Comunidad LGBTIQ+:las leyes cambiaron, perolas agresiones continúan

Un informe de la Fundación Igualdad refleja que la violencia continúa a pesar de avances normativos. Concluye que la justicia es frustrante, que hay discriminación en los servicios de salud y que falta seguimiento a los casos de vulneración

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Fuente: El Deber

Para que no vuelva a pasar
. Es el título del último informe elaborado por la Fundación Igualdad, sobre la vulneración de los derechos a la población LGBTIQ+ durante el periodo más rígido de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, la violencia sigue siendo parte de la rutina.

El documento, generado por investigación en el eje troncal, a través del método cualitativo, refleja las experiencias más duras sufridas por miembros de la comunidad LGBTIQ+, incluidos activistas. En algunos casos culminaron con el deceso de la persona agredida.



Discriminación en los sistemas judicial y de salud son algunas de las denuncias expuestas. A pesar de avances en la normativa, la denuncia generalizada indica que a veces se quedan solo en la teoría.
Alessandra y Fernanda protagonizaron dos historias con trágico final. Alessandra era una joven trans de 19 años, asesinada en un hostal en Cochabamba con el cable de una plancha para cabello.

Su familia no quiso ni recoger el cuerpo, se avergonzaban de su oficio como trabajadora sexual y de su identidad de género. Se hizo cargo de ella la Red de Personas Trans de Bolivia (Red Trébol).

Fernanda prácticamente murió sin recibir la asistencia médica adecuada. Estaba en situación de calle y con problemas de desnutrición debido a la falta de alimentos y la precaria situación en la que se encontraba.

La mujer trans se presentó en el Centro de Salud Lazareto, donde no fue atendida por miedo al covid-19 y a la idea generalizada de que muchos de esa población tienen VIH. Pasó una noche y una mañana tirada afuera del centro de salud, hasta que el Movimiento de la Diversidad Sexual y de Género de Santa Cruz se movilizó y consiguió que la atiendan, pero la respuesta fue precaria para la gravedad de Fernanda.

Finalmente, su hermana se hizo cargo de ella, pero en su hogar, que fue el lecho de muerte de Fernanda.
“El caso de ella es uno de los más duros de los que hemos recogido en testimonios por la frialdad con la que el sistema de salud no solo fracasó, sino además continúa estigmatizando la atención en todos los niveles a la población trans”, dice el informe de la Fundación Igualdad.
La agresión a Catalina ocurrió en julio de 2020, cuando un cliente la apuñaló ocho veces. Cuando relata lo ocurrido, hace evidente el dolor que sintió al oír -mientras se desangraba- crueles palabras de sus vecinos y también del personal de salud.

“Los médicos se burlaban de mí, no querían hacerme la limpieza, diciendo porque no era ni mujer ni hombre. ‘Es trans, no lo vamos a tocar, quizás tenga sida’”, recordó Catalina en su testimonio.
A Nataly la discriminaron por ser lesbiana al momento de donar sangre. “Drogadictos y homosexuales no pueden donar sangre”, le dijeron.
Alan Sebastián Tomichá sufrió discriminación por su forma de vestir desde que llegó de Puerto Quijarro a Santa Cruz de la Sierra, tanto de parte de extraños como de sus compañeros de trabajo.

Las agresiones llegaron al extremo de que una noche, en septiembre de 2020, cuando regresaba a su cuarto, varias personas lo siguieron, lo agarraron y le dijeron: “No nos gustan los que se creen hombrecitos, nosotros te vamos a enseñar a ser mujer”.

Intentaron abusar de Alan, le bajaron los pantalones, pero sacó fuerzas y logró escapar. Según él, en Puerto Quijarro sufrió una situación similar.
Hasta la fecha tiene dificultades para encontrar un trabajo y se ve obligado a vivir en casa de una amiga activista, hasta que mejore su situación.
Jhyan Mathius Condori, hombre trans, asegura que fue discriminado por su identidad de género en el Centro de Salud Germán Urquidi, en Cochabamba, donde le negaron la posibilidad de ver a su hija recién nacida.
La bebé falleció.

 Jhyan cree que porque le dieron de alta de forma prematura y ahora acusa al centro de negligencia. Por falta de recursos económicos no pudo contratar un abogado, pero acudió a la Defensoría del Pueblo, donde su caso no avanzó.

Una de las lideresas de la comunidad LGBTIQ+, Vanina, relató que al inicio de la pandemia muchas compañeras trans fueron expulsadas de los lugares donde habitaban, y que por esa razón acudieron a la casa de una de las dirigentes, Tania, que en el momento más duro de la pandemia albergó hasta 19 chicas trans que no tenían las condiciones para pagar un alquiler.
Se organizaron para poder subsistir y se dieron modos para conseguir canastones con alimentos.

