La diputada María René Álvarez, Creemos, recordó este jueves, que independientemente del veredicto que emita la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya en la demanda de Chile por las aguas del Silala, el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) debe responder si cumplió con el aprovechamiento progresivo de esas aguas y su preservación como un deber especial.
“Independientemente del veredicto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, se debe recordar que la Ley Nº 320 del 14 de diciembre de 2012 le impuso al Gobierno del nivel central el deber especial de preservación y aprovechamiento gradual y progresivo de las aguas bolivianas del Silala, para que esas aguas no sean desviadas hacia el norte chileno”, puntualizó.
Ley Nº 320, 14 de diciembre de 2012 en su artículo 1°.- dispone: “Declárase a las Aguas del Silala, recurso natural estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia, que está ubicado en la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí. I – El Gobierno del Nivel Central del Estado Plurinacional de Bolivia, queda encargado de la preservación y el aprovechamiento gradual y progresivo de este recurso natural estratégico, debiendo definir un plan y programas para su uso adecuado y sustentable”,
En este sentido, recordó que el incumplimiento a la Ley 320/12 dar lugar a una futura acción de cumplimiento contra los servidores públicos con cargos por posible delito de traición a la patria tomando en cuenta que si tras la promulgación de esta ley, aprobada durante el gobierno de Evo Morales, no fue cumplida en los términos de “deber especial”.
Asimismo, recordó que en octubre de 2018 el gobierno de Evo Morales hizo perder a Bolivia su histórica reivindicación marítima por la “grave negligencia” de no haber pedido en la demanda ante la CIJ que declarara que Bolivia tiene derecho al acceso soberano al mar.
En este contexto, Álvarez, criticó el viaje de una amplia comitiva nacional a la Holanda a presenciar los alegatos de la defensa nacional para la cual no contribuyen con ningún elemento, cuyo viaje supone un gasto y daño económico al Estado.
“Ahora viajan a hacer turismo internacional a costa del pueblo (…) solo debieron asistir los abogados «internacionalistas» contratados. los demás figuretis suponen un daño económico al estado”, cuestionó.