El delito por el cual podría ser acusado es el de agresión, además no provocada, por lo que es una guerra manifiestamente ilegal, y, por lo tanto, un crimen, según el derecho internacional existente. El autor plantea cómo debería ser ese camino
La pregunta puede ser dividida en dos: la respuesta a la procedencia de la acusación es afirmativa, pero la condena se hace más difícil.
También se puede condicionar a que va a ser diferente si está en el poder o ya lo ha abandonado, toda vez que son delitos que no prescriben, y también que se puede adelantar, atrasar o quizás va a estar condicionado si gana o pierde la guerra.
Agreguemos que por cierto un elemento clave de todo sistema de justicia es la presunción de inocencia que siempre debe ser respetada por mucha claridad que pueda existir sobre las acusaciones, dado el carácter individual y personal del o los responsables y los diferentes niveles de involucramiento que el derecho internacional reconoce, y la práctica acepta.
Por último, incluso antes de la invasión, encontramos una cantidad de noticias falsas al igual que en otros conflictos bélicos, como parte de dos narrativas en conflicto, la del gobierno ruso hacia su pueblo y la de Ucrania hacia una audiencia fundamentalmente occidental.
Incluso las Cortes van a ser cuestionadas, la Corte Penal Internacional (CPI) para delitos individuales por no haber suscrito Rusia su jurisdicción, aunque si la tiene a mi juicio la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el órgano más importante del sistema entre Estados, ya que tiene jurisdicción desde el momento que ambos países, en este caso, tanto Ucrania como Rusia le reconocieron esa capacidad, aunque si va a ser discutido si se aplica o no por ejemplo al crimen de genocidio.
Como es de conocimiento generalizado, la existencia del derecho a veto hace difícil la utilización del sistema internacional, que todavía encuentra su fundamento último en el sistema de las Naciones Unidas. Es así como la experiencia de la guerra fría dejó solo dos instancias para intentar sortear ese veto. En la primera, una mayoría del Consejo de Seguridad de la ONU, con 9 votos, puede recomendar la convocatoria a la Asamblea General (la Resolución 377) que se intentó en este caso.
En la segunda, y mucho más difícil de lograr, el propio país puede abstenerse si lo afecta una disputa propia, paso dado por Argentina en el caso Eichmann con Israel, pero casi imposible para Rusia en su invasión a Ucrania. En todo caso, el final está marcado, ya que nada impide el veto de otro país, en este caso China, y en la decisión última, cual lo es la autorización para el uso de la fuerza, ahí deben participar las cinco potencias.
En todo caso, se puede decir que somos testigos de un momento especial, ya que todo parece indicar que se está abriendo una puerta que antes estuvo cerrada en casos como Irak por ejemplo, y la figura de Putin puede marcar un antes y un después, como ocurriera para ex Jefes de Estado en el arresto del general Pinochet en Inglaterra el año 1998, aunque la recomendación es una sola, que no deben crearse falsas expectativas, ya que eso puede alimentar frustración y retrasar la propia búsqueda de verdad, justicia y garantía de no repetición.
Es cierto que, para regular conflictos armados, existe el derecho internacional humanitario de la guerra, como es el caso de los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales, pero muchas veces la protección de las víctimas ha encontrado dos tipos de problemas. El primero es cuando los ejércitos invasores cometen atrocidades y barbaridades, no como consecuencias no deseadas, sino como parte de su estrategia militar, no por ello menos violatorias de la legislación, pero más difícil de perseguir. Se vio en Siria y Libia, y antes con el ejército francés en Argelia y con el uso masivo del Napalm por Estados Unidos en Vietnam. Y, por cierto, para lo que hemos presenciado en televisión y en redes sociales en la actual invasión a Ucrania, la experiencia nos muestra, que contrariamente a lo que se supone, se hace más difícil perseguir una estrategia deliberada que un hecho puntual.
El segundo elemento tiene que ver con la prueba y la responsabilidad del o los culpables. Sin duda alguna, el ataque a civiles es un delito que debiera ser siempre castigable, pero el problema es cómo se puede transformar en crimen de guerra, lo que pasa en realidad por quien lo ordena más que por quien lo ejecuta. Es decir, la gran pregunta de cómo se logra probar que fue por orden de Putin o de un comandante en terreno, sobre todo, en aquellos casos donde simplemente se retiran los invasores, haya o no cumplidos sus objetivos. ¿Quién va a buscar y detiene al responsable?
