La declaración de la exsenadora provocó un rifi rafe entre los abogados de la acusación y la defensa. El juez mantiene un límite de tres preguntas a cada una de las partes.
Fuente: El Deber
«Entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 no intenté ingresar a la Asamblea». Esa fue la respuesta ofrecida por Adriana Salvatierra , expresidenta del Senado, ante la pregunta sobre si recibió amenazas o agresiones que impidieron su ingreso en el hemiciclo. La declaración la hizo este martes, durante su participación como testigo en el juicio denominado «Golpe II» contra Jeanine Áñez y otras autoridades policiales y militares.
Cabe recordar que el 10 de noviembre de 2019 presentó su renuncia al cargo el presidente Evo Morales, luego hubo reuniones en la Universidad Católica Bolivia y el día 12 de noviembre asumió como presidenta interina del Estado, Jeanine Áñez.
Este martes, durante su declaración ante el tribunal, los abogados de la acusación y de la defensa se enzarzaron en una tensa discusión sobre el alcance de las preguntas hechas a Adriana Salvatierra. Incluso, el abogado de la Procuraduría pidió al juez presidente «moderar el interrogatorio (de la defensa de la expresidenta Áñez) para que la testigo no sea objeto de una presión indebida que pretende intimidarla, máxime atendiendo su condición de mujer».
Además de la molestia expresada por la Procuraduría, los representantes del Ministerio Público también manifestaron su malestar. Ambos reclamaron la interpelación de la defensa y exigieron que se permita hablar a Salvatierra sin restricciones.
Por parte de la defensa de la exmandataria se reclamó al tribunal la falta de concreción en las respuestas que ofrecía la expresidenta del Senado.
Los interrogatorios se iniciaron el lunes con la participación de 12 testigos. La mañana de este martes acudieron ante el tribunal tanto Salvatierra como Susana Rivero, ex diputada, y otros tres testigos de cargo.
El juez restringió la cantidad de preguntas que puede realizar cada una de las partes a un máximo de tres con la intención de agilizar el proceso. Esta determinación llevó a cuestionar el trabajo del tribunal por parte del abogado Luis Guillén, integrante del equipo defensor de Jeanine Áñez.
En el caso «Golpe II» se ha imputado a Jeanine Áñez por los delitos de determinaciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. En la causa también están imputados miembros del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y responsables de la Policía Nacional.
Salvatierra calificó como «simulacro» la sesión en la que Áñez se proclamó como presidenta del Senado y refirió que el procedimiento adecuado para determinar la directiva del Senado fue expuesto en las reuniones que se llevaron a cabo en la Universidad Católica Boliviana.
«En los hechos, existía un conjunto de acciones para que Áñez asuma», manifestó la expresidenta del Senado.
Sucesión directa
El testimonio ofrecido por el asesor del senador Rubén Medinaceli, primer vicepresidente de la cámara de senadores en noviembre de 2019 contempló la sucesión en la directiva de la cámara. Iver López Ríos señalo que «directamente asume el primer vicepresidente en ausencia del presidente. Y del mismo modo ocurre con el segundo vicepresidente».
Explicó también que las funciones asumidas por la presidencia bajo este criterio de sucesión implica funciones administrativas, aunque no aclaró el alcance de las mismas.
López reconoció que él mismo fue quien presentó la carta de renuncia del senador Medinacelli en el despacho de Presidencia.
Por otra parte, el exsenador del MAS, Omar Aguilar, reconoció la existencia de una orden para que los miembros de la bancada del MAS presentaran la renuncia colectiva. «Fue el señor Aldo Camacho, responsable de comunicación, quien instruyó en el grupo de WhatsApp que los senadores presentaran renuncia colectiva», expresó ante el tribunal. Sin embargo, no logró discernir si dicha orden provenía desde la Presidencia del Senado o fue una determinación del propio Camacho.