Nicaragua: Más de 130 organizaciones civiles han sido canceladas por Ortega desde 2018

El Parlamento de Nicaragua les quitó la personería jurídica a 25 oenegés, algunas de ellas críticas del gobierno de Daniel Ortega. El Ministerio de Gobernación explica que estas “no reportaron sus estados financieros conforme a la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo». Se suman a las más de 100 que desde 2018 ya no pueden trabajar en ese país centroamericano por lo que defensores de Derechos Humanos hablan de persecución.

74 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron la ilegalización de 25 oenegés. Según el Ministerio de Gobernación, estas organizaciones «no reportaron sus estados financieros conforme a la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo».



Según el gobierno de Daniel Ortega, muchas de estas entidades son utilizadas para el financiamiento extranjero de planes para desestabilizar su presidencia, a la que fue relecto para un cuarto mandato consecutivo el año pasado.

Guillermo Rodríguez, Oficial para Nicaragua del programa para México y Centroamérica del CEJIL señala para RFI: «Esta decisión no puede comprenderse si no tomamos la clave de que los poderes del estado están capturados por los intereses responsables de las graves delaciones que ocurren en el país desde 2018 con la Asamblea controlada en más del 75% de los curules por el oficialismo y sus aliados. Esto ha sido clave para restringir el espacio cívico en Nicaragua. Ahora a través de las 25 organizaciones canceladas pero antes con la aprobación de la ley de agentes extranjeros, la ley de seguridad de soberanía nacional y que (…)  básicamente son instrumentos jurídicos que impiden la rendición de cuentas»

Entre las organizaciones cerradas está el Centro Humboldt, que denunció varios casos de contaminación ambiental y deforestación; la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), que aglutinaba a periodistas críticos del gobierno; y hasta la humanitaria Operación Sonrisa.

A más de 130 organizaciones civiles se les prohibió trabajar en ese país centroamericano desde 2018, cuando comenzaron protestas contra el gobierno. Hubo una represión que dejó casi 400 muertos, según grupos humanitarios.

«Es probable que si no se toman medidas el estado no revierta esta tendencia represiva y el ecosistema de sociedad civil en Nicaragua deje de existir y que solamente existan organizaciones satélites al estado, más allá de que esto implica violaciones al derecho de libertad de expresión, de manifestación, de asociación y defensa de derechos humanos…» dice Guillermo Rodríguez, Oficial para Nicaragua del programa para México y Centroamérica del CEJIL, a RFI 

Algunas de las organizaciones canceladas ya estaban inactivas, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), creada en 1997 para promover la libertad de prensa, y que cerró en febrero de 2021.

La FVBCH llevaba el nombre de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y era dirigida por la hija de la exmandataria, la opositora ex aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro. Ella actualmente está bajo arresto domiciliario y recientemente fue declarada culpable de lavado de activos durante su gestión en esa entidad.

Chamorro, una de los más de 40 opositores detenidos el año pasado antes de las elecciones de noviembre.

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En octubre de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado de Nicaragua a “[r]establecer la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y cesar la represión contra medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y personas consideradas como opositoras”. Algo que no ocurrió.

Con AFP

Radio Francia Internacional