Fiscalía General dice que casos por el Fondo Indígena continúan y hay 31 procesos listos para juicio oral

El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó hoy que las investigaciones por el caso denominado Fondo Indígena continúan y que existen 31 procesos con acusaciones formales listos para juicio oral y contradictorio. Quispe dijo además que los procesos no se paralizan por la muerte del exdirector, Marco Antonio Aramayo, sino que únicamente se deberían extinguir los mismos con relación a esta persona y continuar contra el resto de los investigados.​​Según la Fiscalía General, Aramayo, en su contra contaba con tres sentencias condenatorias, una fue en Tarija en la que debía cumplir ocho años de reclusión, en Santa Cruz con una condena de cinco años y en Oruro tres años y cuatro meses, por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. ​

“Respecto a que las opiniones erróneas de algunos políticos sobre que hubiera existido más de 200 procesos en contra de Marco Antonio Aramayo, lo califico como “falso”, debido a que el Ministerio Público registró 95 procesos, de los mismos 36 fueron cerrados, (34 con rechazo y dos con sobreseimiento), lo que quiere decir es que tenemos un total de 59 procesos activos. Queremos descalificar cualquier situación de presunto favorecimiento a la impunidad, nos parece totalmente irresponsable por parte de las autoridades políticas que se pronunciaron sobre el tema”, dijo Quispe.

Descalificó las opiniones de que no habría existido actividad por parte del Ministerio Público, en ese sentido, aclaró que actualmente 59 procesos están activos, 31 en etapa de juicio, procesos que están sujetos a control jurisdiccional para que se lleve adelante el juicio oral público y contradictorio. “En etapa preliminar y preparatoria el Ministerio Público tiene 24 procesos, que son procesos complejos porque son delitos que tienen bastante contenido financiero y económico, por lo tanto, se deben hacer pericias y estudios minuciosos en cuanto a la forma del manejo económico que se tuvo en el Fondo Indígena”, dijo Quispe.



El Secretario General, explicó que dentro del caso no solamente es procesado Marco Antonio Aramayo, sino también existen muchas personas que fueron convocadas y que están siendo procesadas e investigadas. “No se piense que los procesos van a ser cerrados a partir de la muerte de Marco Antonio Aramayo, por el contrario, no nos olvidamos y recordamos a la población que la responsabilidad penal es personal”.

“No solamente ha sido Aramayo quién estuvo sujeto a medidas cautelares y, en este caso, ya con vistos a cumplir sentencia condenatoria, quiero recordar que en esta misma situación de detención preventiva se encontraba la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo y otras personalidades como el actual Gobernador de Chuquisaca, Damián Condori. De los 59 procesos, más o menos, tenemos por cada uno un promedio de tres a cuatro personas involucradas y todas están siendo sujetas a control jurisdiccional”, sostuvo Quispe.

La autoridad, manifestó que en cuanto a una supuesta retardación de justicia, no se identifica la misma, ya que el Ministerio Público logró tres sentencias condenatorias y en curso se encontraban 39 juicios, que hubieran generado la misma cantidad de sentencias condenatorias para Aramayo. “Para disipar cualquier situación el Fiscal General del Estado dispuso que el área correspondiente realice un seguimiento y revisión de los procesos y, de identificarse algún tipo de incumplimiento de plazos, obviamente activaremos el régimen disciplinario respectivo”.

Con respecto a una posible investigación sobre la muerte de Marco Antonio Aramayo, Quispe, aclaró que el Ministerio Público investiga los decesos de muertes violentas y a la fecha no se tiene ningún tipo de denuncia al respecto.

Con relación a que se debería unificar los procesos en contra de Aramayo, el Secretario General aclaró que el mandato constitucional señala que ante un hecho se inicia una investigación. “Existen muchos hechos y muchos partícipes, entonces, ponerlos a todos en una misma bolsa es generar un estado de indefensión de las otras partes, y segundo, generar una complejidad en el proceso investigativo porque existen 59 procesos activos, en los que supuestamente tenemos tres personas investigadas en promedio, son más de 150 ciudadanos que van a tener que estar dentro de un proceso, es decir, que se vuelve inviable la investigación de los hechos y en función a ello sacamos responsabilidad, no investigamos personas”, explicó.