-
El director ejecutivo de la FAM, Rodrigo Puerta. Foto: Captura RRSS. - Vladimir Chapi
El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia), Rodrigo Puerta, observó que algunos parlamentarios nacionales buscan generar desinformación sobre el Censo de Población y Vivienda, pautado para este año, con una intención de “sabotear” ese proceso técnico que lleva adelante del Gobierno central.
Puerta realizó esa afirmación en referencia al anunció de un diputado de la agrupación Creemos, que planteó iniciar procesos contra el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadística (INE) en caso de no incorporarse el término “mestizo” en la boleta censal.
“Declaraciones como las que hacen algunos parlamentarios por supuesto lo que buscan es un proceso de desinformación, que tiene que ver con una estrategia de calentamiento social que en algunos meses lo que va a buscar es un estado de conflicto, pero que además puede sabotear el proceso de censo”, dijo el viernes por la noche en una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.
Puerta lamentó que se pretenda iniciar procesos por esa categoría cuando la nueva Constitución Política del Estado “ha superado ampliamente las categorías raciales”.
Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomendó evitar una clasificación que involucre categorías poco específicas o ambiguas como “mestizos” o “morenos” para elaborar este tipo de estadísticas.
En ese marco, consideró que el proceso censal no debería politizarse porque es un tema netamente técnico a cargo del Gobierno central, mismo que es llevado delante -a su juicio- de forma positiva.
“La boleta censal, hemos tenido la información, que va ser de conocimiento público en el mes de mayo. Además, se tiene el financiamiento completo y la comisión interinstitucional a nivel internacional constituida”, subrayó.
El Censo de Población y Vivienda 2022, cuya realización se llevará a cabo el 16 de noviembre, tendrá un costo de $us 68 millones, que será financiado mediante el Tesoro General de la Nación y entidades externas.
El miércoles, el Gobierno nacional denunció que un movimiento sistemático pretende boicotear la realización de ese estudio, tras constatar demandas que van en desmedro de su objetivo central.
En esa línea, el vocero presidencial, Jorge Richter, advirtió que sectores pretenden politizar la realización de ese proceso con una “intencionalidad perversa”, con el objetivo de generar cierta inestabilidad al gobierno del presidente Luis Arce.
Fuente: abi.bo