El comunicador Luis Muñoz fue amenazado de muerte mientras se encontraba en celdas. La familia pide garantías para él y todos sus parientes que salieron a los medios a denunciar vulneración de derechos.
Fuente: paginasiete.bo
Leny Chuquimia / La Paz
Los familiares y el abogado del periodista Luis A. Muñoz C., aprehendido por un meme, advierten tráfico de influencias, nombramientos ilegales y abuso de poder detrás del proceso penal iniciado en contra del comunicador. Piden garantías por las amenazas que Muñoz recibió en las celdas.
“Esta imputación se hizo en tiempo récord, es muestra de un tráfico de influencias alarmante. En la audiencia de apelación de medidas cautelares ya solicité, y debe estar transcrito en la resolución, que se remitan -al Ministerio Público- los antecedentes por el nombramiento ilegal de la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente”, manifestó a Página Siete el abogado defensor del comunicador Muñoz, Marcelo Valdez.
Ésta no es la primera denuncia en contra Lafuente. Ya en 2021, más de una decena de legisladores y organizaciones sociales cuestionaron su designación.
Página Siete trató de obtener la versión de la autoridad pero no obtuvo respuesta. Hasta el momento ni la AJAM ni el Ministerio de Minería se pronunciaron, de manera oficial, al respecto.
Meme, influencias y poder
Hace unos meses, el comunicador Luis Muñoz, experiodista del canal estatal Bolivia Tv y actual reportero del Grupo EXA, empezó a trabajar como encargado de redes sociales de la AJAM.
Fue en esa función de servidor público que, por orden de Lafuente, realizó un meme -con el rótulo de falso- para limpiar la imagen de la autoridad.
Sin embargo, según la versión de los familiares y el abogado de Muñoz, el resultado del encargo no fue del agrado de Lafuente.
Al ver el producto, la autoridad procedió al secuestro del teléfono móvil de Muñoz y ordenó al policía de la institución que proceda a la detención del funcionario, en acción directa, y lo amenazó con “mover todas sus influencias” para enviarlo al penal de San Pedro, de la ciudad de La Paz.
En menos de 24 horas el comunicador fue imputado por violencia política contra la mujer y se dispuso su detención preventiva de cuatro meses en ese penal.
“El año pasado hizo meter preso al hijo de uno de nuestros diputados que era un técnico de tercer nivel. Hace poco metió preso a su comunicador por un meme (…). ¿Qué poder tiene (Lafuente)?, ¿quién le ha puesto en el cargo?, ¿quién la apadrina?”, cuestionó la senadora Andrea Barrientos, de CC.
Para el abogado Valdez, en este caso hay un “evidente tráfico de influencias” que debe ser investigado. Afirmó que esto quedó claro en la audiencia de apelación a la detención preventiva a la que Lafuente -en su calidad de víctima- no asistió y en la que la Fiscalía retrocedió en su posición de aumentar el tiempo de detención a seis meses.
“En este caso, graciosamente, rápidamente se da la aprehensión. Hay una desigualdad grande de la justicia (…). El tráfico de influencias quedó plenamente demostrado, puesto que la abogada ocupa un cargo que exige seis años de experiencia en el área minera, requisito que no cumple. Ya en ese punto hay un trafico de influencias que envalentona a la autoridad y por el que se considera intocable y que puede hacer lo que quiera”, dijo el jurista.
En 2021 ocurrió un caso similar. En esa ocasión el funcionario era un abogado que ocupaba un cargo técnico sin facultad para decidir, aprobar o firmar resoluciones. Dicho empleado es hijo del diputado Guillermo Benavides, de CC.
El 17 de marzo de 2021, el legislador observó la designación de Lafuente y un informe escrito al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio. Semanas después, en lo que Benavides cataloga como venganza, su hijo fue detenido en la calle, sin una orden de aprehensión ni una imputación formal. Ambas acciones se formalizaron horas después de que el afectado se encontrara en celdas. En menos de 48 horas recibió la detención preventiva en el penal de San Pedro.
Cabe aclarar que el trabajador es investigado dentro de un caso de corrupción, por el desarchivo, en 2020, del contrato minero San Miguel de Huachi en un área forestal. Por ese caso hay tres investigados, pero sólo el hijo de Benavides fue detenido.
“Hay maltrato. En comunicación y otras áreas se cambia mucho al personal. Si investigan encontrarán lo que pasa”, indicó una fuente en la AJAM.
Denuncias por la designación
“En audiencia de apelación de medidas cautelares solicitamos que se remitan los antecedentes de la designación de Lafunete al Ministerio Público. Ellos por oficio deben derivar el tema y abrir un proceso penal por nombramiento ilegal”, sostuvo Valdez.
Apuntó que para asumir el cargo la autoridad pasó por alto el requisito de experiencia en materia minera.
Según la información que se publicó en el portal de la AJAM, Lafuente, de 29 años, se tituló de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba. Obtuvo un doctorado en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad Mayor de San Andrés y es magíster en Ciencias Penales. Adicionalmente, cursó un diplomado en Educación Superior en la Universidad Privada del Valle.
