El ministro de Justicia sostuvo que el proceso contra la exmandataria continúa por los delitos de terrorismo y conspiración.
Fuente: paginasiete.bo
Después de que la justicia anunciara la eliminación del delito de sedición del ordenamiento jurídico nacional, el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, salió a aclarar que esto no afecta el proceso contra la expresidenta interina Jeanine Añez. La exmandataria se encuentra en prisión preventiva por el denominado caso «golpe de Estado I», en el cual se la imputa por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
«Ningún boliviano va a poder ser procesado por el delito de sedición que ya no es parte del ordenamiento jurídico. Ni quien ha sido procesado antes ni nadie para adelante va a poder ser procesado por este delito», indicó la autoridad.
«En el caso golpe de Estado I hay una acusación contra Añez y otros exministros, militares y policías, por tres delitos: sedición, terrorismo y conspiración. Al haber quedado inaplicable el delito de sedición, el proceso continúa por terrorismo y conspiración, por lo tanto, no ha cambiado ninguna condición procesal sobre la detención preventiva o sobre el proceso mismo de la exsenadora Añez”.
Momentos antes, la defensa de la ex jefa de Estado anticipó que solicitará la extinción de la acción penal contra ella y que pedirán un resarcimiento.
“Estamos esperando de que esta sentencia sea puesta en conocimiento mediante la plataforma que tiene el TCP, es decir, que sea colgada al sistema y que sea notificada a las partes, y una vez que la obtengamos en físico, se pedirá la extinción de la acción penal que es lo que correspondiente ante la eliminación de estos hechos”, anunció el abogado Luis Guillén, en contacto con Compañera.
Añez cumplió recientemente un año en prisión, tras su detención en la madrugada del 13 de marzo de 2021, en Beni. Además del caso «golpe de Estado I», la exmandataria es sindicada por un segundo proceso, “desdoblado” del primero, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
