Concejales de oposición dicen desconocer el proyecto de ley que permitirá ampliar el contrato con Vega Solví y que será analizado este martes

La sesión del legislativo está previsto este martes, en horas de la tarde, en la Pampa de la Isla. Apuntan a maniobras políticas para viabilizar la aprobación de la ley
Juan Manuel Ijurko

​Fuente: eldeber.com.bo

Concejales de oposición desconocen el proyecto de ley para la ampliación del contrato de aseo urbano que el Gobierno Municipal quiere extender con Vega Solví, en tal sentido, han lanzado una serie de observaciones a la misma.

El proyecto será remitido a las comisiones de economía y constitución para que analicen la viabilidad del mismo. Mientras, señalan, se acerca la hora límite para alcanzar una solución que tranquilice a la población.

«Hace falta mucha responsabilidad porque el aseo urbano es un tema sensible; no permite errores», advierte Manuel Saavedra, concejal de Demócratas. Hablar sobre el alcance del contrato, sin conocer el proyecto de ley, sería también irresponsable, dice. Por ello, prefiere mantener la prudencia mientras espera que se resuelvan las dudas.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), José Quiroz, también plantea sus cuestionamientos respecto a la extensión del contrato. «Jhonny Fernández denunció un sobreprecio de Bs 10 millones al mes en el contrato con Vega Solví pero ahora quiere renovar el contrato», se pregunta. Anticipa el voto negativo del MAS porque respaldar la ley supondría «incurrir en corrupción».

Lola Terrazas, concejal de Comunidad Ciudadana, se muestra más cauta respecto a la postura que asumirán en el Concejo. «Como servidores del ciudadano tenemos que dar una salida» y eso pasa «por  un proyecto de ley lo más apegado a la norma para que nuestra ciudad no se convierta en un basural».

EL DEBER llamó a los cuatro concejales titulares de UCS para saber su opinión. Tres de ellos mantenían el teléfono apagado. Una cuarta desvió la llamada.

Emacruz se pronunció ayer lunes. La gerente general de la Empresa Municipal de Aseo Urbano, Andrea Hoyos, apeló  a un “informe técnico, económico, jurídico, de salud y ambiental” como argumentos para ampliar el contrato del servicio de recojo de basura y disposición final de residuos con el actual operador, Vega Solví.

Dicho informe fue presentado por Emacruz al Concejo para que revise y plantee sus consideraciones. Anticipó que se buscará una ley autonómica municipal para logar la extensión del contrato con el operador.

Los concejales de oposición consultados señalaron desconocer el alcance del informe. Aguardarán a la sesión del Concejo programada para las 15:00 de este martes para acceder al documento.

Quiroz califica como maniobras políticas las actitudes mostradas por el Ejecutivo. Desde la determinación de llevar la sesión a la Pampa de la Isla, «donde buscarán movilizar a su gente para presionar»  hasta la determinación de dejar sin tiempo de reacción al Concejo y así aprobar el contrato por emergencia.

Propone recurrir a las microempresas, cooperativas y sindicatos que trabajan en los barrios realizando el aseo urbano como alternativa «más barata y beneficiosa para el bolsillo del ciudadano». Asegura que son más de 20 pequeñas empresas que se dedican a este servicio.

‘Mamén’ Saavedra también recalca el desconocimiento sobre el texto propuesto desde el Ejecutivo. «No sabemos qué están planteando, cuáles son los argumentos técnicos y legales para validar la ampliación del contrato con Vega Solví», asegura.

Cuestiona la manera en que la ciudad de Santa Cruz ha llegado hasta este extremo. «Estamos en una situación anormal porque Emacruz fracasó en dos licitaciones». Apunta a la institución por la demora en la búsqueda de un operador del servicio y advierte que «no se puede improvisar ni tomar malas decisiones» por el bien de los ciudadanos.

Para Comunidad Ciudadana, la ampliación del contrato «esta fuera de norma, no se podría extender más», señala Lola Terrazas. Sus críticas al actuar de la Alcaldía van más allá. «No es por una emergencia sanitaria (que se amplía el contrato) sino a consecuencia de la negligencia  de los funcionarios de Emacruz».

Recalca las dos adjudicaciones suspendidas por irregularidades en el proceso de contratación. Sin embargo, adelanta que se agrupación asumirá una posición acorde con «la figura legal y la necesidad de la ciudad».