Desfalco al Fondioc: las claves irresueltas en el caso que le costó la vida a Marco Aramayo, el denunciante

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

¿Quiénes estuvieron involucrados? o ¿a cuánto asciende el daño económico al Estado?, ¿cuánto dinero se recuperó? son parte de las dudas irresueltas que aún rondan al desfalco al Fondo Indígena; un caso que costó la vida al exdirector del ente, Marco Antonio Aramayo.  Con su muerte se pierde al testigo principal del caso, que hasta la fecha  suma al menos 400 involucrados.

“Los casos se extinguen en algunos de los procesos en los que sorprendentemente fue el único imputado. Pero no implica que el caso del Fondo Indígena se cierre”,  precisó el constitucionalista Israel Quino.

El pasado martes, Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena (2013-2015), falleció después de estar varios días en coma y sufrir dos paros cardiacos. Pese a ser el denunciante de las irregularidades,  fue recluido de forma preventiva por más de siete años.

Origen del Fondioc y el desfalco

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) fue implementado mediante el Decreto Supremo 28571. Aunque su creación data de 2005, empezó actividades en 2009  cuando aprobó su Estatuto Orgánico. Conformó su directorio con representantes de diferentes organizaciones sociales y con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra como ente rector.

Entre 2010 y 2014, el fondo logró gestionar 3.177 proyectos, pero sólo 1.100 llegaron a recibir al menos un desembolso. Fue a finales de 2014, luego de que Página Siete publicara una serie de reportajes sobre la existencia de proyectos fantasma, que la Contraloría General del Estado (CGE), por orden del gobierno de Evo Morales, revisó 500 proyectos y  halló irregularidades e indicios de tipo penal  en 153.

Entonces se advirtió que  ni los directores ni el personal del Fondioc realizaron las tareas de administración, seguimiento, evaluación y monitoreo de los proyectos financiados. Esto propició que el Gobierno  instruyera la intervención del Fondo Indígena el 24 de febrero de 2015.

¿A cuánto asciende el monto económico involucrado? y ¿cuánto se recupero?

Hasta la fecha se desconoce la cifra exacta del daño económico ocasionado al Estado. Los datos  certeros son casos  concretos.

Según el informe final de intervención al Fondo Indígena, firmado por Lariza Fuentes, el dinero  destinado a los 1.100 proyectos aprobados fue de 1.092 millones   de bolivianos. Entre 2013 y 2014, durante la gestión de Aramayo, se  logró desembolsar 729 millones, el 55% del presupuesto.

Entre los 1.100 proyectos identificados por la CGE, 30 fueron calificados como “inexistentes”. Éstos son los conocidos como  proyectos fantasma y son lo que  recibieron transferencias por  14,5 millones de bolivianos.

Ya empezada la intervención y los procesos penales, varios dirigentes empezaron a devolver el dinero recibido en sus cuentas personales. Afirmaron que era dinero no ejecutado.

La semana pasada el secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe, indicó que el daño económico al Estado por este caso aún es cuantificado y por tanto no se tiene una cifra oficial y definitiva. Acotó que al momento se recupero alrededor de 1,4 millones de dólares  y que el objetivo es “recuperar la mayor cantidad del dinero posible”.

Diferentes informes realizados por la Asamblea Legislativa o instituciones externas estimaron que el daño es superior a 172 millones de bolivianos, aunque otras investigaciones apuntan a los más de 700 millones desembolsados para los 1.100 proyectos.

¿Cuántos procesos se abrieron?

La cantidad precisa de procesos abiertos en todo el país es otro de los temas irresueltos.  La cifra varía en torno a las declaraciones hechas por diferentes autoridades en estos siete años.

Se sabe que al margen de los 153 proyectos denunciados por la Controlaría en 2014, por los que se abrió número similar de procesos, en 2015, la interventora  del Fondo Indígena presentó otras 52 denuncias, a nivel nacional, ante el Ministerio Público.

Hace unos días, en conferencia de prensa,  Quispe indicó que  a la fecha  existen 59 procesos activos. De éstos, 31 están a la espera del “señalamiento de día y hora para el inicio del juicio oral”.

