Gobierno rechaza informe de EEUU; dice que emite juicios de valor inapropiados sobre el proceso contra Añez

RESPONDE AL PAÍS DEL NORTE

Foto ilustrativa / Cancillería

Fuente: erbol.com.bo

La Cancillería boliviana, mediante un comunicado, expresó el rechazo del gobierno boliviano al informe sobre Derechos Humanos emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el cual se observa anormalidades en el proceso penal contra la expresidenta Jeanine Añez.



“Bolivia hace un llamado a respetar la soberanía de los países y la autodeterminación de cada uno de ellos, por lo que rechaza categóricamente la intromisión de terceros países, así como el Informe unilateral sobre Derechos Humanos, recientemente emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”, dice el comunicado.

El informe de EEUU señala evidencia de que el gobierno boliviano dirige el proceso judicial contra Jeanine Añez y ejerce una “presión tremenda” contra jueces que abordaron este caso.

Para la Cancillería, dicho informe “realiza inferencias sin fundamento y emite juicios de valor inapropiados sobre el proceso judicial que enfrenta Jeanine Añez en la justicia de nuestro país, por su participación en los hechos ocurridos en ocasión de la crisis política de fines de 2019”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que los procesos judiciales por los hechos de fines de 2019 se llevan adelante en el marco del principio de independencia de órganos del Estado.

“Es mínimamente cuestionable que los ‘informes’ unilaterales de Estados Unidos, pretenden estar por encima de otros Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas, siendo que Estados Unidos ni siquiera es signatario de los Tratados de Derechos Humanos fundamentales, como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares”, agrega el comunicado.

El vicecanciller Freddy Mamani, en conferencia de prensa, anunció que se convocará al encargado de negocios de EEUU en Bolivia, para plantearle la molestia por la «intromisión» en asuntos internos de Bolivia.