Ministro Lima remarca necesidad de establecer consenso nacional para la reforma judicial

«El acuerdo nacional, que buscamos que se pueda dar este mes, debería lograr un consenso entre todas las fuerzas políticas y los actores sociales, sobre cómo vamos a elegir a los magistrados”, sostuvo Lima.

Fuente: ABI

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne recordó este lunes que existe la necesidad de establecer un gran acuerdo nacional para impulsar la reforma de la justicia, principalmente para la elección de magistrados; además remarcó que ya se desarrollan acciones enmarcadas en la transformación judicial.



“Tenemos problemas en todas las áreas de la justicia, esto no implica que dejemos de lado el tema de fondo, que es la independencia judicial contemplado en el informe del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán», dijo.

«El acuerdo nacional, que buscamos que se pueda dar este mes, debería lograr un consenso entre todas las fuerzas políticas y los actores sociales, sobre cómo vamos a elegir a los magistrados”, sostuvo Lima.

El titular de Justicia manifestó que mientras se hace una revisión a la administración de la justicia penal y laboral, para luego pasar a otras materias, paralelamente se continúa con el trabajo en otros aspectos de la reforma de la justicia y la organización de la cumbre judicial que tiene el objetivo de generar un espacio de acuerdos políticos y sociales a fin de dar legitimidad al proceso de transformación.

“Nada es incompatible podemos desarrollar las tareas simultáneamente, pero un gran acuerdo nacional parte del principio de que todos los actores políticos y sociales estén comprometidos con este cambio”, subrayó la autoridad.

El Ministro manifestó que debido a la urgencia por los hechos de prevaricato detectados en procesos por feminicidios y violaciones a mujeres, se apresuró el paso de la reforma en varios aspectos, entre ellos la conformación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en Bolivia que obtuvo importantes resultados a partir del trabajo de cooperación y cooperación entre los Órganos del Estado, y que será reproducida en material laboral.

Lima recordó que, a partir del trabajo de la Comisión, el Consejo de la Magistratura intervino los 18 juzgados de Ejecución Penal y destituyó a 11 jueces, siete de ellos procesados, tres detenidos preventivamente y otros que esperan sus audiencias cautelares. “Es un trabajo que ha sido encarado con toda la seriedad de la institucionalidad del Estado, cada Órgano del Estado está cumpliendo su rol”, acotó.

Indicó que el trabajo permitió identificar problemas estructurales que serán resueltos a partir de un proyecto normativo para evitar más retardación de justicia, casos de prevaricato y otros problemas, además de los mecanismos de coordinación con los subniveles de gobierno, “porque no es solamente el rol del juez de Ejecución Penal, es toda la estructura del Estado la que debe actuar para que los feminicidios no continúen en el país”.

Detalló que de los 113 casos de feminicidios ocurridos durante la gestión 2021, 45 cuentan con sentencias ejecutoriadas, 33 esperan el inicio de juicio público, oral y contradictorio, y el resto se encuentra en diversas fases del proceso judicial.

“Es decir que el Estado ya está respondiendo en 88 casos (de 2021), hubo etapa preparatoria, tenemos sentencias y lo ideal es que todos los casos cuenten este año con sentencias. No hay el 100% de autores en la cárcel, ya que ocho de ellos murieron, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo”, sostuvo.

En cuanto a las demandas plateadas por la Central Obrera Bolivia (COB) para revisar la justicia laboral a pedido de diversos sectores de los trabajadores, el Ministro Lima confirmó que se trabaja en otra mesa similar a la que revisó los casos de feminicidio para dar celeridad y transparencia a los procesos.

“Están preocupados porque sólo hay 46 jueces para resolver las controversias laborales de todos los trabajadores del país, además porque un proceso laboral en algunos casos demora más de cinco años, y tienen que esperar a que en Sucre se pronuncien (las autoridades judiciales) para cobrar sus beneficios sociales y deudas».

«Algo está mal en el sistema laboral, por eso se ha constituido una mesa y estamos trabajando con ellos para identificar los problemas en cuanto a justicia laboral”, concluyó.