Proceso. El gobernador Luis Fernando Camacho confirmó que acuden a esta instancia internacional para evitar que otro boliviano corra la misma suerte de Marco Aramayo
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
El gobernador Luis Fernando Camacho confirmó que activará un proceso ante la CIDH para poner en conocimiento de esta institución ‘la tortura judicial que vivió Marco Aramayo’, que denunció el desfalco en el Fondo Indígena, pasó siete años con detención preventiva y falleció la madrugada del martes 14 de abril.
“Hoy hemos enviado una carta formal a la CIDH pidiendo tres cosas: primero aplicar el artículo 41 de la convención americana sobre derechos humanos y pedir al Estado boliviano que proporcione información sobre las graves violaciones a los derechos humanos del señor Marco Aramayo”, indicó.
Agregó que en el segundo punto pide a la CIDH emitir un pronunciamiento público sobre el caso de ‘Marco Aramayo’ y como tercer punto, debatir la responsabilidad de elaborar un informe sobre la situación jurídica en Bolivia.
Para finalizar, Camacho se dirigió a los bolivianos para advertirles que la democracia y las instituciones siguen bajo el ataque del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de sus prácticas violentas y autoritarias.
“Hoy la democracia y nuestras instituciones siguen bajo el ataque del MAS, el año pasado los bolivianos derrotamos la imposición de leyes antipopulares, ese es el camino, no bajar los brazos nunca. Si acá la justicia está sometida al régimen masista quedan los organismos internacionales y ahí tenemos que acudir para que nunca más se repita un caso como la del ciudadano Marco Aramayo”, concluyó.
Víctima del sistema judicial
Por otra parte, Luis Yáñez, miembro de la Comisión de Autonomía, agregó que el pedido anunciado por el gobernador Luis Fernando Camacho tiene por objetivo que la CIDH, en el ámbito de sus competencias, pidan al Gobierno un informe en el que explique por qué los derechos del señor Marco Aramayo fueron vulnerados.
“Cabe indicar que a Marco Aramayo se vulneró su derecho a la integridad, su derecho a la vida, la libertad personal, el debido proceso y también la protección judicial. En esencia. El Estado usó el sistema judicial como un instrumento de represión para socavar la dignidad y finalmente la vida del señor Aramayo”, acotó Yáñez.