Contrabando mantiene baja la inflación, pero en un año se cerraron 402 industrias

El impacto del contrabando es la destrucción del aparato productivo y del empleo formal, la creación de una cadena delincuencial y de corrupció. Empresas reducen ventas

“Si bien el contrabando está regulando la inflación del país con mayor oferta de productos a precios más económicos esto, sin duda, está afectando a varias empresas legalemente establecidas en el país”, Así, el gerente general de Droguería INTI, Ronald Reyes, matizó el duro revés que afrontan las empresas. En 2021, se cerraron 402 industrias, un 37% más que en la gestión anterior, cuando fueron 317 empresas, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

De acuerdo con Reyes, hay productos de INTI que también han sido falsificados y están en el portafolio de los contrabandistas, inclusive -dijo- que se ha identificado leches dirigidas a infantes que ponen en riesgo no solo la salud de la población, sino también sus vidas.



Desde la perspectiva del economista Wálter Morales, uno de los factores que inciden en la baja inflación de alimentos es el contrabando, que guarda relación con un tipo de cambio apreciado.

No cree que exista una política expresa de que el contrabando sea un factor que controle la inflación. Sin embargo, deduce que es obvio que el sector informal concentra un mayor caudal de votos que el formal, por lo que resulta complicado generar políticas contundentes contra ese grupo. En todo caso, “el contrabando no es algo nuevo, pero que se ha exacerbado en el último tiempo con un tipo de cambio apreciado, el propio desarrollo de facilidades de transitabilidad y la pérdida de institucionalidad”, dijo.

“El alivio de la inflación, por los precios más bajos de afuera es una prioridad del Gobierno y, en ese sentido, se puede considerar un aliciente”, dijo Carlos Arce, investigador del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
El problema es el daño a la industria nacional. Ibo Blazicevic, extitular de la Cámara Nacional de Industrias, expresó su preocupación por la cantidad de empresas afectadas y dijo que también es una muestra de que el aparato productivo está sufriendo por los efectos del contrabando y de la informalidad. “Estimamos que estamos en alrededor de $us 3.000 millones de contrabando al año y eso ya significa un 7% del producto interno bruto (PIB) boliviano, eso pone en riesgo por supuesto a las más de 400.000 personas que trabajan en la industria”, enfatizó.

Para Morales, es también notorio que el Gobierno no es visto como un actor que incentive la formalización; más por el contrario, insinúa que gran parte de sus medidas favorecen la informalidad y generan cada vez más cargas y complicaciones a los mismos contribuyentes.
El pasado mes, en un comunicado, el Banco Central de Bolivia (BCB) destacó el nivel más bajo de inflación que logró el país en América del Sur en 2021 (0,9%) y que, en los primeros dos meses de este año, se mantuvo en niveles bajos acumulando un 0,43%.

Entre otros factores que influyeron en la cifra, el ente emisor destaca el manejo de los instrumentos de política económica que, a la par de mantener la estabilidad de precios, coadyuvaron con la recuperación económica, cumpliendo el mandato constitucional de mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social.
Aclara que la estabilidad de la política cambiaria, la cual contrasta con la volatilidad de los tipos de cambio observada en algunos socios comerciales, jugó un rol preponderante en el control de las presiones inflacionarias externas.

Para el economista Róger Banegas, el contrabando existe porque los productos externos son más competitivos y con precios más baratos que los productos nacionales. «Es totalmente racional comprar productos más baratos», expresó, al deducir que si el precio de la gasolina y el diésel no fuera subvencionado y estuviera acorde al precio del mercado se tuviera una inflación en torno al 10% como sucede en Chile, Perú y Colombia, por ejemplo.
«Existe amplia evidencia de que los países más pobres, son los que tienen más contrabandistas y las peores instituciones públicas (niveles elevados de corrupción). En muchas ocasiones, los contrabandistas ejercen una posición de ganancia, corrompiendo a autoridades políticas, agentes aduaneros y cuerpos de seguridad nacional (Policía y Ejército) para cumplir su propósito», manifestó Banegas.

Se buscó un contacto con el Viceministerio de Lucha al Contrabando, pero no fue posible tener su versión hasta el cierre de esta edición. No obstante, este mes, tras una reunión con dirigentes de la micro y pequeña empresa del país, el viceministro, Daniel Vargas, expresó que el Gobierno mantiene su compromiso de luchar contra el contrabando, porque esta práctica afecta a la economía nacional y productiva.

Efectos indeseados

El investigador del Cedla, Carlos Arce, considera que la política rentista alienta la importación de todo lo que no se produce o se dejó de producir por el dominio secante del extractivismo.
Deduce que en ausencia de políticas de empleo, la gente se dedica al contrabando.
Consultado si cree que el dinero del narcotráfico se destine al contrabando, Arce expresó que es muy posible. “Es una manera eficiente de ‘lavar’ dólares para esa actividad, cada vez más sofisticada que requiere grandes capitales que no se pueden obtener del mercado financiero legal”.

Su par del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Roberto Laserna, no cree que haya una política deliberada de tolerancia o apoyo al contrabando. Infiere que lo que pasa es que por políticas económicas inapropiadas se generan efectos que resultan favorables al contrabando.
«Un exceso de trámites y regulaciones hacen que importar legalmente sea muy costoso en tiempo y dinero, y eso alienta el contrabando. Mantener un tipo de cambio que abarata el dólar, desalienta la producción local e incentiva la importación, que, al enfrentar regulaciones. Esos son ejemplos de políticas con efecto indeseado».

En opinión del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, el contrabando permite precios menores en algunos productos, pero también destruye el aparato productivo y el empleo formal.
También menciona la creación de una cadena delincuencial y de corrupción, el daño a la economía del sector público (evasión de impuestos) y del sector privado (competencia desleal), además de la construcción de redes territoriales de poder económico y político que van más allá de las filiaciones partidarias.

Para el titular de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, Antonio Rocha, el contrabando no cumple reglas y mantiene productos muy por debajo de los costos de producción. “Esa baja de precios favorece a que no haya inflación en Bolivia», puntualizó.
De enero a marzo de este año, la Aduana se incautó mercadería ilegal por más de Bs 168 millones en 2.687 operativos y 22 allanamientos.

Fuente: El Deber