Por la publicación del reportaje titulado: “Dos malls con cientos de locales y patios de comidas dan otro rostro a la Uyustus”, difundido el 3 de abril de este año.
Fuente: Página Siete Digital
El Ministerio de Obras Públicas anunció en una carta “acciones legales” al periódico Página Siete, al que otorga un plazo de 48 horas para que informe a esa cartera de Estado las causas que motivaron la publicación del reportaje titulado: “Dos malls con cientos de locales y patios de comidas dan otro rostro a la Uyustus”, difundido el 3 de abril de este año.
El Ministerio argumenta que el Gran Vía Mall, que está citado en la nota, está ubicado “en predios del Estado boliviano (EFE)” y que, pese a eso, está siendo construido por particulares. Asegura que sobre ese terreno existen procesos legales y administrativos cuya finalidad es la recuperación del mismo.
Y, por tanto, el ministerio protesta por la publicación de Página Siete, presume erróneamente que es una nota de promoción y lanza el anuncio de acciones legales, además de dar a este periódico un plazo para informar respecto de aquella publicación.
“Solicitamos que para fines consiguientes que en un término de 48 horas, se nos haga conocer a esta cartera de Estado, las causas que motivaron la mencionada publicación, que contraviene la norma citada líneas supra, exhortándole dar cumplimiento al Art. 108 en sus nums. 1 y num 14 y el Art. 24 de la Constitución Política del Estado; caso contrario anunciamos acciones legales correspondientes conforme a derecho (sic)”, indica la carta enviada a la directora de Página Siete, Mery Vaca, que está fechada el 19 de abril y está suscrita por el director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Luis Alejandro Cabrera.
El artículo 108, en su numeral 1, establece que los bolivianos están obligados a cumplir la Constitución y las leyes; el numeral 14 dice que entre sus deberes está el de “resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia”; y el artículo 24 hace referencia al derecho de petición que tienen todos los bolivianos.
También puede leer: La SIP alerta sobre la impunidad y restricciones contra la prensa en Bolivia
Página Siete rechaza cualquier “anuncio” de acciones legales atentatorio a la libertad de expresión y le hace notar al ciudadano firmante que los medios de comunicación independientes no tienen la obligación de informarle al Gobierno sobre sus publicaciones, puesto que Bolivia es un Estado democrático y la libertad de expresión está garantizada por el artículo 106 de la Constitución Política del Estado. Además, es derecho de todos los bolivianos y bolivianas “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”, según dispone el inciso 6 del Art. 21 de la Constitución Política del Estado.
La carta recibida por este periódico parte además de una premisa errónea. El objetivo del citado reportaje es informativo y en ningún caso promociona determinada actividad privada. Y aun si así fuera, éste o cualquier medio de comunicación estarían en su derecho de hacerlo lícitamente. Si una entidad pública tiene procesos en curso respecto de determinados bienes, puede bien hacerlos conocer y dejar sentada la posición estatal a ese respecto, lo que también es de interés público noticioso.
Página Siete invita más bien al ministro Édgar Montaño a una entrevista con este medio para que explique la situación legal de dichos predios, aspecto que el periodista que elaboró la noticia no estaba obligado a conocer.
Sería de interés público saber si, por ejemplo, incluso dando por ciertas las afirmaciones de la carta del Ministerio de Obras Públicas, dado que hay “procesos legales y administrativos” de recuperación de predios del Estado, eso implica que existen controversias pendientes de resolución judicial que definan quién tiene la razón legal o qué viene haciendo el Ministerio a ese respecto para cuidar el interés público, el cual no se protege con diligencia anunciándole acciones legales a la prensa.