Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija
El concejal municipal por Tarija, Daniel López Pantoja, informó que el Gobierno Municipal y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán), realizaron un relevamiento de quebradas, torrenteras y cursos de agua a objeto de generar un reglamento para su administración, un trabajo que desnudó serias irregularidades en este ámbito.
Fuente: elPeriódico
El legislador manifestó que si bien desde hace años atrás se tiene conocimiento de este ilícito, los asentamientos humanos y los denominados “loteadores” están aprovechándose de los afluentes de agua en el municipio tarijeño, desviando su cauce para su propio beneficio.
“Aproximadamente 6 de cada 10 quebradas y torrenteras tiene alguna deficiencia en torno a que en parte o totalmente fue avasallada o cerrada, rellenada y loteada, es decir, hay personas en nuestra ciudad que están lucrando, beneficiándose con espacios públicos que tienen un objetivo natural, la descarga de aguas”, argumentó.
En ese orden, adelantó que la siguiente semana se conocerá este informe y, a partir de ello, el Concejo Municipal convocará a una sesión pública junto a las instituciones, para desarrollar una norma complementaria a las leyes nacionales que ya establecen la tuición sobre los flujos de agua y que el Gobierno Municipal pueda sancionar a los infractores y recuperar estos espacios.
“Según las fotografías, hablamos del distrito 13, quebrada Sosa, Verdún, El Monte, son quebradas grandes pero también torrenteras”, agregó López.
ElAPUNTE
Un problema creciente, loteadores hacen de las suyas
En pasados días, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y comunarios de la Sub Central de Tolomosa, hicieron público su descontento con la proliferación de asentamientos humanos en la provincia Cercado, principalmente porque los loteadores están “adueñándose” de los afluentes de agua.
El alcalde municipal, Johnny Torres, dejó en claro que se está trabajando de manera continua para frenar y sancionar a los responsables de movimientos ilegales de tierra, pero el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) está facilitando las condiciones para que se generen estas irregularidades.