Lima confirma proceso contra exministro Cárdenas por clausura escolar en 2020

La Fiscalía pedirá la detención domiciliaria de la exautoridad, por su actual estado de salud.

 



Fuente: paginasiete.bo

 

El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó este lunes que la Fiscalía interpuso un proceso penal contra el exministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas, por la clausura del año escolar en julio de 2020, hecho que presuntamente atentó contra el derecho a la educación de los niños y adolescentes. Se pedirá la detención domiciliaria para la exautoridad.

“El Ministerio Público ya dictó una imputación contra el licenciado (el exviceministro de Educación, Limbert) Ayarde, quien trabajaba con el exministro Cárdenas, a quienes se los está acusando por dos delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y el delito de desobediencia a decisiones en proceso y amparo constitucional”, indicó Lima.

En ese contexto, mencionó que es un proceso penal que ya tiene imputación presentada, por tanto, Cárdenas tendrá que asumir su defensa y a partir de eso se culminará con la etapa preparatoria.

“Lo resalto porque es un elemento fundamental frente a lo que está ocurriendo en el país, en donde se ha tenido graves retrocesos contra los derechos humanos de afectación en temas tan relevantes como es el derecho a la educación de los niños. Mañana, 12 de abril es una fecha tan importante que vamos a celebrar, una fecha que empezará a recordar y pedir cuentas a quienes han atentado contra los derechos de los niños y niñas, y adolescentes de una manera tan grosera y que no se ha dado en otros lugares”, señaló.

Agregó, que en la imputación formal se pide la detención domiciliaria para el exministro Cárdenas, tomando en cuenta su estado de salud.

En julio de 2020, el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, cuando Cárdenas era ministro de Educación, se determinó la clausura del año escolar a raíz de la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de garantizar la educación virtual en todo el país, debido a que gran parte de los estudiantes no cuentan con computadoras, celulares o Internet en sus domicilios.