La diputada María René Álvarez de la alianza política Creemos, rechaza la aprobación de la reglamentación y convocatoria para la elección del Defensor del Pueblo, argumentando que los términos en los que fue “consensuado” tiene tendencias políticas y persisten las imprecisiones, ambigüedades y falsedades.
Fuente: Prensa Creemos
Según la legisladora, observó que si bien se confirmó que se respetará los dos tercios, la ley 870 del Defensor del Pueblo en su artículo 9, parágrafo III establece: «La Comisión Mixta de Constitución, por simple mayoría de votos calificará y elevará la nómina y el informe correspondiente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que en un plazo de quince (15) días convoque a la Elección de la Defensora o el Defensor del Pueblo”, dejando de lado así el compromiso de respeto de los dos tercios. “Los dos tercios son una falsedad porque no puede aplicarse un reglamento por sobre lo que se establece en la Ley. La oposición solicitó que los dos tercios deben aplicarse a tiempo de la aprobación del reglamento, pero pretender que se aplicará los dos tercios es falso”, dijo.
Asimismo, señaló que aún persiste el requisito de no haber participado en gobiernos militares o de facto y que en la interpretación del MAS, el gobierno transitorio era de facto, aspecto que no fue comprobado a la fecha, la última dictadura en el país data de 1982, es decir, hace más aproximadamente 40 años, por lo que la posibilidad que un postulante se apersone y que haya participado en esos gobiernos dictatoriales es absolutamente remota. “El motivo del MAS de persistir en ese requisito es innecesario y solo busca realzar su falsa narrativa de que el gobierno transitorio fue de facto”, señaló.
Además, lamentó que el reglamento persiste la contradicción de hablar dos idiomas, que al final no se sabe si es requisito o no, y su no presentación podría ser un aspecto inhabilitante de cualquier postulante. “El escenario pertinente era buscar la participación de todos en la comisión mixta y ahí emitir un informe que busque la designación de una autoridad imparcial, apolítica, transparente e idónea”, dijo.
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