Amaru: 7 irregularidades en la carrera del juez que hizo campaña por Arce

Entre 2012 y 2013 cobró Bs 27.409 sin trabajar en el órgano judicial. En 2017, fue imputado luego de que intentara conciliar un caso de violación, en el que representó al agresor y a su vez apoderado de la víctima.

Fuente: Página Siete

Carlos Quisbert



Marco Antonio Amaru, denunciado por favorecer a delincuentes, fue designado como juez en junio de 2021. De acuerdo con los expedientes judiciales, al menos siete hechos de corrupción e irregulares se dieron en torno a la carrera de esta autoridad, quien en 2020 hizo campaña electoral a favor del MAS y su candidato Luis Arce, junto con Evo Morales y el actual procurador Wilfredo Chávez.

El primer caso que revela el perfil profesional de Amaru data de 2012. Según los datos del caso LPZ 1514739, fue imputado por peculado a denuncia del Consejo de la Magistratura.

Los datos señalan que en julio de 2011, Amaru fue posesionado como oficial de diligencias del Juzgado de Omasuyos, cargo que ejerció hasta mayo de 2012, cuando de manera repentina y sin justificativo dejó de ir a su fuente laboral, pero siguió cobrando salario hasta abril de 2013. El daño económico alcanzó a los 27.409 bolivianos.

El segundo proceso penal contra Amaru, antes de ser elegido juez de El Alto, fue abierto en septiembre de 2020. En esa causa fue imputado por el delito de patrocinio infiel, después de que una jueza descubriera que él primero se presentó como abogado defensor de un imputado por violación a una mujer y luego como apoderado de la víctima.

Los detalles del proceso que radica en la Fiscalía de El Alto, con el CUD 201502022003068, señalan que Amaru representó al agresor en una audiencia de apelación, que tenía el fin de lograr la cesación a su detención preventiva, solicitud que le fue rechazada.

Pero días después, pretendió legalizar una “conciliación” entre el agresor y la víctima, quien le había otorgado un supuesto poder de representación para la suscripción de un acuerdo que señalaba que el acto sexual fue consensuado, por lo que no existía un delito que perseguir.

En este caso, fue imputado junto con su colega Adolfo Eustaquio Cantuta Quispe, quien también fue abogado del agresor y que luego de la presentación del acuerdo de supuesta conciliación con la víctima, amenazó con demandas penales contra quienes procesaron y denunciaron a su cliente.

Cantuta también es uno de los tres abogados involucrados en el último caso abierto contra Amaru, por el favorecimiento a un imputado por feminicidio.

Ambos casos, según las resoluciones de rechazo, fueron cerrados y archivados, no porque se haya demostrado la inocencia de Amaru, sino argumentando que por plazos procesales no se logró recolectar los indicios suficientes para continuar la sanción penal. Ésta es otra irregularidad. Sin embargo, de forma contradictoria, como prueba del caso de peculado, en la resolución se menciona que Amaru devolvió -en cuatro pagos- los 27.000 bolivianos que cobró por salarios, sin haber ido a trabajar.

En el primer caso de peculado, los representantes del Consejo de la Magistratura, víctimas en el proceso, no impugnaron la resolución de rechazo, permitiendo que el caso se cierre, pese a que la ley anticorrupción ordena que se agoten todas las instancias de apelación.

En el segundo caso sobre patrocinio infiel, la resolución de rechazo fue firmada el 30 de noviembre de 2020 por el fiscal Luis Fernando García Mamani, quien en junio de 2021 fue posesionado como juez en el mismo acto de designación de Amaru.

García es uno de los implicados en favorecer en la fuga del empresario de nacionalidad india Amit Dixit, representante legal de GoldShine SRL, que escapó del país con 331 kilos de oro cuando era investigado por intento de exportación ilegal del metal precioso.

Evo Morales y el juez Marco Antonio Amaru en 2020. Foto: Archivo

 

Pese a esos antecedentes, Amaru fue designado como juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, previa una evaluación que fue calificada de transparente. Esa selección estuvo a cargo de representantes de universidades, del Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y organizada por el órgano administrativo y disciplinario de la labor de jueces y el Consejo de la Magistratura.

Durante ese proceso de selección, Amaru acreditó en la plataforma virtual de la Magistratura como máximo curso de posgrado un diplomado obtenido en la Universidad Pública de El Alto, y si bien el reglamento de calificación señalaba que de los 40 puntos que podía lograr como máxima calificación, ese único título valía 11 puntos, la comisión calificadora le otorgó un puntaje de 35/40, según una denuncia enviada a este medio, respaldada con las copias de esa calificación.

A pesar de todas esas irregularidades, incluidas las denuncias de su “militancia” en la campaña electoral del MAS en 2020, el Consejo de la Magistratura lo posesionó como juez. Ya en ese cargo, el 20 de septiembre de 2021, otro juez envió dos denuncias, una dirigida al ministro de Justicia, Iván Lima, y la otra al fiscal departamental de La Paz, William Alave, en la que alertó de  los actos ilegales que cometió Amaru, al beneficiar a un sentenciado por tentativa de feminicidio.

No hubo respuesta de las autoridades y a la fecha el fiscal Alave no responde sobre las razones por las cuales no se abrió un proceso penal, pese a que la denuncia la realizó otro juez, con respaldo documental.

Por último, está el caso por el que Amaru fue sometido a una audiencia cautelar el miércoles. El juez Tercero Anticorrupción Eduardo Foronda  concedió el arresto domiciliario con salida laboral a su colega, que fue imputado por consorcio de jueces, fiscales y abogados.

El juez Amaru fue sindicado por beneficiar en una acción de libertad a Eliot Mamani, detenido por el feminicidio de Janett Flores en 2021. Mamani estaba prófugo y fue capturado gracias a la investigación de la familia de la víctima.

Otro cuestionamiento en ese caso es que Foronda también es el juez titular del caso del feminicidio de Flores.

Ayer, el ministro Lima afirmó que se descubrió que “por medio de acciones de libertad, los jueces cautelares plantearon la liberación de feminicidas”, por lo que se solicitará informes al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Excliente de Amaru
  • Defensa En el último caso abierto contra el juez Marco Antonio Amaru, se tiene que él fue abogado del imputado  Eliot  Mamani en un proceso por narcotráfico abierto en 2014, que continúa en etapa de juicio. Amaru firmó varios memoriales en representación de Mamani. Otra irregularidad detectada en contra de este juez.
  • Salud Para justificar el pedido de libertad, los abogados de Mamani -amigos del juez- presentaron en la acción de libertad certificados médicos sobre un supuesto cáncer terminal que dejaba una esperanza de vida de sólo seis meses para el imputado.