José María Cabrera sostiene que tanto los ediles que aprobaron la ley (UCS y MAS), como los que se abstuvieron (C-A y Demócratas) incumplieron. Sostiene que debieron pedir una auditoría externa a la Contraloría y remitir el caso a la Fiscalía.
Fuente: Unitel
Seis concejales, dos del MAS y cuatro de UCS, votaron por la aprobación de la Ley Autonómica Municipal Temporal y Excepcional para la «provisión del servicio de Aseo Urbano y Tratamiento de Residuos Sólidos para la vida y la salud pública» en el municipio cruceño. Ediles de Comunidad Ciudadana y Manuel Saavedra, de Demócratas, se abstuvieron.
Con esta determinación se devuelve el tema del contrato de basura por el periodo transitorio al ejecutivo municipal, a través de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz).
Para José María Cabrera, exprocurador General del Estado, esta situación no debió darse de la manera en que se realizó y los concejales debieron remitir a la Fiscalía el proceso y posibilitar una investigación por un incumplimiento de deberes respecto al tema de la basura y pedir a la contraloría se aplique una auditoría al proceso.
“Todos los concejales del pleno del Concejo, han incumplido sus deberes constitucionales y legales porque este órgano no está establecido para bendecir o justificar la irresponsable actuación de un alcalde y una empresa municipal”, dijo a tiempo de cuestionar que en casi un año que no se ha podido llevar a cabo un proceso de contratación transparente para reemplazar al nuevo operador de servicio de aseo de la ciudad
“Ante esa negligencia del alcalde (Jhonny Fernández), de la empresa municipal, el Concejo no le cabía justificar (…) lo que corresponde al Concejo como órgano fiscalizador y ante la evidencia de indicios muy serios de responsabilidades del alcalde, correspondía remitir al Ministerio Público los antecedentes para que se investigue”, argumentó.
Cabrera justifica su posición al recordar que el Código de Procedimiento Penal señala que los funcionarios públicos, “más aún las autoridades”, cuando se tiene conocimiento de la posibilidad de la comisión de un delito se está en la obligación de poner a conocimiento del Ministerio Público.
“Esta ley que se aprobó es un despropósito absoluto, ni a favor ni absteniéndose, se tenía que haber votado en contra y se tendría que haber presentado una moción alternativa para que se remitan antecedentes a Fiscalía y a Contraloría para que se realice una auditoría externa e independiente”, enfatizó.
Cabrera añade que los concejales no debieron ni abstenerse, “ni menos votar a favor”, debieron presentar una moción alternativa para que se vote la remisión de los antecedentes a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado,” pero de ninguna manera una ley ordenando al alcalde y la empresa municipal que cumplan las funciones que ya están establecidas en la ley y la Constitución”.
Este 25 de abril vence el contrato del actual operador de recojo de basura y desde el día siguiente corre el contrato transitorio, que tendrá vigencia de ocho meses, hasta que se defina al operador a través de una licitación internacional.