Desde hace cuatro años que Bolivia no conoce a cabalidad cuanto de gas le queda, YPFB dejó en segundo plano la certificación, para priorizar el estudio de factor de distribución del campo Margarita.
Leo Suárez
Tras haber salido a flote la coyuntura hidrocarburífera por la disputa entre Tarija y Chuquisaca por el campo Margarita-Huacaya, autoridades de ambos departamentos le recuerdan al Gobierno Nacional, que la certificación de reservas de gas y la nueva ley de hidrocarburos aún son temas pendientes que también debe resolver el nivel central.
La certificación de reservas
En septiembre de la gestión 2021 la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lanzaba la convocatoria para una licitación internacional con la que preveía contratar a una empresa que cuantifique y certifique las reservas de gas natural e hidrocarburos en Bolivia.
Sin embargo, en octubre del mismo año se declaró desierta la convocatoria, debido a que, aparentemente, la pandemia no permitió cumplir con algunos requisitos y anunciaron que trabajarán en una nueva licitación internacional, según informó el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB, Armin Dorgathen. A la fecha se desconoce cuándo se reanudará el proceso, empero, es evidente que la prioridad está en el factor de distribución del campo Margarita.
La última vez que se realizó el proceso de verificación de las reservas de gas fue en 2018, a cargo de la empresa canadiense Sproule International Limited, en cuyo documento indica que las reservas probadas de gas natural llegan a 10,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF), las probables más probadas a 12,5 TCF y las probadas más probadas más posibles a 14,7 TCF. La empresa generó cierta “desconfianza” puesto que no habría sido transparente y solicitaban más información para analizar en detalle el documento.
Con una situación “tensa” por el nuevo estudio de factor de distribución del campo Margarita-Huacaya, que tiene el respaldo de Chuquisaca. En Tarija a tiempo de expresar su descontento, el Comité Interinstitucional de Defensa del Campo Margarita, encabezado por el gobernador Oscar Montes, han pedido al Gobierno Nacional inicialmente certificar las reservas de gas, para luego hablar de cuánto toca a cada departamento.
Empero, la postura de los tarijeños no ha tenido influencia alguna, ya que para este lunes 18 de abril, se tiene previsto la apertura de sobres de las empresas que se han presentado para encarar este estudio de factor de distribución, pese, a que desde Tarija han observado “irregularidades” en el proceso de convocatoria.
Desconfianza La última certificación de reservas de gas en Bolivia, es un “cuestionado” estudio realizado en la gestión 2018
Para el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental del Chuquisaca, Ricardo Zárate, a tiempo de resaltar que su departamento está expectante a lo que pueda suceder con el nuevo estudio de factor de distribución, reconoció la necesidad de que exista una certificación de reservas actualizadas en el país, para que los departamentos productores tengan información actualizada y hacer las proyecciones sobre los beneficios que puede representar para cada región.
Considerando el hecho de haberse caído el año pasado la licitación para la certificación de reservas de gas, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció que como parlamentarios no tienen una información certera por parte de YPFB, esto debido a que el Gobierno Nacional “obliga” a todo el ejecutivo no responder las peticiones de informe escritos ni orales de los legisladores de oposición. Lo propio acontece con la nueva ley de hidrocarburos.
Así también lo ha confirmado el representante de Tarija en el Directorio de YPFB, Manuel Campero, quien argumentó que pese a las insistentes veces que se envía cartas solicitando información respecto a los hidrocarburos al Directorio de YPFB, no reciben respuesta alguna.
El asambleísta departamental de Tarija y miembro de la Comisión de Hidrocarburos, Aníbal Rodríguez, de igual forma lamentó el “hermetismo” con el que el Gobierno maneja la información respecto a los hidrocarburos. Enfatizó que esto debería ser transparente y de accedo para todas las regiones productoras.
La nueva ley de hidrocarburos que tampoco existe
Actualmente Bolivia se rige en materia hidrocarburífera con la Ley de Hidrocarburos N°3058 de mayo del 2005, que este año cumple 17 años de vigencia, incluso más antigua que la Constitución Política del Estado (CPE) que data de enero del 2009. En este contexto, desde hace más de una década las autoridades coincidieron que la normativa debe ser cambiada y/o actualizada.
La iniciativa tomó más fuerza en el último mandato del expresidente Evo Morales (2014-2019), estando el tarijeño Luis Alberto Sánchez como ministro de Hidrocarburos, sin embargo, no pasó nada, pese a que adelantaban que ya existía un proyecto de ley, del cual los departamentos productores igual reclamaban la falta de información respecto al contenido de esta nueva normativa.
El exrepresentante del Ministerio de Hidrocarburos en el departamento de Tarija, Daniel Centeno, reconoce la necesidad de modificar la ley de hidrocarburos, para que deje mayores beneficios para el país, para los departamentos productores y beneficie a las empresas, logrando que la normativa “sea atractiva” para las inversiones en este rubro. Centeno refiere que esta nueva normativa debe mejorar el pago de Regalías e IDH.
Consultado si su persona ha logrado conocer este proyecto de ley cuando era parte del Ministerio de Hidrocarburos, Centeno argumentó que no ha podido tener acceso a esta normativa. Sin embargo, reconoció la existencia de “algún documento” del gobierno.
Sobre este tema, el presidente de la Asamblea Departamental de Chuquisaca, Ricardo Zárate, manifestó que, al igual que Tarija y el resto de departamentos productores, han exigido al nivel central información sobre el contenido de esta nueva ley de hidrocarburos, pero que tampoco han logrado acceder a nada. Enfatizó que la norma nacional debe ser actualizada, y coincidió con Centeno, que en materia de hidrocarburos debe existir mayores beneficios para las regiones productoras.