Evo afirma que se debe sentar un precedente para que ningún «golpista» atente contra los derechos

El exmandatario insistió que el fallo del TCP confirmó que su inhabilitación fue ilegal e inconstitucional, además consideró que esa decisión fue parte del “golpe de Estado”.

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Fuente: ANF



La demanda contra los responsables que inhabilitaron la candidatura de Evo Morales a senador en las elecciones de 2020, tiene el objetivo de sentar un precedente para que ningún “golpista” atente contra los derechos de jóvenes políticos del MAS.

“No actuamos por venganza ni rencor, pero vamos a sentar un precedente y procesar a los responsables para que nunca más ningún golpista o político derechista y racista atente contra el derecho de hermanas y hermanos más jóvenes que desean participar democráticamente en elecciones”, escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Evo Morales.

Tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, desde el Movimiento al Socialismo (MAS) anunciaron que presentarán una demanda contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mientras que Morales acusó a Salvador Romero como uno de los responsables de su inhabilitación.

En otro mensaje, el exmandatario insistió que el fallo del TCP confirmó que su inhabilitación fue ilegal e inconstitucional, además consideró que esa decisión fue parte del “golpe de Estado” que se instauró en el país durante el gobierno de transición.

“La sentencia del @TCP_bolivia que confirma que la inhabilitación de nuestra candidatura fue injusta, ilegal e inconstitucional es una prueba más de que luego del golpe se instauró un gobierno de facto que suspendió la Constitución para imponer la corrupción, masacres y represión”, reiteró.

Sin perder de tiempo, Marcelo Valdez, abogado de Lidia Patty, informó el viernes que fue contratado por Óscar Graf Sánchez, quien interpuso un recurso legal ante el Órgano Electoral contra los vocales.

“En este caso, lo que procede en forma legal es que ellos (vocales), en 24 horas, se constituyan en parte querellante ante el Ministerio Público, de acuerdo a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que establece que una vez conocida la comisión de un hecho delictivo se tiene un plazo de 24 horas para hacerlo conocer a la autoridad competente”, aseguró.

Hasta el momento ninguno de los vocales del Órgano Electoral se pronunció sobre las acusaciones por parte del instrumento político.