La disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala que ahora está en su fase oral
Fuente: paginasiete.bo
Andrés Guzmán Escobari*
La disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala que ahora está en su fase oral, es la última muestra del antagonismo que existe entre Bolivia y Chile respecto a su historia común y a la visión de futuro que predomina en cada uno de los dos países. Un antagonismo que se ha construido en base a unas narrativas contradictorias de la historia que, a su vez, han contribuido a formar unas identidades nacionales, también contradictorias, que no permiten entendimientos, y que, muy por el contrario, se han expresado desde hace muchos años en un discurso de victimización por un lado y en un aire de superioridad por el otro.
Este artículo intenta aportar al debate de las narrativas y las identidades chileno – bolivianas presentando un análisis crítico sobre las distintas reacciones que el juicio por el Silala está generando en ambos lados de la frontera, todo ello en base a los argumentos presentados por las partes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tanto de manera escrita como verbal.
Las reacciones en Bolivia
Ante la situación actual, marcada por el antagonismo boliviano-chileno y la subsistencia del tema marítimo como el principal factor de discordia, la disputa por el Silala está demostrando, una vez más, que hay una excesiva sensibilidad en Bolivia respecto a cualquier conflicto que involucre a Chile y a la soberanía boliviana. Sensibilidad que, si bien se justifica en buena medida por la historia de invasiones, anexiones y desviaciones de aguas compartidas, resulta excesiva porque llega a encender el victimismo y la irracionalidad en algunos de los segmentos más nacionalistas y patrioteros de la sociedad boliviana, que, en lugar de contribuir a la política que Bolivia debería adoptar respecto a Chile y al tema marítimo, la perjudican.
Me refiero a todas esas opiniones que insisten en negar la naturaleza de las aguas, la ley de la gravedad y la lógica más elemental. El Silala no es un sistema hídrico cerrado como nos hicieron creer o como algunos quieren creer; aunque no nos guste, el Silala es un riachuelo internacional que ha sido canalizado, trasvasado y entubado por una empresa británica de ferrocarriles establecida en Chile a finales del siglo XIX, que necesitaba esas aguas, según alegó su propio representante ante la Prefectura de Potosí en 1908, para sus locomotoras a vapor que debían cubrir la ruta Antofagasta – Oruro.
En ese momento, nadie habló de los huevos de moscas verdes, que hoy son la base fundamental de los alegatos de Chile ante la CIJ para justificar los canales artificiales construidos en territorio boliviano, según esa misma versión, recién a partir de 1928. Contrariamente, en 1908, al momento de solicitar la concesión, el representante de dicha empresa manifestó textualmente “que la obra proyectada hará utilizables aguas que hoy se pierden sin beneficio para nadie…”.
Pero volviendo a las reacciones en Bolivia, parece existir un convencimiento general de que todo esto no es más que una nueva afrenta de Chile a la soberanía boliviana, esta vez disfrazada de un nuevo fallo supuestamente obligatorio de la CIJ. Esa Corte que, según la percepción predominante, sólo busca mantener el statu quo que favorece a los más poderosos. En este caso, un statu quo que permite a Chile beneficiarse económicamente del enclaustramiento geográfico boliviano y de la totalidad de las aguas que cruzan o definen la frontera binacional, que comprende alrededor de 20 cuencas diferentes, la mayoría endorreicas, a lo largo de 861 kilómetros.
Por esos motivos y por el mal sabor de boca que nos ha dejado el fallo sobre la “Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico”, muy pocos bolivianos confían en un resultado favorable en este segundo proceso. Puesto que, además, a diferencia del primer caso, el Gobierno nacional no ha intentado sacarle provecho político-electoral y por tanto, tampoco ha generado falsas expectativas. Pero si bien eso es positivo, lo malo es que, por esos mismos motivos, los gobiernos bolivianos que estuvieron a cargo entre el 2016, cuando comenzó el juicio, hasta el presente que estamos en la fase oral, han mantenido la controversia en absoluta reserva, dando lugar a la incertidumbre y a esas reacciones irracionales y victimistas, que además de generar más confusión, tienden a expandir el miedo y la desconfianza.
Entre los más nacionalistas y patrioteros está la que protesta por el manejo irresponsable e improvisado del caso, porque se habría designado a un chileno como vocero de nuestra contrademanda y porque además, no se habrían considerado ciertos estudios y opiniones locales; también está el que se queja del planteamiento jurídico y del uso político que hicieron las autoridades nacionales poco antes del juicio; están los que quieren enjuiciar a los responsables por el delito de “traición a la patria”; e igualmente están los que incluso amenazan con no aceptar y no acatar un fallo desfavorable.
