CC alerta de cinco falencias de proyecto de ley de agravamiento de penas

Los delitos de prevaricato y consorcio; la supresión de castigo a las lesiones graves y gravísimas; la detención preventiva y la insistencia de las ‘leyes parche’ fueron identificadas como falencias en el nuevo proyecto de ley que aprobó el MAS en la Cámara de Diputados. El jefe de bancada del principal partido de oposición, Carlos Alarcón (CC) explicó que las observaciones fueron planteadas dentro y fuera del hemiciclo; sin embargo, no fueron escuchadas por los oficialistas.

“Nosotros hicimos las observaciones, incluso presentamos las propuestas de manera escrita con la bancada de Creemos, pero ninguna fue acogida por el MAS, que aprobó el proyecto con escasas modificaciones”, declaró el diputado opositor.

El jueves, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece modificaciones a tres leyes, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y al Código de Ejecución Penal y Supervisión; sin embargo, lleva el extenso nombre de, “por la dignidad de las víctimas de feminicidio violación niña, niño adolescente e infanticidio”.



Alarcón explicó que en el caso del agravamiento de penas para feminicidios e infanticidios, el proyecto se reduce a castigar esos delitos y no a los intentos o las lesiones graves y gravísimas, cuando hay muchos casos de lesiones y recordó el último hecho sucedido en la ciudad de El Alto.

“Hay casos de agresiones gravísimas contra niños o mujeres en los que las víctimas pueden quedar inválidas de por vida. Ese es un caso gravísimo y no se reforzó la pena, dijimos que es insuficiente limitar las penas solo a casos de feminicidio, infanticidio y violación y dejar de lado el de lesiones graves y tentativa”, explicó.

En el caso de castigos a jueces por prevaricato, afirmó que el agravamiento de penas planteado por el oficialismo es inaplicable y recordó que la redacción actual de ese delito es mejor que el texto de la reforma que plantea el MAS.

El texto actual, no solo agrava el castigo para los jueces prevaricadores en casos de feminicidio e infanticidio, sino que se amplía a los jueces que dicten resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, al bloque de constitucionalidad o a la “ley aplicable al caso concreto”, este último concepto es el que no puede aplicarse dada la complejidad legal, dijo el diputado opositor.

En el caso del delito de consorcio, el castigo solo se amplió a funcionarios judiciales y no se agravaron las penas. En el actual Código Penal se establece una pena de 5 a 10 años de presidio y el proyecto ratifica esa pena; asimismo se aplicará sanción penal a los magistrados que actúen en coordinación con “servidores de apoyo judicial, servidores de apoyo a la función fiscal, peritos, médicos y trabajadores sociales”.

La detención preventiva fue otra de las observaciones al actual proyecto, porque los opositores consideran que debió limitarse a los fiscales el tiempo de detención preventiva (de seis meses) y no permitir las ampliaciones que son arbitrarias y que provocan la violación de derechos, pues los fiscales pueden manejar esos tiempos de detención y las ampliaciones a su criterio. En cambio, si se limitaba a seis meses se obligaba a los fiscales a presentar la acusación en el plazo requerido y no tener casos como el de Marco Aramayo que estuvo siete años con detención preventiva.

Finalmente, observaron que estas modificaciones no son otra cosa que un parche al drama judicial, con medidas coyunturales pues solo responden cuando hay presión social, como la liberación de feminicidas y no al problema real de la justicia.