Demócratas tilda de «mitómano» a Camacho y el MAS ‘aprieta’ con un proceso

A su llegada de Brasil, el gobernador trató de justificar la elaboración del decreto «que no debió subirse a la gaceta». Las críticas apuntan a la falta de gestión como el principal problema en la Gobernación.
Juan Manuel Ijurko

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó de Brasil tras una semana de trabajo y reuniones. Sin casi tiempo de aterrizar, la autoridad quiso zanjar la polémica por la publicación, y posterior eliminación, del decreto 373. Dejó entrever que exfuncionarios de la gestión de Rubén Costas tienen acceso al sistema de la Gobernación y podrían haber intervenido en la publicación del decreto.

Las reacciones ante tales afirmaciones no tardaron en aparecer. El Director Jurídico de la Gobernación de Santa Cruz durante la gestión de Costas, Luis Fernando Roca, calificó de mentiroso al gobernador. El ex secretario jurídico, Vladimir Peña, también respondió vía Twitter para comparar la actitud de Camacho con las actuaciones del MAS. Y desde el partido de Gobierno han apelado al estamento judicial para interponer una demanda en relación al polémico decreto 373.

¿Qué dijo Camacho para encender la furia de los Demócratas? Nada más aterrizar en tierras cruceñas, el gobernador se refirió al documento que asignaba las funciones propias de la máxima autoridad del departamento al secretario de gestión institucional, relegando la figura del vicegobernador.

La elaboración del decreto -según dijo Camacho- debía atender a una circunstancia particular debido a la ausencia del Gobernador, que se encontraba en Brasil, y a la agenda del vicegobernador que lo trasladaba a las provincias. Una vez arreglada la agenda, se consideró innecesario el decreto, pero este documento terminó en la Gaceta y, posteriormente, fue eliminado.

“Dentro de los que manejaban el portal oficial de la Gobernación había personas de la anterior gestión, los cuales aún tenían claves. Son personas que no son parte de esta gestión y que también serán investigadas”, anunció la máxima autoridad departamental.

Desde las filas de Demócratas se refirió al tema Luis Fernando Roca, quien acompañó la gestión de Costas como director jurídico. Considera que la justificación propuesta por Camacho pretende esquivar la responsabilidad. «No puede ser que el gobernador siga mintiendo» y buscando culpables para sus propios actos, manifiesta.

«Es lamentable que el gobernador de Santa Cruz quiera delegar a otros su responsabilidad, en este caso mintiendo, y diciendo que los Demócratas tenemos alguna responsabilidad en la emisión de este decreto», señaló.

Más allá de las suposiciones planteadas desde la Gobernación, Roca apela a los hechos. «La firma en el decreto es la de él, la de su secretario; todos la han visto», aclara. Sobre la publicación del decreto en la Gaceta Oficial del Departamento considera que la responsabilidad debe recaer en el secretario de Justicia puesto que «hay comunicaciones internas» donde se instruye su divulgación.

La actitud del gobernador «y de su equipo que le colabora» son propias de «mitómanos», complementó el exfuncionario.

Vladimir Peña se ha convertido en uno de los críticos más incisivos hacia la gestión de Camacho. Desde su cuenta de Twitter acecha con sus mensajes a Creemos y, sobre todo, a la figura del gobernador.

«Camacho regresó iracundo y ante la falta de explicaciones por la crisis en la Gobernación, optó por culpar a otros, al estilo del MAS». Quien fuera secretario de Gobierno con Rubén Costas pone en duda la autoridad del actual gobernador. «Lo cierto es que Camacho no gobierna, lo hacen Walter Chávez, la prima de Camacho y otros no funcionarios», cierra su mensaje.

Peña emitió un segundo tweet para indagar en la división aparente entre las dos principales figuras de la Gobernación. «Mientras uno admite la crisis, el otro trata de negarla. Tienen a la Gobernación atrofiada por sus disputas infantiles, la gestión paralizada y le han regalado al MAS un motivo incomparable para atacar nuestra autonomía», se lee en su cuenta personal.

El exdiputado Tomás Monasterio también acudió a la red Twitter para expresar su rechazo a las afirmaciones del gobernador. «Solo bastó un año para comprobar que Camacho no está a la altura del cargo», arranca su mensaje.

Respecto la polémica suscitada por el decreto 373, considera que «ante la falta de respuestas a la crisis» Camacho opta por atribuir la «culpa al MAS y a Demócratas».

El mensaje de Monasterio vuelve a sugerir la misma idea propuesta por Peña sobre quién maneja la institución. «Hay que ser muy cínico para no asumir sus propios errores, más aún teniendo como asesor a Walter Chávez y de aliado a Rubén Costas», lanza quien defendiera al partido de Costas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En los estratos judiciales

La reacción del Movimiento Al Socialismo (MAS) ante la publicación y posterior eliminación del decreto se dirige por la vía judicial. El jefe de bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Departamental, Clemente Ramos, presentó «una denuncia contra Camacho por publicación y eliminación del decreto 373 de la gaceta oficial», puntualizó en un encuentro con la prensa en inmediaciones de la Fiscalía Departamental.

La denuncia contempla los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley. Ramos considera que el decreto supone una «burla a la autoridad electa». Y agrega la posición de su bancada ante «esta vulneración de la Constitución Política del Estado y de los Estatutos Autonómicos. No vamos a permitir que nadie se burle de nuestras leyes».

Ramos anticipa una «sanción ejemplar para todos los autores materiales e intelectuales, empezando por el gobernador». Dice que desde el MAS no van a permitir que maneje la Gobernación como si se tratase de «su rancho o su empresa privada».

Camacho se refirió a esta demanda y alegó que, ante una posible citación, acudirá a la misma para brindar su declaración porque no se ha cometido ningún delito.