La agrupación liderada por Luis Fernando Camacho criticó la presunta «presión» de la legisladora para que el gobernador de Santa Cruz rinda un informe oral por el decreto 373.
Fuente: Página Siete Digital
La agrupación de Creemos emitió este lunes un comunicado en el que expresa su molestia por el accionar de la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar, como presidenta de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías. En concreto, se refieren a la presunta «presión» de la legisladora para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rinda un informe oral frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el decreto 373.
«El rol que desempeña esta comisión de la ALP es contrario al propio espíritu de nuestro Estatuto Autonómico. Y además se trata de un caso artificioso, toda vez que pretende fiscalizar en torno a un hecho que jurídicamente nunca existió, pues el decreto 373 nunca nació a la vida jurídica», consta en el escrito.
El partido, liderado por Camacho, sostuvo que es «contraproducente» que Nayar se «autonombre» autonomista cuando sus «presiones mediáticas» contravienen los principios de la autonomía, y recalcaron que la autonomía departamental «es una conquista de los cruceños», por lo que no permitirán que se haga «politiquería» al respecto.
«Creemos respalda la posición del gobernador de Santa Cruz de respetar todas las instancias institucionales democráticas. Pero también rechazamos el intento de quienes están jugando el juego masista de presionar y perseguir a los líderes de oposición democrática de nuestro departamento, como es el caso de la diputada de CC Luisa Nayar».
La bancada parlamentaria de CC respondió a dichas afirmaciones a través de otro comunicado, en el que no solo manifiestan su «pleno apoyo» a la diputada y a su trabajo, sino que, a su vez, acusan a Creemos de intentar vulnerar la norma porque afecta a sus propios intereses.
«La determinación de que el gobernador se presente a la comisión no corresponde a la voluntad de la diputada Luisa Nayar, como engañosamente lo quiere hacer ver Creemos, sino a una atribución de una Comisión Legislativa Nacional, que no actúa por voluntad de su presidenta ni por el capricho de Creemos», subrayó CC.
«La diputada Luisa Nayar, en su condición de presidenta de la comisión, procedió como le manda la ley y el reglamento en este caso, como lo hace en cualquier otro, porque es un principio suyo y de CC, más allá de otra consideración. Bien harían los firmantes del comunicado de Creemos en imitar esta conducta y no pretender que se vulneren las normas, solamente porque vulneran sus intereses».
La agrupación naranja calificó de «temerarias» y «tendenciosas» las afirmaciones de Creemos y acusó al partido de «faltar a la verdad», además de mostrar un «total desconocimiento» de las normas y los procedimientos.
«Respecto a la acusación de una presunta funcionalidad a los intereses del MAS, tal afirmación no solo es malintencionada, sino que busca generar argumentos falaces y superficiales para justificar su intención de vulnerar la ley», agregó.
Previamente, la propia legisladora Nayar publicó un video en el que insta al gobernador y a sus asesores a «pegarle una leidita» a la normativa para que entiendan el procedimiento de una petición de informe oral.
«Lo que le molesta a usted es que una mujer cruceña y joven le haya dicho todas sus verdades y le haya dicho que no vamos a permitir que hostiguen y traicionen al pueblo cruceño, que encomendó el voto en contra de los abusos y del autoritarismo el MAS», dijo.
En marzo, Camacho viajó a Brasil para cumplir una agenda oficial. Mientras estaba en el exterior se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Departamental 373 que establecía que en su ausencia el cargo lo iba a asumir un secretario departamental, designado por Camacho, y no el vicegobernador, como establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
Luego de las críticas, el decreto fue retirado y desde el Gobierno departamental aseguraron que se trataba de un «error administrativo». Sin embargo, el 22 de marzo, cinco diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron una petición de informe al gobernador, al considerar que dicho decreto vulneraba el estatuto autonómico.