Las estadísticas
Otro estudio de 2019 de la Fundación Igualdad, titulado
Violencia Escolar y homofobia: Santa Cruz de la Sierra
, muestra cifras preocupantes, tras una encuesta a casi 400 estudiantes entre 12 y 19 años
Resultado de este análisis, es posible afirmar que los estudiantes de secundaria conviven en un ambiente de violencia y hostilidad normalizadas, pero no tan frecuentes.

 Se trata de un ambiente en el que, entre la mitad y casi dos tercios de la población, admite ejercer comportamiento hostil y provocativo hacia sus compañeros.

Respecto al factor discriminación social, tras un grupo focal entre profesores y padres de familia, se pudo establecer que un 35,6%, en el caso de los profesores, y un 33,3%, de los padres de familia, consideran que la homosexualidad es un pecado. Asimismo, el 22,2% de los padres de familia y 17,8% de los profesores considera que la homosexualidad es una forma de trastorno mental.

Respecto a la manifestación de orientación de género, el 31,4% de los maestros muestra intolerancia, mientras que en los padres de familia el porcentaje es de 23%.
Otra investigación sobre derechos humanos, de REDLB BOL y Red Trébol, con el apoyo de la Fundación Hivos, alerta que el 50% de la población LGBTIQ+ apunta a la Policía como el principal violador de sus derechos; el 25% a los jueces; el 15% a la sociedad; y el 10% al Estado boliviano.

En el mismo documento se evidencia que el 89% desconfía de las instancias públicas para denunciar la vulneración de sus derechos. El 93% se siente discriminado por el sistema judicial de este país.
El 80% asegura que alguna vez fue agredido por un policía, por su orientación sexual e identidad de género, y el 74% aseguró que no denunció los arrestos o acciones arbitrarios.
En cuanto a la vulneración de los derechos a la seguridad personal y a la vida, según población, las personas trans se llevan la peor parte, con un 50% de los casos.

El 94% de las personas de la comunidad LGBTIQ+ concluye que el personal del sistema de educación en Bolivia no está sensibilizado y capacitado sobre la temática de diversidades sexuales y de género.
En lo que concierne a la educación escolar, el 72% de las personas LGBIQ+T entrevistadas abandonó los estudios por haber sufrido algún tipo de discriminación, especialmente en el nivel secundario.

La salud es una tarea pendiente. El 41% se sintió discriminado cuando solicitó atención en algún centro médico, sobre todo la comunidad trans.
El 49% espera que sea factible el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 2% quiere una norma especial para los crímenes de odio contra las personas LGBTIQ+.

Otra encuesta sobre las condiciones de vida, discriminación y derechos de la comunidad LGBTIQ+, elaborada por Conexión Fondo de Emancipación, Oxfam, Fundación Hivos y otros, refleja que casi un 27% no tiene empleo, y que el 32% de los independientes ejerce el trabajo sexual. El 64% recibe ayuda complementaria de sus padres. El 55% tiene un ingreso entre Bs 715 y Bs 3.000 y solo el 1,5% % gana más de Bs 6.000.

Tres de cada cuatro personas que sufrieron violencia manifestaron que la violencia psicológica es la que más les afectó.
Las encuestas y grupos fueron elaborados en distintas épocas, desde 2011 hasta 2022, lo que refleja que por encima del avance en las normas bolivianas, la realidad sigue siendo agresiva para las personas LGBTIQ+.

“El paraguas normativo existe, el reto hacia la ciudadanía es la deconstrucción cultural, social y personal para derribar prejuicios, esa es una tarea individual y colectiva que se avanza pero que aún tiene camino por recorrer”, dice el primer informe de Fundación Igualdad.

Apertura
Álex Bernabé, coordinador de la investigación y director de la Fundación Igualdad, valoró que en la presentación del documento
Para que no vuelva a pasar
, en las ciudades del eje troncal, estuvieron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de Derechos Humanos de la Policía Boliviana, de Régimen Penitenciario, comandantes departamentales, Viceministerio de Oportunidades, etc.

Fruto de estos acercamientos hay compromiso para realizar capacitaciones en varias instituciones públicas. Lamentó que el Ministerio de Salud fuera uno de los que menos interés prestó a la convocatoria.
Bernabé también lamentó que no se cuente con informes de parte del Estado sobre los derechos de la población LGBTIQ+. Valoró que en el último tiempo se ha logrado sentenciar a autores de crímenes de odio contra los miembros de esta población vulnerable, pero sabe que algunos casos concluyen solo gracias a la tenacidad de los familiares de las víctimas y a los activistas.

El caso de Dayana Zárate fue el primero en su género en tener la sentencia de 30 años. Según Bernabé, todos los anteriores han quedado en la impunidad.

Fuente: El Deber