Asimismo, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, afirmó que las causas abiertas por diferentes proyectos son 96, 43 más de lo expuesto por Quispe.

Estas cifras están lejos de las denunciadas por Aramayo, quien en algún momento indicó que se habían  abierto más de 250 procesos en su contra. También son menores a la cantidad de procesos denunciados por Elvira Parra, otra exdirectora del Fondioc, que desde su celda en Obrajes sostiene que enfrenta 180 causas.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó que desde 2019, cuando recibió la denuncia de Aramayo,  empezó un seguimiento para identificar el número de  procesos abiertos en su contra. En ese marco realizó  varias solicitudes de información  tanto al Ministerio Público como  a las entidades querellantes.

“Debemos señalar que hubo una vulneración a la seguridad jurídica. Ni el peticionario, ni la defensa técnica  y peor aún las instituciones estatales han sabido dar información oportuna  sobre la cantidad real de procesos judiciales abiertos  en contra de Aramayo”, sostuvo Cruz.

Tras enviar más solicitudes logró identificar, como “dato oficial”  88 procesos aún abiertos en contra de Aramayo.

“En agosto de 2021, solicitamos que se produzcan estrategias jurídicas entre las partes procesales para que permitan a Aramayo una defensa efectiva. Esto no ocurrió  y se vulneró el derecho a la defensa técnica real, algo que se señaló al Estado. También observamos al sistema de justicia penal, ya que muchos de estos casos se encontraban en la etapa  preliminar o preparatoria. Estas fases deberían durar  máximo seis meses, pero ya están años”, dijo.

Al respecto, Alave manifestó: “No sé de dónde sacan 256 casos, nosotros hemos analizado y son 96. Cuando la persona fallece, se extingue el proceso penal, se comunica al juez y la investigación continua contra el resto de las personas involucradas”.

¿Cuántos involucrados y procesados hay al momento?

Es difícil saber la cantidad de imputados o investigados,  ya que cada proceso puede tener entre uno, cuatro o mas involucrados.  Al desconocerse con exactitud la cantidad de procesos, también queda un vacío en los acusados.

“Son varios casos, hablamos de  unos 96. Éstos involucran a más de 400 personas que administraron el dinero del Fondioc”, explicó Alave. Añadió que muchos de los acusados escaparon luego de que estallara el escándalo y por tanto no pueden ser juzgados.

Hasta el martes pasado, se sabía de dos personas que permanecían detenidas por el caso, Aramayo y Parra. Con la muerte del primero sólo queda una, de más de 400 involucrados.

La última vez que se tuvo certeza de las cifras fue en diciembre de 2016, cuando los procesos empezaban. Entonces  había 105  personas imputadas formalmente; 10 tenían detención domiciliaria; 37, detención preventiva; dos, medidas sustitutivas; 18, declaradas rebeldes; y 20 tenían  medidas cautelares.

Se supo que el dinero fue a parar a mas de 1.000 cuentas privadas de diferentes personas. Al menos 40 fueron identificadas como dirigentes, autoridades y legisladores del MAS.

Entre ellos estaban: Juanita Ancieta (miembro del directorio del Fondioc y Bartolina Sisa), Rodolfo Machaca (miembro del diorectorio Fondioc y  de  la Csutcb), Nemesia Achacollo (ministra y presidenta del directorio del Fondioc), Adolfo Chávez (Cidob), Elvira Parra (directora del Fondo Indígena y Bartolina Sisa), Daniel Zapata (director del Fondo Indígena), Marco Aramayo (director del Fondo Indígena), Hilarión Mamani (miembro del directorio),  Julia Ramos Sánchez (ministra de Desarrollo Rural), Damián Condori (Csutcb), Ever Choquehuanca  (miembro del directorio), Felipa Huanca (Bartolina Sisa), Melva Hurtado (miembro del directorio), Joaquino Saloma Apaza (Conamaq), Jorge Choque Salomé (senador y dirigente del Conamaq), Concepción Ortiz (diputada del MAS) y Felipa Merino (senadora del MAS).