por Tuffí Aré Vázquez, director de Asuntos Centrales
Fuente: https://asuntoscentrales.com
Solo creeremos que en Bolivia se respeta la Constitución Política del Estado y la democracia, si el MAS permite un acuerdo para elegir al Defensor del Pueblo y no a un “defensor” del MAS o del Gobierno.
Esta institución nació hace 24 años rodeada de una gran expectativa, ya que una de sus misiones principales es limitar el poder, ser un contrapeso para frenar los abusos de los circunstanciales gobernantes contra el pueblo y defender al ciudadano de los excesos y las fallas del Estado. La Defensoría del Pueblo se ha creado para sostener la democracia, no para perforarla.
Esta institución ha sido conducida hasta ahora por 8 personajes. Cuatro mujeres y cuatro varones. De todas y todos sobresale en el recuerdo el impecable desempeño de la periodista Ana María Romero, una notable boliviana que dignificó en su momento fundacional un cargo público tan relevante.
La también periodista Carmen Beatriz Ruiz es otra figura que tuvo un buen paso por esta institución, lo mismo que el abogado Waldo Albarracín, y el fallecido y recordado Rolando Villena, quien fue elegido por la mayoría del voto masista, pero entendió claramente que eso no significaba ser sumiso ni esclavo del gobierno de Evo Morales, lo que le provocó algunos problemas.
Desde entonces y con la experiencia de la rebeldía de Villena, el MAS entendió que era un riesgo para su proyecto de poder tener un Defensor del Pueblo con voz propia y con alma libre. Lamentablemente, la aplanadora política oficialista rifó la institucionalidad y la independencia de la Defensoría, convirtiéndola en una oficina sometida y prácticamente irrelevante.
Un largo interinato de la Defensora actual es la primera evidencia del desinterés de tener en Bolivia una Defensoría del Pueblo respetable y eficiente.
Afortunadamente, llega el tiempo establecido en la propia Constitución Política del Estado para renovar la conducción defensorial y recuperar su independencia. Esto implica un compromiso político con el verdadero interés patriótico y ponerse de acuerdo entre oficialistas, opositores y la sociedad civil para elegir a uno de los mejores bolivianos en ese cargo y no un militante servil a un partido o a sus padrinos políticos. Suenan ya algunos nombres en las horas recientes de precandidaturas posibles como los de la exdiputada masista Lidia Patty, el de la exsenadora también oficialista Susana Rivero, el de la actual defensora interina Nadia Cruz, y el cuestionado dirigente vecinal Jesús Vera, investigado por la quema de los buses Pumakatari. En este grupo hay un evidente y reciente pasado político muy afín o de cercanía al MAS.
También se han escuchado las posibles postulaciones de la activista feminista María Galindo, del dirigente del Conade Manuel Morales, y de la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos Amparo Carvajal. Estos dos últimos parecen tener menos chance al momento de pasar por el filtro de la aplanadora política del oficialismo, al haber sido en el último tiempo una piedra en el zapato del Gobierno. José María Cabrera es un joven abogado cruceño interesado en candidatear, con la evidente traba de su nombramiento como Procurador en la presidencia transitoria de Jeanine Añez, lo que generará casi sin dudar el veto masista.
Los recientes escándalos parlamentarios en el inicio de la discusión del reglamento para la elección del futuro Defensor son señales desalentadoras. Corresponde, consiguientemente, provocar el despertar de la sociedad civil para no dejarse imponer una vez una Defensoría militante y sumisa al MAS o a cualquier partido.
Esta elección es además una prueba de fuego para la democracia y retos grandes como, por ejemplo, la renovación de los magistrados jueces y fiscales. Si el MAS impone otra vez su Defensor quedará como siempre en la retórica demagógica la intención de un acuerdo nacional para tener una nueva justicia. Si no hay un acuerdo para elegir a uno de los mejores bolivianos en un cargo como el Defensor del Pueblo, menos posible será el consenso para sustituir más adelante a decenas de magistrados y centenares de operadores judiciales, acorralados ahora por el poder del oficialismo. El copamiento de todas las instituciones por un solo partido político es lo que nunca aceptaremos quienes creemos aún en que se puede salvar la institucionalidad y la democracia.