El martes concluyó el juicio en el que se demostró que este ciudadano, entre 2017 y 2020, agredió a la menor, pasando de toques impúdicos a reiteradas violaciones, en complicidad con la madre. Este hecho ocurrió en el departamento de Tarija.
Fuente: El País
Violeta Castillo
Tras más de un mes de juicio y un año de peregrinación pidiendo justicia por parte de familiares y activistas en Bermejo, el militar Alexander Remberto Huayllani Mamani fue sentenciado a la pena máxima de 30 años al haber sido encontrado culpable del delito de violación agravada contra su hijastra menor de edad, en complicidad con su concubina y madre de la víctima, Claudia Lorena Farfán Alfaro, quien fue sentenciada a 15 años.
Este juicio se instaló en el Tribunal Primero de Sentencia de ese municipio, el pasado 9 de marzo y concluyó pasadas las 19.00 horas del martes 19 de abril.
La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez Salazar, informó que las autoridades del Tribunal determinaron que ambos ciudadanos cumplan su condena en el penal de Morros Blancos de la capital tarijeña, una vez que la sentencia esté ejecutoriada.
“El Ministerio Público conformó un equipo de fiscales para darle prioridad a este caso de relevancia social. Personalmente estuve haciendo el seguimiento al proceso y participé de las audiencias antes y durante el juicio, donde se presentaron todos los elementos de prueba que demostraron la culpabilidad de los dos acusados”, expresó.
Antecedentes
Con la recolección de todos los elementos de prueba, se logró comprobar que Alexander Remberto Huayllani es culpable de las agresiones sexuales contra su hijastra, mismas que, entre el 2017 y 2020, pasaron de toques impúdicos a violación. Todo esto ocurrió con el aval de la madre de la menor y pareja del militar, Claudia Farfán, quien obligó a su hija a tomar pastillas anticonceptivas y ver material pornográfico.
Por su parte, el abogado a cargo de la defensa de la víctima, Víctor Aricoma, informó que las pericias fueron contundentes. Indicó que en la etapa de presentación de prueba de cargo se presentaron documentos, testimonios de personas cercanas a la adolescente y la declaración de ella misma, quien no pudo contener sus lágrimas ante los jueces.
“Entre las pruebas están las encontradas en la casa de Huayllani, más de 300 videos pornográficos. Su defensa decía que era un proceso por venganza o para pelear la custodia de la menor, pero no era así. Hay una pericia psicológica que acredita el daño, la víctima se ha presentado voluntariamente para dar su versión, pero se ha derrumbado emocionalmente, estaba en shock y eso no es una reacción fingida. Lamentablemente los acusados han tratado de difamarla”, dijo.
Indignación en la ciudadanía
Desde que el caso salió a la luz en noviembre del 2020, la sociedad civil y colectivos como Cuñas Ruidosas iniciaron una movilización para hacer seguimiento al proceso, incluso con actividades de recaudación de fondos para cubrir gastos legales, pero también para cuestionar que el Estado no haya garantizado medidas de protección para la menor, su padre biológico y tía paterna que llevaban el caso, mientras fueron víctimas de amenazas por parte de los acusados.