Hay unos 450 camiones varados en el punto de bloqueo. Emacruz anticipa servicio irregular mientras se mantenga la protesta que exige a las autoridades que se destituya a la subalcaldesa María Aidé Salvatierra.
Fuente: El Deber
Vecinos del distrito municipal 14 mantiene por segundo día el bloqueo en la ruta de acceso al vertedero de San Miguel de los Junos. Con esta medida, impiden el trabajo regular de unos 450 camiones que se dedica a la recogida de residuos sólidos en la ciudad. Desde Emacruz, una comisión encabezada por el gerente general de la institución, Víctor Hugo Peralta, negocia con las juntas vecinales para levantar la medida.
Mediante una nota de prensa, Emacruz considera que unas 2.700 toneladas de basura están repartidas en los camiones varados en el punto de bloqueo. La situación se agrava puesto que la basura acumulada puede convertirse en un foco de infección para la ciudadanía de la zona.
“En 24 horas de bloqueo, tenemos 450 camiones varados aquí en el punto de bloqueo. No podemos realizar nuestro trabajo de manera normal. Es un serio problema que nos genera el bloqueo y encima esta medida atenta contra salud pública. Pedimos a los vecinos que levanten la medida”, pidió Peralta.
Al menos 40 dirigentes de las juntas vecinales del Distrito Municipal 14 alimentan el bloqueo junto a los vecinos. Piden a las autoridades que se destituya a la subalcaldesa María Aidé Salvatierra. Según expresan, la funcionaria «no acude a su trabajo ni coordina con los vecinos».
Tanto en la tarde noche de ayer (martes) como en la mañana de este miércoles, una comisión municipal acudió a la zona para dialogar con los vecinos y pedirles que levanten la medida.
El propio alcalde Jhonny Fernández ha propuesto a los vecinos reunirse en una mesa de negociación. 
El pedido del alcalde solicita la disposición de un cuarto intermedio mientras transcurra el dialogo. Esta posibilidad aliviaría el trabajo de la recogida de residuos.
Con el paso del tiempo, los bloqueadores han incorporado una nueva demandad en sus exigencias. Plantean las garantías a quienes participan en la protesta para que el municipio no inicies procesos penales contra ellos.