El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, informó este viernes que el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Asignaciones Económicas en la que se consigna un acápite sobre Bolivia, para la investigación de la transparencia de las elecciones de 2019 y la violación de derechos humanos. Afirmó que ello implica la averiguación del rol en esta crisis del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“A más tardar 120 días después de la promulgación de la Ley, el Secretario de Estado deberá presentar un informe a los Comités de Asignaciones evaluando: 1) La transparencia y legitimidad de las elecciones general de Bolivia de 2019 mediante la solicitud de información de expertos independientes reconocidos internacionalmente; y 2) El avance en las investigaciones de responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante ese periodo” (sic), indica la norma, según el mensaje de Arce en redes sociales.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales fue forzado a renunciar en medio de protestas cívicas denunciando un fraude en los comicios que ganó —en octubre de ese año—, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. La OEA al mando de Almagro le dio la estocada final al emitir el avance de una “auditoría” que alimentó el discurso de irregularidades en las justas electorales, algo que Morales, el actual gobierno de Luis Arce y el partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) denuncian que fue parte de un golpe de Estado.

“Bolivia a través de su Representación Permanente ante la Organización de los Estados Americanos ha venido realizando una serie de acciones e intervenciones a partir de julio de 2021 con miras al definitivo esclarecimiento de los hechos juntamente con instituciones y centros académicos que al igual que nuestro país buscan la verdad. En ese sentido, ha solicitado en 10 oportunidades toda la documentación referente al proceso de supuesta auditoría electoral de las elecciones de 2019; ha realizado un evento internacional con la presencia de grandes expertos y académicos de las mejores universidades americanas y centros especializados de fama mundial, que justamente observaron en más de media docena de informes y estudios independientes las erróneas y forzadas conclusiones de la Secretaría General de la OEA, que en un nefasto e ilegal informe publicado la madrugada del domingo 10 de noviembre de 2019, causó el quiebre constitucional y la interrupción de la democracia en Bolivia” (sic), señaló el embajador Arce.

El informe de la OEA sobre las elecciones ha sido puesto en tela de juicio, al igual que el papel de Almagro en la crisis boliviana de 2019. Dos días después del derrocamiento de Morales, la entonces senadora opositora Jeanine Áñez se proclamó primero presidenta del Senado y, posteriormente, presidenta del Estado, en una polémica sucesión que contó con reuniones extralegislativas que allanaron su camino al poder. Por esto, la exmandataria se encuentra detenida en la cárcel de Miraflores de La Paz, desde marzo de 2021, y está pendiente el debate legislativo para un juicio de responsabilidades.

El 15 de noviembre de 2019, ya en el mandato de Áñez, se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 fallecidos por impactos de bala en el operativo militar-policial bajo el paraguas del Decreto Supremo 4078 promulgado por Áñez, que liberaba de responsabilidad penal a los efectivos castrenses que participaran en el “restablecimiento del orden público”. Cuatro jornadas después fue la masacre de Senkata, en El Alto, con otros 10 muertos por bala. En 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció la violación de derechos humanos en la crisis de 2019, con uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.

El informe preliminar y el informe definitivo de la OEA que fue publicado el 4 de diciembre de 2019, continúa el mensaje del embajador Arce, “cuando la democracia boliviana había sido ya totalmente destruida, sugería falsamente que en las elecciones del 20 de octubre de 2019 habría existido una ‘manipulación dolosa de los resultados electorales destinados a manipular la voluntad popular’. Después de más de dos años de dichas elecciones generales, las investigaciones nacionales e internacionales concluyeron en la absoluta falsedad de estas afirmaciones, que sin embargo provocaron el golpe de Estado en Bolivia, sendas violaciones a los Derechos Humanos y lo peor, la pérdida de 38 vidas humanas en diferentes masacres y hechos de violencia estatal durante el gobierno de facto (de Áñez), según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes formado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (sic).

La gestión de Almagro se encuentra en la mira por lo sucedido en 2019. Al respecto, Arce indica que “la Secretaría General de la Organización y particularmente la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia han negado dar información, no han asistido a los eventos organizados en la propia Organización y han sostenido tozudamente que este sería un tema cerrado. Al presente es el Congreso de los Estados Unidos quien le dice a Luis Almagro que el tema está muy lejos de ser cerrado, que amerita una investigación independiente a cargo de expertos independientes reconocidos internacionalmente. Bolivia, como lo viene haciendo hasta la fecha, hará valer todos los mecanismos legales, diplomáticos y políticos para el esclarecimiento de los hechos”.