Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Añez, afirmó este lunes que en el juicio denominado “golpe de Estado II” en contra de su cliente no hay chicana jurídica promovida por la defensa, sino vulneraciones a los derechos y garantía de la exmandataria.
Fuente: https://brujuladigital.net
“Aqui no hay chicana jurídica, aquí lo que hay son vulneraciones a los derechos y garantías, desde la propia incompetencia de este tribunal, tal como lo estableció el auto constitucional dentro del proceso EBA, que establece que los tribunales y jueces ordinarios deben cumplir con la Ley 044 de juicio de responsabilidades”, afirmó Guillén.
En esta jornada se dio inicio al juicio oral en contra de Añez, quien se descompensó en plena audiencia. El tribunal declaró rebeldes a la justicia a tres exjefes militares y a un exjefe policial y postergó la audiencia hasta el 4 de abril.
Tras esos actuados, el Ministerio de Justicia denunció que hay retardación de justicia. “La interrupción de un juicio por razones injustificadas se constituye en delito de retardación de justicia que debe ser evitado por las partes involucradas en cada caso”, señaló a través de un comunicado.
«Los problemas provocados para interferir en la audiencia virtual y el uso desmesurado de recursos procesales por la parte acusada y sus abogados, reflejan una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional a contar con decisiones judiciales en un plazo razonable y sin dilaciones”, acotó el despacho de Justicia.
Sin embargo, Guillén rechazó esa postura y aseguró que los derechos de la exmandataria son vulnerados. Reiteró que no interponen ninguna chicana jurídica, sino que sus actuados están encaminados a velar por que se cumpla los derechos y garantías de una persona que es “procesada injustamente”.
En criterio de Guillén no hay “elementos objetivos” para demostrar que la expresidenta cometió los delitos que se le atribuyen al instalar este proceso.
La expresidenta es procesada en el caso “golpe de Estado II” por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, debido a que sucedió en 2019 al expresidente Evo Morales, cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores.