El Tribunal Constitucional Plurinacional no actuó de la misma forma en los casos de los exlegisladores Delgado y Maldonado, que recurrieron hasta Naciones Unidas.
Juan Pérez Munguía
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) está en el ojo de la tormenta tras conocerse que dispuso indemnizar a Evo Morales a causa de su inhabilitación como candidato a senador en 2020. A esa institución le cuestionan que no haya actuado de la misma manera en los casos de los exlegisladores de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, que llegaron hasta Naciones Unidas.
El jueves se conoció que el TCP, mediante su sala cuarta especializada, ordenó a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resarcir a Morales porque le vulneraron sus derechos al no permitirle ser postulante a primer senador por Cochabamba en los comicios generales.
“La calificación del daño y consecuente indemnización económica a favor del ciudadano Juan Evo Morales Ayma, a ser analizada y dispuesta, respectivamente, por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, considerando como parámetro los gastos judiciales, así como el lucro cesante y daño emergente ocasionados por las autoridades demandadas, a consecuencia de la indebida e ilegal restricción de los derechos señalados en este fallo constitucional”, reza parte de la resolución.
El constitucionalista Williams Bascopé calificó esta decisión como “aberrante” porque muestra que para la justicia en Bolivia hay ciudadanos de “primera, segunda, tercera y hasta de quinta”. El jurista sostuvo que hay casos en los que el TCP “niega” el resarcimiento.
“Esto muestra que el poder político tiene mucha influencia en el Poder Judicial. Evo Morales fue inhabilitado porque no cumplía con los requisitos (…). Al Tribunal Constitucional no le corresponde emitir sentencia sobre resarcimientos económicos, han salido varias sentencias y otras que tengo en la que el TCP niega el resarcimiento económico a ciudadanos porque argumentan que eso no corresponde a la justicia constitucional”, enfatizó.
El exsenador Eduardo Maldonado recordó que en 2015, él y la exdiputada Rebeca Delgado fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ser candidatos a las alcaldías de Potosí y Cochabamba, respectivamente, porque supuestamente no cumplían con el requisito de residencia permanente al haber sido legisladores.
Morales también fue inhabilitado por no cumplir esa cláusula constitucional. Maldonado y Delgado estaban en Bolivia, y en sus regiones, cuando presentaron sus candidaturas. En cambio, el exjefe de Estado estaba asilado en Argentina después de renunciar el 10 de noviembre de 2019.
Los exparlamentarios interpusieron acciones legales y cuando sus casos llegaron al TCP, no lograron una sentencia a su favor. “En el grado de revisión los tribunales de garantías de La Paz y Cochabamba remitieron sus fallos al Tribunal Constitucional y esta instancia ratificó la denegatoria de justicia. Queda claro que había una intencionalidad y una mano azul”, dijo el exsenador Maldonado.
Delgado en su cuenta de Twitter escribió que la diferencia esencial con el caso de inhabilitación de Morales es que Maldonado y ella no fugaron del país “luego de cometer delitos”. “Nuestro caso fue producto del abuso de poder del MAS por miedo a nuestras victorias en urnas”.
El caso llegó hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en abril de 2018 concluyó que Bolivia violó los derechos políticos de ambos exlegisladores y dispuso “una compensación adecuada, que incluya los gastos de representación legal a nivel nacional e internacional”.
El abogado Víctor Hugo Chávez manifestó que el TCP con su fallo da por hecho que Morales hubiera sido electo como senador. También aseguró que en este caso el “derecho ya no es exigible”, porque no estaba habilitado como legislador.
“Siendo extemporáneo no merecía niguna tutela ni pronunciamiento ni reparación. El fallo dice que debe repararse económicamente a Evo Morales en la eventualidad que hubiera sido candidato, dando por hecho que hubiera sido senador por Cochabamba”, indicó.
El jurista Williams Bascopé también coincidió con este criterio. Agregó que “el TCP no puede tutelar derechos expectaticios, sino solamente derechos consolidados”.
No obstante, Chávez dijo que en el fondo Morales no consiguió que el TCP falle para que le sea entregado el curul, que seguramente era lo que buscaba al presentar el recurso.
ES EL AÑO
en que el Comité de DDHH
de las NNUU falló a favor de
Delgado y Maldonado.