Al menos 100 concejales y asambleístas se reunirán este miércoles en una cumbre nacional que busca identificar aspectos de la problemática del acoso y violencia política con miras a plantear ajustes a la normativa en esta materia y reclamar atención de las autoridades. En 2021 fueron registradas unas 30 denuncias, pero se quedaron sin solución en la Fiscalía.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia informó que la cumbre se desarrollará en La Paz con participación de autoridades electorales y representaciones del Ejecutivo y de la Fiscalía, “que es el cuello de botella donde –denunció- no se pueden resolver estos casos” de acoso y violencia política.

“En 2021 hubo alrededor de 30 denuncias que se quedaron en la Fiscalía y no han sido resueltos y entre febrero y marzo ya se han visibilizado alrededor de cinco. Esa es la preocupación que tenemos como Tribunal Supremo Electoral, por lo cual estamos llevando esta cumbre. Mujeres concejalas y asambleístas van a exponer la problemática ante autoridades nacionales”, explicó en el canal estatal.

La ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres 243 fue aprobada en el gobierno del expresidente Evo Morales, en 2012. La norma fue redactada y aprobada en respuesta al asesinato de la exconcejala de Ancoraimes Juana Quispe, que hasta el momento no encuentra justicia pese al tiempo transcurrido.

“Estamos viendo esos temas (ajuste a la norma), por supuesto que lo vamos a tratar la ley 243. Va a tener 10 años de vigencia, en los últimos 6 años se ha reglamentado pero siempre hay falencias que podamos visibilizar y corregir, esa corrección, por supuesto, irá a la Asamblea Legislativa y vamos a hacer el seguimiento y acompañamiento correspondiente”, sostuvo.

Las concejalas y asambleístas departamentales fueron electas en las justas subnacionales de 2021. La Ley 026 del Régimen Electoral (2010) en su artículo 11 ratifica los principios de igualdad y equivalencia y establece que las listas de candidatas y candidatos titulares y suplentes a nivel nacional y subnacional deben respetar la paridad y alternancia.