Al respecto, aunque quizás es cierto que el caso nunca debió haberse aceptado porque se trata de una disputa entre dos empresas chilenas (FCAB y Codelco) y el Estado boliviano, y no así de una disputa entre dos Estados, como lo ha planteado Chile; eso debieron haberlo dicho hace seis años, cuando se inició todo este procedimiento, y no recién ahora cuando ya está en su recta final.
Además, si bien resulta difícil identificar un beneficio concreto para Bolivia o para Chile, más allá de la resolución misma del conflicto y de las posibles compensaciones que se podrían establecer en favor de nuestro país, sabemos muy bien que antes del juicio, cualquier intento boliviano por desmantelar los canales artificiales habría provocado la más contraria y enérgica respuesta de Chile. Pero hoy, gracias al juicio y a la necesidad que tiene la defensa chilena de no dar razones a la Corte para que reconozca el derecho de Bolivia a decidir qué se hace con los canales, Chile ha tenido que aceptar el referido desmantelamiento, aduciendo que no disputa ese derecho boliviano. Lo que ha permitido que Bolivia tenga por primera vez la posibilidad real de revitalizar los bofedales del Silala, sin exponerse a una nueva agresión chilena.
Entonces, además de las posibles compensaciones que la Corte deberá definir si corresponden o no, es ya casi un hecho que Bolivia podrá desmantelar los canales artificiales debido a que, de acuerdo a la defensa chilena, Chile no se opone al referido desmantelamiento porque toda el agua que no ingrese a su territorio mediante el flujo superficial, ingresará de todas formas mediante el flujo subterráneo. Si eso es cierto, los usuarios de las aguas (Luksic y Codelco) se verían obligados a realizar perforaciones y a introducir sistemas de bombeo en el lado chileno del Silala si quieren seguir recibiendo esas aguas en la misma cantidad y calidad que en la actualidad, considerando además que los expertos coinciden en que el desmantelamiento afectará no sólo a la cantidad, sino también a la calidad del líquido elemento.
Por esos motivos y porque la resolución de esta controversia generará una suerte de jurisprudencia para resolver los otros conflictos sobre recursos hídricos pendientes entre Bolivia y Chile, como los ríos Lauca y Caquena, por mencionar los más importantes, es que los bolivianos debemos unirnos y apoyar lo que nuestros representantes están defendiendo en La Haya, que puede que no sea lo que todos quisiéramos (yo mismo creo que se debió haber objetado el uso no razonable de las aguas en Chile), pero ya estamos en esto hace seis años y no nos queda más que tratar de defender nuestros intereses y soberanía con los argumentos jurídicos y científicos que tenemos.
Las reacciones en Chile
Otra cosa totalmente diferente ocurre en Chile, donde reina el triunfalismo y el menosprecio a lo que pueda hacer Bolivia. De hecho, la percepción dominante en los artículos de opinión y en las entrevistas a los expertos, es que Chile ya ha ganado el juicio porque tiene fundamentos sólidos e incontestables y porque Bolivia ha reconocido que el Silala es un río.
En ese sentido, es interesante observar que los mismos analistas, historiadores y exautoridades de Chile que durante el primer juicio sobre la obligación de negociar decían que la CIJ no puede resolver la demanda presentada por Bolivia, primero porque no tiene la competencia y segundo porque no puede predeterminar el resultado de una posible negociación, hoy, esos mismos personajes son los que aseguran que la CIJ ha resuelto y zanjado la demanda boliviana definitivamente con su fallo de 2018.
Pero más allá de la paradoja, el apoyo mayoritario que existe en Chile a la solución jurídica y a la judicialización de las relaciones con Bolivia demuestra que aún subsiste esa identidad legalista chilensis (Van Der Ree, 2010), que ha propiciado un debate interno muy diferente al de Bolivia, porque se ha desarrollado sin ninguna irracionalidad y en términos estrictamente jurídicos. Tanto es así, que varios analistas chilenos han invocado el concepto jurídico de “allanamiento”, para establecer que estaríamos ante una terminación anormal del proceso, porque Bolivia ha reconocido la parte principal de las pretensiones chilenas y eso estaría zanjando la controversia en favor de Chile.
