Ven que el Gobierno aplica sólo a opositores los mandatos del GIEI

Advierten que la justicia boliviana solo persigue a opositores al gobernante MAS.

 

  • El GIEI toma testimonios de las víctimas de los hechos de violencia suscitados en 2019 en El Alto. | APG
  • El GIEI presenta el informe al presidente Luis Arce. | ABI
  • Conflictos suscitados en Sacaba en 2019. | Daniel James
  • Conflictos suscitados en Senkata en 2019. | APG

 



Fuente: Los Tiempos
Gabriel Pimienta

A casi dos semanas de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) sobre los hechos de violencia de 2019 en Bolivia ante la OEA, expertos y oposición consideran que el Gobierno no cumple con las recomendaciones y que la justicia solo persigue a opositores al MAS.

El informe final del GIEI contiene 470 páginas y brinda más de 36 recomendaciones para el Gobierno sobre los hechos suscitados en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El documento final fue presentado el 17 de agosto de 2021 al presidente Luis Arce y el pasado 2 de marzo de 2022 ante la OEA.

El abogado Juan del Granado explicó que las recomendaciones del GIEI giran en torno a la necesidad de restablecer la independencia de la justicia en Bolivia, dejar de lado la persecución política judicial y no hacer abuso de la detención preventiva. Sin embargo, consideró que el Gobierno no atendió las recomendaciones brindadas hace siete meses.

“El GIEI establece con mucha claridad que las víctimas son de ambas partes, que por lo mismo merecen el mismo tratamiento. Ninguna de las recomendaciones ha sido atendidas ni cumplidas por el Gobierno”, agregó.

También del Granado indicó que la visita de expertos internacionales como el GIEI y el relator de la ONU, el pasado febrero, son para que el gobierno “disimule” comportamientos contrarios a la independencia judicial. “El Estado boliviano es el que queda desvalorizado frente a la comunidad internacional (…) nada de las recomendaciones de los expertos se está cumpliendo”.

A su turno, el constitucionalista Carlos Alberto Goitia señaló que hasta el momento el Gobierno no cumplió con las recomendaciones básicas del informe del grupo de expertos como el resarcimiento de las víctimas por los hechos en 2019, “no solo las de Senkata o Huayllani, sino a todas las víctimas de los hechos durante el régimen de Evo Morales y Jeanine Áñez”.

“Este es uno de los incumplimientos que demuestra el uso político que se está dando a este informe desde el Gobierno”, agregó.

Por su parte, la diputada Luisa Nayar (CC) dijo que el Gobierno pretende encerrar a los opositores para quedarse sin ningún tipo de fiscalización. “Exigimos que se puedan llevar adelante las sanciones para lo que han vejado los derechos humanos, no así que simplemente encarcelen a opositores”, añadió.

Al respecto, la consejera de la representación de Bolivia ante la OEA, Cecilia Urquieta, explicó que el Gobierno tiene un compromiso de efectuar con las recomendaciones del GIEI, pero son de cumplimiento de mediano y largo plazo.

“Hay 38 víctimas fatales que han muerto (…) el primer resarcimiento prioriza a los muertos en masacres. Más adelante se hará un censo para detectar que otras víctimas hay”, agregó.

Urquieta afirmó que se está creando un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI, “es una acción del Gobierno para no dejar suelto el informe y recomendaciones que se han emitido”.

“Todavía hay un trabajo investigativo que tiene que hacer el Ministerio Público y el Órgano Judicial”, dijo.

EL GIEI NO CONSIDERÓ SI HUBO GOLPE O FRAUDE

REDACCIÓN CENTRAL

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ratificó ante el Consejo Permanente de la OEA en su informe que hubo graves violaciones a los derechos humanos y muertes durante la crisis política de 2019 en Bolivia, pero que no dilucidó si hubo “golpe de Estado” o “fraude” electoral porque no fue parte de su mandato.

La experta del GIEI, Marlon Weichert, sostuvo que en el periodo de investigación, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, hubo ejecuciones sumarias por Fuerzas Armadas y la Policía, además de homicidios cometidos por particulares. Asimismo, refirió que se fracasó en prevenir actos de violencia por grupos civiles, tanto afines y como opositores al partido gobernante.

“La explosión de violencia no fue inesperada; ella fue precedida por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por posiciones políticas que pusieron en tensión las redes de funcionamiento de la democracia”, señaló.