Es el gran día del Tribunal Penal Especial en la República Centroafricana. Siete años después de su creación, este tribunal juzgará sus primeros casos a partir de este martes. Esta jurisdicción híbrida, compuesta por magistrados locales e internacionales, tiene el mandato de investigar y enjuiciar las violaciones graves de Derechos Humanos cometidas en el país desde 2003. Los primeros acusados son ex milicianos del grupo 3R acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Issa Sallet Adoum, Tahir Mahamat y Ousman Yaouba están siendo procesados por su presunta participación en las atrocidades cometidas en dos pueblos de la provincia noroccidental de Paoua. En mayo de 2019, habrían participado en la masacre de 46 civiles cometida por la milicia 3R, «Retorno, Reclamación y Rehabilitación», según la ONG Human Rights Watch, que ha documentado estos abusos.
Los tres hombres fueron entregados al tribunal por su líder, Sidiki Abbas, en ese momento firmante del acuerdo de paz de Jartum, que murió en noviembre de 2020 en enfrentamientos cuando se unió a la coalición armada anti-Tuadera.
En diciembre de 2021, en su primera audiencia pública, la sala de instrucción del tribunal rechazó los recursos de los tres acusados y devolvió el caso a juicio. Las organizaciones de Derechos Humanos acogieron con satisfacción este importante paso en la lucha contra la impunidad en la República Centroafricana, considerándolo una prueba de la fortaleza del Tribunal.
No obstante, lamentan la falta de cooperación de las autoridades. Entre la veintena de detenidos en el marco del procedimiento iniciado por el tribunal, ninguno es un actor importante.
Crisis de confianza
Este primer juicio representa la culminación de un largo y arduo proceso para esta singular jurisdicción, recuerda nuestra corresponsal en Bangui, Carol Valade. El tribunal tardó siete largos años en abrir su primer juicio. En su haber, es el único en el mundo que juzga los delitos cometidos durante un conflicto que aún está en curso.
Pero sufre una profunda crisis de confianza desde la detención, hace cinco meses, de Hassan Bouba, el ministro de Ganadería acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad. Tras una orden de detención, las autoridades lo sacaron de la cárcel y luego lo reincorporaron a sus funciones y lo condecoraron con la Orden Nacional del Mérito.
También se critica al tribunal por su falta de transparencia en cuanto a los casos que trata, el uso de su presupuesto anual de 12 millones de euros financiado por donantes occidentales y sus detenciones provisionales. Varios detenidos fueron puestos en libertad por haber superado los plazos reglamentarios. Asimismo, se cuestiona su independencia, debido a las numerosas órdenes de detención no ejecutadas.
Este primer juicio es, por lo tanto, un paso decisivo para recuperar la credibilidad. Sin duda, determinará el éxito o el fracaso de este experimento sin precedentes.
