Errores en tribunales y trabas en la ALP marcan los juicios contra Áñez

El juicio oral y contradictorio contra la expresidenta de Bolivia, por los cargos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, se instaló en dos oportunidades y se suspendió por fallas procedimentales.

 

  • La expresidenta Áñez, detenida por más de un año, en audiencia virtual. | TWITTER

Fuente: Los Tiempos

 



Desde marzo de 2021, la expresidenta Jeanine Áñez enfrenta procesos ordinarios y proposiciones acusatorias en la Asamblea Legislativa para el inicio de juicios de responsabilidades, pero la única causa que avanza es el denominado golpe de Estado II, en medio de una serie de dificultades. Según legisladores de oposición,  Áñez es víctima de la justicia ordinaria y del Legislativo.

El juicio oral y contradictorio por los cargos de uso indebido de influencias y resoluciones contrarias contra la Constitución y las leyes, que se instaló en dos oportunidades, se suspendió por fallas procedimentales.

El abogado Alain de Canedo, del equipo de defensa de la expresidenta, dijo que dentro del caso golpe II hay una serie de aspectos que no se han dado y que deben ser regularizados.

“Por ejemplo, el tema de la inmediatez, transparencia, entre otros, está en duda por la falta de acceso de los medios de comunicación a las audiencias que son de carácter público y tiene que ser resuelto, porque se estaría vulnerando los derechos humanos de la expresidenta”, dijo.

En ese aspecto, agregó que, al no existir fundamentos jurídicos para sostener sus acusaciones, se “están forzando los casos por vía ordinaria”, pero estos están llenos de errores procedimentales.

En tanto, las proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades no avanzan, debido a que existe una pugna entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), toda vez que el partido gobernante, a través de estos procesos, busca validar su teoría de “golpe de Estado”, por lo que las bancadas opositoras no aceptan esta actitud.

“Hemos sido claros, si hay procesos por delitos de corrupción tienen que seguir adelante y no se los va a tapar, pero si tienen los fundamentos en los juicios de responsabilidades que se sustentan en un golpe de Estado, obviamente que estos no se van a viabilizar”, manifestó el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas.

Agregó que hay proposiciones que llegaron al Legislativo, pero el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que “al no tener los dos tercios iban a ver el tema de armar un caso golpe”.

“Este caso está desarmado por falta de prueba, por eso, las suspensiones, y, por otro lado, en la Asamblea sin ninguna activación absolutamente de nada porque no tienen la voluntad de averiguar lo que ha ocurrido porque esto implica también investigar al propio MAS”, refirió.

Único rostro

En el juicio ordinario que avanza con tropiezos, el único rostro civil visible es la de la exmandataria, además de exjefes militares y policiales.

Este caso está en la  vía ordinaria penal y el  MAS, la justicia y otros sectores  lo impulsan por presuntos ilícitos en que habría incurrido cuando Áñez ocupaba el cargo de senadora.

La causa golpe de Estado I, que establece los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, se desarrolla por la vía ordinaria penal, pero no avanza  por falta de pruebas.

Culpan a la oposición por archivo de causa

En febrero pasado, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió que no consideraría los pliegos acusatorios de juicios de responsabilidades, que están en la Asamblea Legislativa, por considerar que los opositores quieren autorizar el juicio contra la expresidenta Áñez.

En la oportunidad, el diputado Gualberto Arispe (MAS) señaló que la oposición quiere encubrir, socapar el golpe de Estado, las muertes, masacres, por lo que no queda otra que archivar las proposiciones acusatorias.

Entre los casos que figuran en la Asamblea está la ampliación de la concesión de servicio a Fundempresa, un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la emisión de los  decretos 4200 y 4196.