Los casos ítems fantasma, Prestín I y II, BTR y otros contratos irregulares dejaron millonarias pérdidas a la municipalidad de Santa Cruz. Los procesos tienen un delito en común: la corrupción.
Fuente: paginasiete.bo
Malkya Tudela / Santa Cruz
Los 14 años de la gestión de Fernández y su sucesora Ángelica Sosa dejaron al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en crisis y con varios casos de corrupción a cuestas. Ahora, el GAM impulsa al menos seis procesos penales relevantes, con una veintena de imputados y una cifra millonaria que está por recuperar.
El monto global perdido en hechos de corrupción todavía es una incógnita, pero las estimaciones preliminares reportan más de 230 millones de bolivianos. Los procesos penales apenas comenzaron y los funcionarios municipales insisten en que el objetivo es rescatar ese dinero perdido por la corrupción.
“Se han realizado las anotaciones preventivas de los bienes del imputado para precautelar el resarcimiento del daño al gobierno municipal”, dijo el jueves Isabel Fernández, directora a.i. de Asuntos Jurídicos, en referencia a Juan Carlos Herbas, exfuncionario a quien se acusa de usura con dinero extraído de arcas municipales.
Aquí un recuento de los procesos ediles en curso:
Ítems fantasma
El año pasado, una mujer denunció ante la prensa la violencia familiar que sufría de parte del exfuncionario municipal Antonio Parada Vaca. Al mismo tiempo reclamaba el cumplimiento de una asistencia familiar acorde con los ingresos del hombre que tenía un sueldo de 12.000 bolivianos, inmuebles valuados en 500 mil dólares, vehículos de lujo y registraba envíos de dinero a Estados Unidos en montos que bordeaban los 100.000 dólares.
La investigación inicial dio cuenta de que Parada Vaca recibía dinero del sueldo de empleados que figuraban en planillas, pero que no ejecutaban trabajo alguno en el GAM. Al inicio se mencionó la existencia de 800 ítems fantasma, pero posteriormente el Ministerio Público informó que podrían ser hasta 2.000.
El Ministerio Público abrió un proceso, al que se adhirió el GAM de Santa Cruz, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
Los imputados dentro de este caso son Julio César Herbas, Javier Cedeño y Angélica Sosa, que tienen detención preventiva; Mery Balcázar, con arresto domiciliario; y los hermanos Antonio y Guillermo Parada Vaca, fuera del país y con orden de extradición.
Se han realizado anotaciones preventivas de los bienes muebles e inmuebles de los imputados y se estima un daño de 150 millones de bolivianos.
Contratos irregulares
Al iniciar su gestión, el alcalde Johnny Fernández ordenó un relevamiento de información sobre el número y condición de los servidores públicos del GAM. El resultado mostró la presencia de 10.719 funcionarios y, según la rendición de cuentas de 2021, “un sinnúmero de irregularidades en 1.205 contratos de personal, que entre enero y marzo de 2021 no registraron y/o marcaron su asistencia a su fuente laboral”.
El caso fue abierto por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y otros contra Angélica Sosa, Sandra Velarde Casal y Javier Cedeño. La denuncia fue rechazada en un inicio por la Fiscalía, pero fue retomada después de que el GAM presentara una acción de amparo constitucional.
Se estima el daño económico de 25,6 millones de bolivianos. La municipalidad solicitó al juez del control jurisdiccional que acumule o fusione los procesos “ítems fantasma” y “contratos irregulares”.
Prestín I y II
El exfuncionario Julio César Herbas se había convertido en un conocido prestamista en la ciudad de montos que oscilaban los 100 mil dólares. Un empresario de la construcción declaró que obtuvo un préstamo con garantía hipotecaria al 2,5%. El Ministerio Público consideró que el dinero que movía Herbas provenía de las arcas del municipio, así que se abrió el caso Prestín I por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.
El gobierno municipal cruceño se adhirió a esta denuncia contra Julio César Herbas y espera la imputación formal en su contra. Hasta ahora se han realizado las anotaciones preventivas de los bienes muebles del imputado para precautelar el resarcimiento del daño.
El caso Prestín II es similar, pero en contra de Sergio Perovic, esposo de la exalcaldesa Angélica Sosa. Por ahora se sabe que el sospechoso está fuera del país; inicialmente se dijo que salió hacia Argentina para asistir a su madre, pero su paradero es incierto.
El gobierno municipal pidió información sobre los bienes del denunciado para la anotación preventiva y solicitó informes a los juzgados sobre los procesos de préstamo de dinero que tenga Perovic.
La justicia emitió una citación dirigida al denunciado para que se presente a declarar, pero sus representantes informaron que estaba fuera del país sin tener fecha de regreso.
Vertedero
El caso de sobreprecio en la compra para el terreno del vertedero municipal e implementación del relleno sanitario, por 10 millones de dólares, tiene como denunciante a la directora de Transparencia de la Alcaldía, Adriana Pedraza.
