Señalan a dos órganos del Estado y la Policía por vulnerar derechos de Aramayo; «el gobernador de San Pedro lo castigaba sin explicación»

El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) afirma que el documento que está circulando es un borrador que debía ser revisado por Aramayo, pero se filtró
Marco Antonio Chuquimia, Karem Mendoza

Los órganos Ejecutivo y Judicial además de la Policía fueron identificados por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), como los responsables de haber puesto en peligro la vida del fallecido Marco Antonio Aramayo.

“Ese monstruo de tres cabezas conformado por ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Policía han puesto en peligro la vida del señor Aramayo en más de una ocasión”, señala una parte del pronunciamiento del ITEI.

Marco Antonio Aramayo fue director ejecutivo del ex Fondo de Desarrollo Indígena, estuvo preso por más de siete años, tenía 256 procesos en todo el país y falleció la madrugada del martes en la ciudad de La Paz. Sus restos son velados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y serán enterrados el jueves.

Según el ITEI, el Órgano Judicial tiene la mayor responsabilidad por las irregularidades que se cometieron contra Aramayo en todo este tiempo. “El aparato judicial ha hecho caso omiso del derecho a la presunción de inocencia, ostentando con orgullo todos los atributos de una justicia ineficiente y corrupta. Nunca han iniciado siquiera una debida investigación sobre las numerosas irregularidades del caso Fondo Indígena”, señala otra parte del documento.

Recordó que Aramayo fue forzado a viajar a audiencias incluso cuando estaba enfermo de Covid-19. Añade que hace un par de semanas, el aparato judicial, que incluye a la Fiscalía, dio inicio a nuevos procesos y le aplicaron medidas cautelares, pese a que guardaba esa condición desde hace siete años.

El Ejecutivo

Sobre la participación del Órgano Ejecutivo señala que desde el momento en que Aramayo denunció las irregularidades del Fondo Indígena en 2015, fue presumido culpable y estigmatizado socialmente por las autoridades estatales que aparecían en los medios de comunicación.

“Cuando él tuvo el atrevimiento de responder a las acusaciones de las autoridades gubernamentales, o señalar la responsabilidad de ciertos funcionarios del Fondioc, el castigo fue inmediato”, recuerda.

También describe que hasta su reclusión en el penal de San Pedro, en La Paz, llegaban desconocidos que lo amenazaban de muerte o autoridades judiciales y fiscales que le iniciaban procesos en ese momento. El ITEI considera “absurda” la cantidad de procesos judiciales que le instauraron a Aramayo por un mismo hecho.

La Policía

Respecto a la Policía, esta organización señala que su descripción es una muestra de lo que probablemente sucedió con el fallecido exejecutivo del exfondo indígena.

“Muchos de los escoltas designados para los viajes torturaron al señor Aramayo, así como también lo hizo el personal de seguridad de diferentes penales del país. Sufrió torturas biológicas cuando lo privaron de alimentos, agua y medicamentos durante horas”, afirma.

El pronunciamiento también dice que fue golpeado y lo obligaron a viajar esposado y en posiciones forzadas del cuerpo. Fue torturado sicológicamente cuando lo amenazaron, extorsionaron, insultaron y humillaron. “El mismo gobernador de San Pedro mostró declarada hostilidad contra el señor Aramayo, castigándolo en repetidas ocasiones sin que haya ninguna base fáctica para ese trato discriminatorio”.

Todos estos hechos fueron documentados desde 2017 y existe un informe al respecto que debía ser revisado por Aramayo antes de su publicación. El ITEI afirma que el documento que está circulando es un borrador que se filtró antes de ser revisado por los interesados.  

El ITEI aclaró que no pretenden defender su inocencia o culpabilidad en el caso sobre el desfalco del Fondo Indígena. Más bien buscan dejar un precedente sobre el derecho que tiene toda persona juzgada a ser tratada con dignidad.