“Esto es, además, una inaceptable discriminación contra el sector privado, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas», dicen desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.
Fuente: El Deber
«Un acuerdo político», así es como lo califican los empresarios privados de Bolivia la medida del incremento salarial decidida ayer en una reunión entre el Presidente, Luis Arce y la Central Obrera Boliviana, y reiteraron que las consecuencias perjudiciales de estas medidas en el plano económico y social, serán de entera responsabilidad del gobierno y de la dirigencia de los trabajadores. Además, observan que ni el Estado puede asumir el incremento para todos los trabajadores del sector público.
Los empleadores reclamaron por un nuevo incumplimiento del Convenio N.º 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dispone la obligación que tiene el Estado de realizar consultas exhaustivas a las representaciones de trabajadores y empleadores antes de decidir aumento del salario mínimo
En este sentido, tras un análisis interno realizado esta mañana, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó que el incremento salarial tendrá un efecto muy grave sobre las empresas, especialmente las micros y pequeñas empresas (mypes), que se evidenciará en pérdida de fuentes de trabajo, informalización y precarización laboral, insostenibilidad económica y financiera y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones e inversiones, “lo que derivará en problemas sociales, ocasionados por la desocupación y sus secuelas”, afirmaron.
Desde la CEPB mencionaron también que en la actual situación de crisis, los niveles de incrementos salariales impuestos (3% al básico y de 4% al mínimo nacional) son inadecuados, y recuerdan que ni el mismo sector público puede permitirse su aplicación a todos los funcionarios del Estado, por lo que tuvo que excluir de su pago al personal dependiente de los ministerios, empresas Públicas y la mayoría de entidades del gobierno nacional.
“Esto es, además, una inaceptable discriminación contra el sector privado, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas, así como a aquellas que pertenecen a distintas regiones y rubros productivos, a las que se les obliga a incrementar los salarios, sin ninguna excepción y sin considerar la situación económica que atraviesan”.
En relación a la posibilidad de que los trabajadores organizados negocien con las empresas un porcentaje mayor de aumento salarial, adicional al 3% obligatorio, la patronal boliviana señaló que esta determinación “activa un escenario de discordia que puede generar conflictos, desequilibrios y tensiones, cuyo resultado afectará la gestión de las unidades productivas”.
Finamente, y tras conocerse una lista de normas laborales que se están considerando para ser promulgadas el 1º de mayo, la CEPB considera que estas leyes impulsadas por la dirigencia de la COB “pueden debilitar las relaciones entre trabajadores y empleadores, poniendo en riesgo los esfuerzos por garantizar la viabilidad del sector productivo y reactivación económica del país”.