El partido oficialista Morena no ha logrado la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados para que se modificara tres artículos de la Carta Magna mexicana en una emblemática reforma constitucional del sector eléctrico impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazada por Washington.
«Se desecha el proyecto de decreto» con 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones, dijo Sergio Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La maratónica sesión de doce horas estuvo marcada por descalificaciones entre el oficialista Morena y una alianza de tres partidos de la oposición.
La reforma planteaba delimitar la liberalización del mercado eléctrico, para revertir la «desaparición de las empresas energéticas del Estado» que provocó la reforma constitucional del 2013, según el presidente mexicano.
El gobierno mexicano argumenta que tras esa modificación de la Carta Magna, las empresas privadas nacionales y extranjeras reciben subsidios mientras que los pequeños consumidores pagan altas tarifas.
Una militante del PRI, Blanca Alcalá dijo en Twitter que «la reforma eléctrica haría más caro invertir en México, aumentaría el costo financiero de la deuda pública, afectaría el potencial productivo de la economía mexicana y de la recaudación, e incrementaría la deuda».
El proyecto de reforma constitucional proponía que al menos 54% de la energía fuera gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contra el 38% que maneja actualmente y el 62% en manos de privados y extranjeros.
«¡Vamos a defender nuestra soberanía!», lanzó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), y acusó a la oposición de querer seguir siendo «lacayos del imperialismo» al servicio de empresas extranjeras. Los diputados oficialistas tacharon a sus adversarios de «traidores».
Durante la sesión, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, agrupación autora de la reforma de 2013, adelantaba su festejo horas antes de la votación. Morena tendrá la derrota «más monumental» al insistir en que su bancada no cambiará su rechazo a la enmienda.
Estados Unidos había advertido la propuesta de reforma desataría «litigios interminables», porque a su juicio vulneraba las inversiones privadas estadounidenses en México.
Para Washington, el cambio en las reglas de juego -con «normas retroactivas»- habría generado «inseguridad jurídica y perjuicios» en detrimento del «clima de inversiones».
El proyecto también preocupaba a España por la presencia en México de Iberdrola.
Con AFP
