La liberación del violador serial y feminicida, Richard Choque, dio lugar a la intervención de los juzgados y descubrieron consorcios delictivos de juristas en Bolivia.
Carlos Quisbert / La Paz
El Consejo de la Magistratura concluyó ayer los operativos de intervención a 18 juzgados de ejecución penal de sentencia en los nueve departamentos. Los resultados preliminares de esta intervención dejaron el saldo de 11 jueces destituidos, 76 procesos penales y 10 criminales recapturados.
“El Consejo de la Magistratura, en sala plena, ha tomado la decisión conjunta de cesar en sus funciones a 11 jueces de ejecución penal y remitir a procesos disciplinarios a siete”, afirmó el presidente de esa instancia de control judicial, Marvin Molina, tras detectarse varias irregularidades en instancias judiciales.
De acuerdo a los datos ofrecidos por el funcionario, desde el 10 febrero se lograron revisar 832 expedientes correspondientes a las gestiones de 2013 a 2022, de casos relacionados a ocho tipos penales: feminicidio, asesinato, violación, violación a niños y adolescentes, trata de personas, tráfico de personas, parricidio e infanticidio.
En esa labor de fiscalización se halló que en 76 procesos los funcionarios judiciales incurrieron en delitos penales y otros 266 en “responsabilidad disciplinaria”. En ese marco, la Magistratura ya presentó 49 denuncias y 27 están en proceso.
Los operativos de intervención se iniciaron hace un mes, luego de que las investigaciones de la División de Trata y Tráfico de la Policía, en La Paz, a cargo del teniente Boris Gutiérrez, reveló que un consorcio compuesto por jueces, abogados, fiscales, médicos, trabajadoras sociales y personal de Régimen Penitenciario operó para dar libertad a peligrosos delincuentes que tenían condenas de hasta 30 años de prisión, pero que estaban libres en las calles, luego de movidas judiciales, aparentemente legales.
El primer caso develado fue el de Richard Choque Flores, asesino y violador serial, quien pese a una sentencia de 30 años de prisión por el feminicidio de una joven en 2013, había logrado su libertad en la Nochebuena de 2019 gracias al fallo del exjuez Rafael Alcón Aliaga, luego de que había pagado 3.500 dólares.
Desde esa fecha, según la investigación del equipo a cargo de Gutiérrez, el delincuente cometió 77 violaciones y asesinó a dos de sus víctimas. El agresor operaba con el dinero que extorsionaba a las víctimas y a sus familiares.
Frente a ese panorama, Molina informó ayer que se ratificó la destitución de Alcón, el exjuez y hermano del expresidente de la Magistratura, Gonzalo Alcón, quien a su vez fue parte del Alto Mando Militar en la gestión del expresidente Evo Morales.
Rafael Alcón fue el primero de los jueces destituidos en La Paz. Junto a él también fue alejado del cargo el juez Abraham Aguirre, quien dio libertad al paramilitar Felipe Molina Bustamante, asesino del histórico líder sindical Marcelo Quiroga Santa Cruz, y a Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales. Este último caso aún está en evaluación de los antecedentes.
Entre los 10 delincuentes recapturados por la Policía están violadores seriales, feminicidas, infanticidas y parricidas. Además se encarceló a abogadas y funcionarios involucrados.
- Destituidos Entre los jueces que fueron alejados de Órgano Judicial están: Ricardo Illanes Saavedra, de Beni; Vidalia Morales Ávila, de Chuquisaca; Rubén Marcelo Leiva, Rosalía Orellana, ambos de Cochabamba. Rafael Alcón y Abraham Aguirre de La Paz; Germán López Moya, de Oruro; Héctor Willy Espinoza, de Potosí; Gualberto Rueda Flores, Alberto Moreira e Isabel Amelia Paz, de Santa Cruz.
- Procesos Los que pasarán a proceso disciplinario son: Jhovana Torrico Díaz, de Cochabamba; Eulogio Galier, Javier Flores y Marco Antonio Laurenti Titirico, de La Paz; Iván Patón Núñez, de Pando; María López Vargas, de Santa Cruz, y Mariscal Esquivel, de Tarija.