La investigación policial: escasea la formación científica y abunda el pedido de dinero

De acuerdo a la versión de una víctima que pidió la reserva de su nombre, ante la denuncia presentada contra un funcionario del Ministerio Público, lo primero que le advirtió el fiscal fue: “Yo soy de los fiscales que no va a citar a otro fiscal”.

IP

Fuente: ANF



La falta de un instituto de formación de investigadores en la policía y un presupuesto e insumos insuficientes para cada caso penal ha derivado en un mercantilismo judicial donde el policía investigador ignora los elementos básicos de la indagación y promueve el pedido de dinero a los denunciantes para que el proceso avance.

Si bien existen buenos investigadores en las divisiones policiales, la gran mayoría presenta deficiencias y carece de especialización y principios éticos, lo que genera “procesos deformados”, y los jueces y fiscales trabajan con esa información, según denuncian víctimas, abogados y expertos en el tema a ANF. Como contraparte, desde el organismo encargado de la investigación y prevención de delitos, la FELCC (Fuerza anticrimen), aseguran que no se pide dinero a los denunciantes y que la capacitación de sus funcionarios es constante.

Muchos son los ejemplos de la deficiente formación del talento humano policial como el ocurrido con Reynaldo Rodríguez, que fue sentenciado a 30 años de cárcel por feminicidio. La policía buscó al responsable de este crimen en Facebook mediante un identikit -ni siquiera una foto real- y determinó que Reynaldo es el culpable. Estuvo dos años preso.

Por lo general en las investigaciones no hay indicios, solo suposiciones, afirma Andrés Gautier, del Instituto contra la Tortura (ITEI), sin embargo, los investigadores junto al Fiscal lo plantean como indicios. Da como ejemplo que el caso Jhiery Fernández fue una construcción de suposiciones. “La filosofía es encontrar culpables, no importa si son inocentes”.

El abogado Jorge Quiroz reconoce que hay buenos investigadores en la policía, pero “la mayoría cree que su olfato de policía está por encima inclusive de la ciencia”, y esto se debe a que “la policía no tiene un instituto que prepare a investigadores”.

“A cualquier efectivo policial lo nombran como investigador para que vaya a trabajar con el Ministerio Público y este funcionario va aprendiendo en el camino, y eso se debe de superar”, reclama.

Quiroz dice que se corrobora su versión cuando se interroga a los investigadores que se presentan en calidad de testigos en los juicios orales.

La abogada Mireya Gutiérrez indica que hay investigadores con una preparación muy pobre que ni si quiera saben escribir ni hacer un informe y “a veces se parcializan muy evidentemente en algunos casos”. Tal es la falta de preparación en algunos investigadores policiales que es el abogado el que muchas veces debe orientarle sobre cómo hacer su trabajo. Dice que incluso hubo situaciones en que un abogado por avanzar el caso redactó el informe policial ante la incapacidad del investigador.

Quiroz remarca que la carencia formativa de los investigadores tiene como consecuencia que en algunos casos de robo y de violación, estos funcionarios tienden a atribuir los delitos a una sola persona a modo de descargo.

“Si una persona cae supuestamente por un robo, lo quieren ligar con todos los otros robos de esa época; si una persona cae en violación, igual también quieren ligarlo a todas las violaciones últimas que se han producido”, refiere.

Y algo común en la “hora de oro” de la investigación policial, momento donde se supone que se puede obtener la mayor información posible de la escena del crimen, se traduce en que el investigador aplica la tortura como método de investigación contra el sospechoso e impide el acceso a un abogado. “Hay la visión de la policía que la tortura es lo más eficaz”, dice Gautier.

El jefe de la División Escena del Crimen de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), Mayor Nevil Costano Suxo, asevera a ANF que en la Universidad Policial existe un curso de especialización de 6 meses en investigación criminal que los funcionarios pasan, y que al concluir esta etapa de formación son destinados a las diferentes unidades.