Además, fue asesora legal de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba y del Ministerio de Justicia. Fue abogada patrocinante del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. Ninguna de las referencias están relacionadas con la minería.
Pero ésta no es la primera vez que se observa su inexperiencia. Además de la Petición de Informe Escrito de Benavides, en 2021, más de una decena de diputados opositores presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público, por la designación de Lafuente, en contra del titular de Minería. No sólo observaron la falta de experiencia en materia minera de la autoridad, sino también la antigüedad de su título de la carrera de abogacía.
“Más de 10 diputados enviamos una denuncia penal por este nombramiento, pero fue desestimada. La Fiscalía, en este caso concreto, como siempre que protege a la gente del Ejecutivo, asumió una decisión con base en un argumento que ni siquiera corresponde a la defensa del hecho”, sostuvo el diputado Marcelo Pedrazas, de CC.
Acompañaron la denuncia con el Registro Público de Abogados de Lafuente, que data del 2 de septiembre de 2016. Lo que implica que al momento de su designación, en enero de 2021, tenía cuatro años y cuatro meses de ejercer la abogacía, y no seis años como establece la norma.
Empero, la Fiscalía emitió una resolución de desestimación. Según el documento, los denunciantes no consideraron que la Ley 387, que pone en vigencia el Registro Público de Abogados, data del 9 de julio de 2013.
“Afirmar que profesionales abogados, cuya fecha de emisión de sus títulos en Provisión Nacional son anteriores a la fecha de la promulgación de la Ley 387, tienen antigüedad en el ejercicio de la profesión únicamente posterior a la vigencia de dicha norma, resultaría atentatorio a un derecho humano ampliamente tutelado”, dice el documento al que accedió este medio de comunicación.
Aunque en la resolución se indicó que la única prueba objetiva es el título de provisión nacional, no se demostró que el documento sea previo a 2013.
“Hubo una parcialización de la Fiscalía y una argumentación como si fueran abogados del ministro”, agregó Pedrazas.
En varias entrevistas que Lafuente dio durante su participación en el certamen de Miss Cochabamba, entre abril y mayo de 2013, la candidata a reina de belleza declaró que cursaba el tercer año de Derecho. Página Siete corroboró este dato. Implica que debió terminar la carrera después de la emisión de la Ley 387.
Es decir que el argumento de la Fiscalía, de una titulación anterior a 2013, no es posible.
Detención domiciliaria
El caso de Muñoz se conoció por casualidad, cuando ya se había dispuesto su detención preventiva en San Pedro.
“No fue trasladado porque en las mismas celdas de la Felcv, fue amenazado dos veces. Le dijeron que todo estaba listo, que ‘en cuanto entre a San Pedro lo iban a enfriar’. Por eso queremos garantías para él y toda la familia”, relató la hermana del comunicador, Wilma Muñoz.
Pese a que en la audiencia de apelación del martes pasado se determinó una detención domiciliaria, Muñoz no dejó las celdas de la Felcv hasta el viernes.
“No estoy en libertad, aún estoy con detención domiciliaria. Soy inocente, debe haber una investigación para que toda la verdad salga a la luz”, manifestó Muñoz luego de dejar el penal.
Observatorio Unitas: 50 vulneraciones a la prensa y 13 a la libertad de expresión
Datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas advierten que entre el 1 de enero y el 6 de abril de 2022, en el país se registraron 50 casos de vulneración a la Libertad de Prensa y 13 de vulneración a libre expresión.
Según la base de datos, por meses, los casos de vulneración a la libertad de prensa fueron: 19 en enero, ocho en febrero y 23 en marzo. Este último, el periodo con mayor cantidad de hechos.
Asimismo, durante este primer trimestre hubo 41 periodistas y trabajadores de la prensa agredidos.
En cuanto a la vulneración a la libertad de expresión, los casos se produjeron de la siguiente forma: tres en enero, dos en febrero y ocho durante el mes pasado.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció que la decisión judicial de enviar al periodista Luis Muñoz al penal de San Pedro, por la realización de un meme, es “nuevo atentado contra la libertad de expresión”.
En un comunicado, la ANPB dijo que la autoridad judicial “ignora la plena vigencia de la Ley de Imprenta y de la propia Constitución Política del Estado que establece la libertad de expresión, de opinión y de información a todos los bolivianos y bolivianas y específicamente, a los trabajadores y trabajadoras de la prensa”.
En 2021 el observatorio de Unitas registró 73 vulneraciones a la libertad de prensa, y la agresión a periodistas es la más recurrente por parte de autoridades de diferentes niveles de gobierno, organizaciones sociales, personas particulares y otros.
También contabilizó como otras vulneraciones el impedimento al acceso de la información (nueve casos), censura (siete casos), estigmatización de periodistas (siete casos), amenaza a periodistas (siete casos), criminalización de periodistas (seis casos), ataque a un medio de comunicación (un caso), asignación discriminatoria de publicidad oficial (un caso) y violación a la reserva de fuentes de información (un caso).
Fuente: paginasiete.bo