Sin embargo, esa postura no considera que ese “allanamiento”; si es que lo hay, es parcial, porque hay otros elementos en juego, y que en realidad es de doble sentido, porque, así como Bolivia ha reconocido que el Silala es un río, Chile no discute que Bolivia tenga soberanía absoluta sobre los canales artificiales y los sistemas de drenaje construidos en su territorio, que incluye el derecho a decidir qué hacer con ellos. Lo que nos lleva a concluir que también hay un allanamiento de Chile en la primera y principal contrademanda boliviana.
En efecto, la defensa del país vecino aclaró que la principal y primera contrademanda boliviana “no es discutida por Chile”, “por lo que no existe ninguna disputa al respecto y, por tanto, la Corte no es competente para tratar ese punto”. Es decir, que la Corte tiene dos opciones, o se declara incompetente en ese punto como espera Chile o reconoce la soberanía boliviana sobre los canales artificiales como espera Bolivia. En ambos casos, los derechos y la soberanía de nuestro país dentro de su jurisdicción estarán resguardados, lo que si bien parece obvio, era muy importante aclarar dadas las pretensiones chilenas por quedarse con el 100% de las aguas.
El actual triunfalismo chileno sin embargo, es algo que no se había visto en los anteriores procesos, cuando Chile era el Estado demandado, primero por Perú y después por Bolivia. En esas dos ocasiones, según las encuestas, la mayoría de los chilenos apostaba por una victoria ajustada de su país o un fallo salomónico. Pero ahora hay un optimismo absoluto, una confianza total en un triunfo aplastante y demoledor que podría resultar sobredimensionado si consideramos el antedicho allanamiento de doble sentido y la debilidad de al menos dos de las cinco peticiones de la demanda chilena: los incisos (d) y (e).
Ciertamente, sobre esos dos incisos, referidos a las obligaciones que supuestamente habría incumplido Bolivia por no prevenir la contaminación de las aguas y no informar a Chile de los proyectos que podrían tener un efecto adverso sobre las aguas; la defensa boliviana ha demostrado que, en realidad, no hay controversia, porque Bolivia nunca ejecutó los proyectos en cuestión y por tanto, nunca hubo contaminación ni efecto adverso alguno que pueda configurar un incumplimiento. Y no es un incumplimiento además, porque según el derecho internacional consuetudinario, para que haya un incumplimiento debe existir un daño significativo en el curso de agua, daño que obviamente Chile no ha podido demostrar.
Por otra parte, de todo lo que se ha publicado y compartido hasta el momento en los principales medios de comunicación chilenos y en las redes sociales, personalmente no he podido encontrar ni una sola opinión que contradiga o que al menos matice la narrativa triunfalista oficial. Una narrativa que, en términos de metacomunicación, se ha presentado con ese característico aire de superioridad chileno que, en este caso particular, se confunde con la legítima alegación jurídica, que igualmente se ha construido con soberbia y menosprecio.
Ciertamente, a diferencia del alegato boliviano que se ha presentado en términos muy técnicos, sin ningún tipo de adjetivos y con la clara intención de mostrar mucha coincidencia con la postura de Chile, la defensa chilena, mucho más impetuosa, ha calificado los argumentos bolivianos de “absurdos”, “peligrosos” y “sin sustento”, y ha lanzado frases como: “Chile es libre de usar las aguas del Silala como le plazca sin pago o acuerdo adicional alguno”. Además, Chile ha desafiado a Bolivia a desmantelar los canales artificiales, en una apuesta ciertamente temeraria si consideramos el riesgo comentado para los intereses de Luksic y Codelco.
Asimismo, las entrevistas que dieron recientemente la Agente de Chile, Ximena Fuentes, y el excanciller Heraldo Muñoz, asegurando que la controversia por el Silala tiene un origen político, relacionado al tema marítimo y justificado a nivel interno con el interés que tienen los bolivianos por mantener las quejas y la presión sobre Chile, deben ser analizadas y discutidas no sólo a la luz de su plausibilidad y significancia ante el derecho internacional, que proscribe la intromisión en los asuntos internos de otros Estados, sino también desde el punto de vista histórico y diplomático, porque como ya ha ocurrido muchas otras veces en el pasado, es Chile y no Bolivia, el que trae a colación el tema del mar e intenta relacionarlo con otro tema pendiente.