En el caso de Putin, lo primero es despejar de que se le puede acusar. Y con la información disponible, el delito que parece hoy más accesible es el de agresión, además no provocada, por lo que es una guerra manifiestamente ilegal, y, por lo tanto, un crimen, según el derecho internacional existente.
Y ahí entra el problema de como se le podría juzgar, partiendo de la base que la experiencia nos indica que los líderes de países importantes que no han sido ocupados por otros simplemente no llegan a juicio, y que la CPI se ha preocupado mayoritariamente de líderes africanos y de los perdedores de la guerra civil de la ex Yugoslavia, lo que no es cinismo sino realismo básico.
Más que una corte establecida, lo anterior nos dice que se necesitaría un tribunal penal internacional especial. Pero ¿cómo se le impone a Rusia?, la que podría incluso retirarse, aunque este escenario no se ve que sea pronto. También es improbable que sea depuesto Putin en un futuro cercano, o que, aun así, le sea retirada la protección de Rusia, aunque no estuviera en el poder.
Por lo mismo, si uno sigue a algunos dirigentes europeos como franceses o alemanes, nota que han sido especialmente cuidadosos de no referirse a los líderes rusos y no solo Putin, en términos de criminales de guerra. Quizás sea también la razón por la que en el Estatuto de Nuremberg se introdujo la expresión “crímenes contra la paz”, creación del jurista ruso soviético Aron Trainin.
Por último, hay un problema que perjudica a los ucranianos hoy, cual es el del doble estándar, ya que no ayuda que en Irak, Libia o Siria no haya existido procesamiento, como tampoco en Vietnam, o en Afganistán, ni para soviéticos, ni para estadounidenses; o las intervenciones de Francia y el Reino Unido en excolonias de África y el medio oriente, elementos que crean un antecedente de hipocresía.
De Ucrania han surgido muchas imágenes que rompen el alma, pero para no crear expectativas sin respaldo, la experiencia de juicios internacionales por violación de derechos humanos nos muestra que no basta con la acusación, sino que el estándar es siempre alto, y por ello, en crímenes de guerra no bastan las fotos para condenar, ya que para determinar la responsabilidad de un crimen se requieren pruebas determinantes de la participación de una persona. En otras palabras, como una condena en un fallo debe ser “sin dudas”, repetidamente se usan ejemplos como la falsa masacre de Timisoara en Rumania en 1989 o cuando nueva información transforma en mentirosa a la versión anterior, tal como ocurrió con la de Katyn (Polonia, 1940) donde la Unión Soviética acusó a los nazis, apareciendo oficialmente la verdad solo con Gorbachov en 1990.
Por su parte, acusaciones como la de genocidio de Biden son particularmente complicadas, ya que se refieren a la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo humano por motivos raciales, religiosos o políticos. No hay duda del delito de agresión, de la invasión a otro país y de los ataques deliberados a civiles, pero una acusación de este tipo, sin que se compruebe fuera de toda duda puede transformarse en una ayuda más que un detrimento al acusado, ya que aparecen quienes piensan que hay banalización cuando se describen delitos que no reúnen todos los requisitos. Además del debate político, por existir un historial en el caso de gobiernos de Estados Unidos que incluye Hiroshima y Nagasaki.
Como conclusión, ha existido tanta impunidad que es necesario avanzar en este tema, y se retrocede cuando se crean falsas expectativas. Existen bases serias para delitos como agresión o los cometidos contra civiles, y los propios logros en derechos humanos, nos hace entender que la mejor garantía de no repetición se obtiene con las pruebas aportadas en un juicio y respetando la presunción de inocencia.
No creo que Putin o algún otro líder de una potencia mundial del Consejo de Seguridad, sea en definitiva arrestado, pero la causa de la justicia será bien servida si al menos se avanza con la prueba de las acusaciones en el sistema existente, ya que se necesita la ley para condenar, toda vez que siempre hay que tener en cuenta que se habla de tribunales de derecho, y no de otra cosa.
Como no hay prescripción, lo anterior representaría una transición hacia un mundo mejor al haberse corrido el cerco de lo posible, al menos en justicia.
Fuente: Infobae.com