Los imputados son Sandra Velarde Casal, ahora con detención preventiva; Fabián Egüez Hurtado y Rubí Indira Suárez, ambos con arresto domiciliario; y Antonio Moreno Sanginés, quien goza de medidas sustitutivas. Actualmente los ediles esperan el informe del Instituto de Investigación Forense con la determinación del daño real y preciso causado al GAM.
Funcionarios ediles calculan un daño económico aproximado de 56 millones de bolivianos.
Buses de Transporte Rápido
El caso BRT (Buses de Transporte Rápido) se debe a que este proyecto de transporte urbano fue iniciado en su primera fase en el primer anillo de la ciudad con sobreprecio y corrupción. En marzo del año pasado, la exalcaldesa Angélica Sosa dijo a una comisión de Diputados que el BRT se construyó con “150 millones de bolivianos con fondo propio porque no ha salido ningún boliviano todavía de la CAF”.
Los imputados son Angélica Sosa, Percy Fernández Áñez, Rolando Pedro Rivera Correa, Lucy Mariel López Quiroga, Rubén Darío Rivero Gallardo, Emilse Fernández, Jorge Humberto Ortiz Bruno, Nancy Roca Martínez, Jorge Luis Egüez Moreno y Percy Rojas Limón, quienes se someterán a una audiencia de medidas cautelares el 15 de marzo.
“También estamos realizando un a auditoría para determinar el daño exacto causado al Estado”, dijo la directora de Asuntos Jurídicos, Isabel Fernández. La semana pasada se abrió el caso BRT II por impulso del Ministerio Público, la Contraloría General y la Policía. El asesor del GAM, Jimmy Montaño, explicó que la entidad contralora verificó “un direccionamiento en el proceso contratación” de la línea Chuturubí, compuesta por los buses destinados a prestar el servicio de transporte público. “Los buses tendrían que costar arriba de cinco millones de dólares, pero vamos a demostrar que ese proceso de contratación estuvo direccionado a favorecer a la línea Chuturubí en total desigualdad contra los otros competidores que participaron en esta convocatoria”, dijo Montaño.
Más procesos
“No le podría dar un número exacto (de casos) porque son bastantes, los casos relevantes son seis por el daño económico causado. Todos los casos están siendo sometidos a auditoría”, dijo Fernández, de la Dirección de Asesoría Jurídica. Uno de esos procesos fue instaurado por la Dirección de Transparencia, el 5 de agosto de 2021, por la desaparición de 54 vehículos de propiedad del municipio. Los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y peculado recaen sobre exservidores públicos. Se estima en este caso un daño de 12 millones de bolivianos.
Otros procesos fueron abiertos por la compra con sobreprecio de camas hospitalarias con un daño calculado de 230 mil bolivianos, la desaparición de plantines y orquídeas del Jardín Botánico por dos millones de bolivianos y la destrucción de bienes del Frigorífico Municipal por un millón de bolivianos.
En septiembre, el Concejo Municipal aprobó una ley de fiscalización de contratos municipales para vigilar esas transacciones con montos que sean mayores a un millón de bolivianos. A cinco meses de la emisión de esa normativa, el burgomestre Fernández todavía no la promulga.
La municipalidad de Santa Cruz, sin músculo financiero
En su primera rendición de cuentas, el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, posesionado en mayo de 2021, expuso un panorama desolador para el futuro del GAM: había un déficit de 153 millones de bolivianos en los fondos para sueldos del personal eventual (85% en área de salud) y una deuda pública, interna y externa, de 2.000 millones de bolivianos.
La iliquidez era rampante. “De cada Bs 1 que se tiene (saldos banco) sólo se tiene Bs 0,04 para responder a las obligaciones de corto plazo”, dice la rendición de cuentas.
El diálogo con el Gobierno central, en mayo del año pasado, dio un respiro a la Alcaldía crucela. Con problemas para responder a las deudas apremiantes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, se abrió a reprogramar el pago de créditos, por ejemplo en el caso de un préstamo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
“Nos aceptaron y dijeron que se puede dar esa figura. Esto nos permitirá tener liquidez a corto plazo”, dijo el alcalde Fernández, en esa oportunidad.
La administración edil también hizo sus propios ajustes y redujo personal eventual. El monto ahorrado en esta depuración fue de 51,3 millones de bolivianos en la partida 121.
A principios de este año, las protestas de enfermeras y médicos de los centros de salud revelaron esta decisión de recorte.
Por otro lado, intenta involucrar a la empresa privada con la Ley 1456 de Alianzas Público-Privadas para promover inversiones en bienes, servicios y obras con generación de empleos.
A mediano plazo, la Alcaldía prevé que el resultado del censo de este año permita aumentar sus ingresos de coparticipación tributaria en más de 200 millones de bolivianos anuales a futuro. Ésta es una apuesta arriesgada, puesto que no existe la garantía de realización del censo que, si se realizara, reportará la cantidad de población asentada en el municipio después de casi una década de la última medición.
230 MM
DE BOLIVIANOS
es el monto estimado de las pérdidas
por corrupción del
Gobierno Municipal de Santa Cruz.
Los casos relevantes son seis por el daño económico causado. Todos están son sometidos a auditoría
Isabel Fernánez, Gamsc
Fuente: paginasiete.bo