Un exviceministro y otros 11 ex funcionarios públicos siguen en carrera para Defensor del Pueblo

En estos casos, la comisión no tomó en cuenta que uno de los requisitos señalaba que los postulantes no podían ser funcionarios públicos al menos ocho años antes de su postulación. La mayoría del oficialista MAS se impuso en la comisión y entraron 21.

 

 

Fuente: El Deber
Marcelo Tedesqui

Entre los candidatos clasificados a la siguiente instancia para la elección de Defensor del Pueblo hay un exviceministro, un exconsejero de la judicatura, otros 11 exfuncionarios de ministerios, tres personas que trabajaron en la Asamblea Legislativa, uno de la Vicepresidencia, entre otros. Unos 30 de 66 candidatos trabajaron con el Gobierno, tienen vínculos con organizaciones sociales afines al MAS o fueron impugnados por la agrupación opositora Creemos.

Una de los requisitos indicaba que los postulantes no podían ejercer cargos públicos ocho años antes de la postulación, pero esto no se cumplió.

Además, en la fase de impugnaciones, que terminó el jueves pasado, solamente un candidato que había sido inhabilitado volvió a la competencia, se trata de Santiago Condori Apaza, antropólogo orureño, fue el décimo cuarto postulante al cargo. La comisión explicó que fue impugnado por una supuesta acusación penal que presentaron, pero él demostró que se trataba de un homónimo.

El caso más destacado de exfuncionario de gobierno es el del ciudadano Humberto Echalar Flores, quien fue coronel de la Policía y viceministro de Seguridad Ciudadana en la gestión 2013 y hasta 2016. Trabajó en distintas unidades del ministerio de Gobierno, cuando Carlos Romero era ministro de esa cartera. También describe las tareas que cumplió en la Policía.

Wilber Choque Cruz, exconsejero de la Judicatura, fue el único que juró con el puño izquierdo en alto cuando fue posesionado el 18 de septiembre de 2012 y ejerció ese cargo hasta el 30 de diciembre de 2017, fue autoridad electa y aun así fue habilitado.

Exfuncionarios

Los extrabajadores de ministerios son 11, la comisión no tuvo en cuenta estos casos.

Marín Sergio Calizaya Molina es un abogado que trabajó en distintas entidades del Gobierno, hasta enero de 2020 cuando asumió Jeanine Áñez, estuvo en el ministerio de Gobierno ocupando distintos cargos y estuvo en las regionales de Migración de Cochabamba y Oruro. Entre 2020 y 2021 trabajó como abogado independiente y en 2021 regresó al Gobierno como asesor jurídico del Sedem). Rubén Julio Estrada Candia es un abogado de profesión y desempeñó tareas en al menos tres ministerios, Gobierno, Trabajo y Presidencia.

Del ministerio de Desarrollo rural están Yhovana Arratia Camacho, vinculada al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en las gestiones marzo a diciembre de 2018 y Porfirio Machado Gisbert Porfirio, quien trabajó como jefe nacional de asuntos jurídico de esa misma entidad hasta diciembre de 2021.

Estefania Yhoselin Camargo Usnayo trabajó en el ministerio de Justicia hasta diciembre de 2021. Ramiro Leonardo Iquise Pally es también un abogado vinculado al Estado desde 2009 en distintos cargos. En 2011 ingresó al ministerio de Justicia hasta 2016. María Irene Vino Mejía está vinculada al Gobierno de forma intermitente desde 2015 en los ministerios de Justicia, Presidencia, Economía y Desarrollo Productivo donde trabajó hasta diciembre de 2020.

Willy Rogelio Chura Chambi trabajó en el ministerio de Salud como asesor legal de la unidad de medicamentos y tecnologías; Freddy Germán Lima Castaño fue funcionario del ministerio de Obras Públicas, ingresó en julio de 2009 y dejó el cargo en diciembre del año pasado. Marcelino Marco Antonio Lucero León, entre 2017 y 2018 fue asesor en la unidad jurídica del ministerio de Salud y ahora trabaja en la Caja Nacional de Salud, regional Santa Cruz como jefe de asesoría legal.

Carlos Dionicio Salazar Salcedo fue abogado del fallecido refugiado, Francisco “Pacho” Cortez, estuvo vinculado a la Superintendencia de Telecomunicaciones y en 2012 ingresó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), dependiente del ministerio de Minería y Metalurgia.

Otros

Freddy Delgadillo Pérez fue consultor casi permanente del Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) en los municipios de Cochabamba, trabajó en esa repartición hasta el 2 de noviembre de 2021. Gonzalo Julián Apaza es un exfuncionario de la Vicepresidencia. Hay otros tres que trabajaron en la bancada del MAS en La Asamblea, otros dos en sectores sociales afines al MAS, también hay uno de la Fiscalía y dos del TSE.