Acceso a la “justicia” solo si hay dinero

Sobre el pedido de dinero a los denunciantes, un hecho recurrente por parte de los investigadores policiales, Quiroz señala que la investigación policial no está encuadrada dentro del procedimiento como tal y por tanto no hay un presupuesto destinado para que se realicen estos gastos que se requieren.

“Si el Ministerio Público no le proporciona a los investigadores un vehículo para notificar y para las inspecciones técnicas oculares, éstos tiene que inventarse y lamentablemente a la víctima es a la que le piden dinero si quieren que su caso avance, entonces aquí se ve que el que va en busca de justicia resulta no más que tiene que pagar para que eso funcione”, sostiene Quiroz.

De acuerdo a la versión de una víctima que pidió la reserva de su nombre, ante la denuncia presentada contra un funcionario del Ministerio Público, lo primero que le advirtió el fiscal fue: “Yo soy de los fiscales que no va a citar a otro fiscal”.

Cuando inició el proceso la investigadora le pidió dinero para hacer las notificaciones. “Me paga para notificar o usted lo lleva”. El encargado de fotografía para la escena del crimen pidió taxi para ir al lugar, le ofrecieron minibús y se molestó. Luego pidió dinero para revelar las fotos. Cuando llegó el momento de la reconstrucción de los hechos, la investigadora pidió a la víctima que consiga un vehículo igual al de la escena del crimen.

“Ya cansado de tanta plata que pedía para cada cosa la investigadora y la Fiscalía, hice una cotización de alquiler del vehículo y lo presenté y eso generó una reacción del fiscal que dijo que ‘la justicia es gratuita, no estamos pidiendo plata’, sino que ‘el denunciante tiene que coadyuvar’”.

“Denunciamos a la investigadora y al fiscal, director funcional de la investigación, porque no avanzaba la investigación y al final todo se trancó”, cuenta la víctima.

Un abogado penalista que pidió la reserva de su nombre por seguridad, asevera que la gran mayoría de los investigadores policiales dirige su investigación de acuerdo a quien le da la plata. “Si la víctima afloja plata, le ayuda, le hace un mejor informe, le trata de favorecer, pero si la víctima no da plata la investigación va a lo que venga, y si la víctima reclama junto a su abogado, peor todavía, el investigador se venga perjudicando el proceso”, refiere.

Los abogados y víctimas señalan que deben dar dinero para pasajes en taxi, hojas, impresiones y hasta para hamburguesas. En otro caso para notificar a una persona en Cochabamba, en lugar de coordinar ese proceso con funcionarios policiales de esa ciudad, el investigador pidió un pasaje en avión y viáticos.

A esta situación se suma que la Fiscalía no brinda las condiciones necesarias para que los investigadores realicen sus funciones, por lo que deben tomar las declaraciones hasta en los pasillos del Ministerio Público por avanzar el caso. Desde la Fiscalía de La Paz solo dijeron que no tienen espacio ni para ellos y no respondieron al pedido de información.

El Mayor Costano dice al respecto que el investigador “no debe pedir dinero a las víctimas ni a las partes para pasajes o gasto alguno”, y que los funcionarios asignados al caso “tienen que realizar los actuados que corresponden porque esa es su función”.

Sobre el presupuesto indica que, si acaso existe alguno, “el Estado otorga un determinado monto para todas estas actividades, pero estos no son del todo suficientes.

“Pedir dinero marca la mentalidad existente de que no hay una identificación del investigador con su profesión de querer investigar, sino de querer ganar plata y no necesariamente investigar”, dice Gautier.

Agrega que “no hay ética ni un gusto investigativo y los jueces y fiscales no reclaman para tener investigadores fiables y adecuadamente pagados”.

En este escenario hay la posibilidad de que se mercantilice la justicia, dice la presidenta de la Asociación de Víctimas Judiciales, Isabel Avendaño. “Lo más triste para muchas familias es que sufren y se desintegran, se enferman, mueren en el camino y estas personas que están administrando justicia no ven el lado humano, solo el del mercantilismo judicial”.