El viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que “la decisión que ha asumido la Sala Penal Cuarta no es una decisión final en el proceso como tal”, contra la expresidenta Jeanine Áñez.
El viceministro de Justicia, César Siles. Foto: Ministerio de Justicia
Fuente: https://www.la-razon.com
El viceministro de Justicia, César Siles, cuestionó este miércoles, nuevamente, la decisión de la Sala Penal Cuarta de La Paz que estableció que el proceso contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso de designación irregular de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) sea llevado a un juicio de responsabilidades y dijo que las partes acusadoras presentarán “acciones” para revertir ese fallo.
“(Ese) fallo es cuestionable, porque hay argumentos suficientes para todavía pretender el juzgamiento de la señora Áñez por la vía ordinaria y seguramente EBA, el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia van a presentar las acciones que tienen a su alcance para poder revertir la decisión dictada por la Sala Penal Cuarta”, dijo el funcionario en una entrevista con La Razón Radio.
Asimismo, explicó que ese juicio seguirá vigente, sea por la vía ordinaria o a través de un juicio de responsabilidades. “La decisión que ha asumido la Sala Penal Cuarta no es una decisión final en el proceso como tal”.
Por su parte, Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, explicó que la decisión de la Sala Penal Cuarta “emerge de una respuesta de una resolución de acción de defensa, es decir está emergiendo de una disposición del Tribunal Constitucional, que le dice (al tribunal) que resuelva apegado a la ley”. Por tal motivo, “la Sala Penal Cuarta ha cumplido una acción constitucional y al cumplir una acción constitucional, esto no puede ser resometido a revisión del Tribunal Constitucional con una acción de amparo u otro mecanismo constitucional”.
Además, en una entrevista previa con La Razón Radio, el jurista advirtió “temor” en las autoridades judiciales para emitir fallos que beneficien a la exmandataria y atribuye ello a “presiones políticas”.
Áñez fue imputada por la designación de Karina Leiva Áñez como gerenta general de EBA, sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.
Fue acusada por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones y complicidad.