Estas oficinas hacen el traspaso de un comprador a otro y emiten facturas a la carta.
Estas empresas puente ponen en la factura “vehículo para reacondicionamiento”, pese a que están nuevos y sin ningún defecto. Con esa factura el importador “gris” va a la Zona Franca Industrial, donde presenta la factura trucha con el detalle de “vehículo para reacondicionamiento”.
Ya en el interior de la Zona Franca Industrial, los “usuarios” emitir certificaciones. Los reportes de los talleres son los mismos reportes para varios vehículos. “Hacen un ‘copy paste’ en cada certificado de reacondicionamiento, por ejemplo para alguien que importa 10 vehículos”, afirma Encinas, para quien los importadores “grises” (ilegales) no pueden hacer solos este trabajo. “Obviamente están en combinola con funcionarios de las instituciones del Estado”.
La CAB realizó una larga investigación sobre estas irregularidades, por lo que presentó una denuncia ante la Procuraduría General del Estado.
“La Zona Franca Industrial nació para transformar los volantes de la derecha a la izquierda, para instalar gas, para dar plusvalía a ciertos productos, para realizar ensamblajes, fabricar vidrios, pero nada de eso pasa hoy”, recuerda Luis Encinas.
El certificado que emite el usuario (dueño del taller) de la Zona Franca es avalado por la Aduana Nacional. Teóricamente, la Aduana realiza la inspección del trabajo que realizan los talleres y tiene la obligación de realizar inspecciones físicamente de los vehículos y también de los documentos. “Quién no se va a dar cuenta que cuando entran 10 vehículos nuevos para reacondicionamiento tienen el mismo defecto y que la certificación del taller de la zona franca hace un ‘copy paste’ en sus reportes de los 10 vehículos”, afirma Luis Encinas. “Esta gente está haciendo lo que le da la gana dentro de la Zona Franca Industrial, que se ha convertido en un lugar de delitos”, agrega.
Las investigaciones del escándalo de las 41 ambulancias en Potosí hoy se centran en la Gobernación y en la empresa Stefals Logistics, que se creó en septiembre de 2021, con un capital de Bs 100 mil para mover más de Bs 20 millones, el mismo mes que la Gobernación lanzó la licitación para la compra de las ambulancias. Pero, la cadena de irregularidades también abarca a otras instituciones, como la Zona Franca Industrial.
No puede ingresar un vehículo a la Zona Franca Industrial solamente para regularizar su situación de ilegalidad en el país