En esta ocasión eso ha ocurrido claramente, porque las autoridades bolivianas no han dicho nada o casi nada sobre el juicio por el Silala, y menos aún han tocado el tema marítimo, sobre el cual, en todo caso, hay mucha suspicacia en Bolivia a partir del fallo desfavorable del 2018, que ha restringido el margen de acción del actual Gobierno. En esas circunstancias, la alusión de las autoridades de Chile a una supuesta relación entre el tema en litigio y el tema marítimo, muestra una contradicción en el discurso chileno que por un lado rechaza con vehemencia cualquier posibilidad de negociar el tema del mar, y por el otro mantiene un posicionamiento que contribuye a conservar vivo ese mismo tema.
Conclusiones
La disputa por el Silala es un claro ejemplo de cómo dos países vecinos, con todo el avance de la ciencia y la tecnología de nuestros tiempos, no son capaces de resolver entre ellos un problema relativamente sencillo y menor, y tienen que apelar a una instancia internacional, donde además dejan en evidencia, ante todo el mundo, esa incapacidad de entendimiento y la insignificante cuestión que los mantiene enfrentados. Porque para los jueces de la CIJ, debe resultar muy llamativo que un país como Chile recurra a su jurisdicción para reclamar por el uso de tan sólo 170 litros por segundo, que resulta poco en comparación a los volúmenes de otros casos y que no pareciera ameritar el costo de llegar a esa instancia.
Pero también debe resultar muy llamativo que Bolivia acepte ingresar al proceso, cuando el demandante no es la contraparte en la controversia, y manifieste además muchas coincidencias con el demandante que allanan y acotan la disputa que ya era sencilla en lo jurídico, a una disputa aún más sencilla, que prácticamente sólo presenta complejidades en la parte técnica.
Pero lo que más debe sorprender es que a pesar de que se trata de un problema que ambos países vienen arrastrando desde hace más de veinte años, nadie nunca hizo los estudios necesarios para conocer las verdaderas cantidades de agua en los acuíferos y en la superficie, con y sin canales. Porque ahora resulta que los expertos chilenos, que decían tener todos los estudios y la documentación necesarios, ni siquiera conocen la parte boliviana del Silala, donde están los canales artificiales, los mecanismos de drenaje, los tubos de la FACB, los bofedales y los famosos manantiales del Silala.
En efecto, según reconocieron los expertos chilenos en las audiencias orales, la última vez que un colega suyo ingresó a la parte boliviana del Silala fue en los años noventa del siglo pasado, un señor de apellido Muñoz.
Ni qué decir de Bolivia, que recién en el curso de este juicio se convenció de que las aguas del Silala fluían naturalmente hacia Chile antes de la canalización.
Ahora bien, tal vez todo esto valga la pena si la Corte ayuda a devolver su naturalidad al Silala, que se ha perdido en todos estos años de canalización. Aunque eso parece imposible, pues tal como hemos explicado, el desmantelamiento de la artificialidad en Bolivia, con el retiro de los canales y los sistemas de drenaje, podría trascender en el aumento de la artificialidad en Chile, con las perforaciones y excavaciones que se tendrían que realizar para extraer el agua que ya no llegaría superficialmente.
Por estos motivos, cualquiera sea el fallo de la CIJ, el Silala mantendrá su estatus de riachuelo internacional artificialmente aprovechado en Chile, pero ojalá que al menos esta vez la Corte contribuya a la solución del conflicto y a la superación del antagonismo boliviano-chileno estableciendo los porcentajes que le corresponden a cada cual, con miras a lograr acuerdos sobre el manejo de las aguas y las posibles compensaciones de los usuarios chilenos al Departamento de Potosí. Para definir esos porcentajes la Corte debe considerar lo que en resumidas cuentas dijo uno de los expertos del DHI en las audiencias orales, que el flujo artificial corresponde a un punto entre 11 y 33% del caudal que traspasa la frontera, dependiendo de qué tanto se revitalicen los bofedales.
* Andres Guzmán Escobari es analista en temas de política exterior.
En Chile reina el triunfalismo y el menosprecio a lo que pueda hacer Bolivia. De hecho, la percepción dominante es que Chile ya ha ganado el juicio porque tiene fundamentos sólidos e incontestables y porque Bolivia ha reconocido que el Silala es un río
Los bolivianos debemos unirnos y apoyar lo que nuestros representantes están defendiendo en La Haya, que puede que no sea lo que todos quisiéramos, pero no nos queda más que tratar de defender nuestros intereses
Fuente: paginasiete.bo