Dirigente Max Mendoza es trasladado a La Paz por tierra, debe rendir cuentas por al menos dos delitos

El actual presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB) fue aprehendido en Cochabamba poco antes del mediodía y se espera que llegue a La Paz a las 20.00

Fuente: Página Siete Digital

El actual presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB) Max Mendoza, fue aprehendido cerca al medio día de este sábado en Cochabamba y ahora es trasladado vía terrestre a la ciudad de La Paz, donde deberá rendir cuentas por al menos dos delitos: usurpación de funciones y conducta antieconómica.



En declaraciones a Página Siete, el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, dijo que se espera que el cuestionado dirigente universitario llegue al la ciudad sede del gobierno alrededor de las 20.00, en cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por la comisión de fiscales que investiga las seis denuncias presentadas en su contra.

«Habiéndose emitido la orden de aprehensión, ha sido aprehendido en horas de la mañana, alrededor de las 11:00 a 11:30 en la ciudad de Cochabamba. Está siendo traslado a la ciudad de La Paz, estimando su arribo a horas 20:00″, informó.

Todavía no se han tomado declaraciones, simplemente se ha procedido al cumplimiento de la aprehensión en Cochabamba. Primero habrá un traspaso en Caracollo, donde se hará cargo la Felcc de La Paz. Y vamos a trasladarlo a instalaciones de la Felcc de La Paz, donde invitaremos al fiscal para que tome su declaración», complementó.

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La orden de aprehensión emitida por los fiscales Liticia Muñoz y José Alberto Rodríguez, dispone que sea remitido «a la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas , Delitos Aduaneros y Tributarios de la ciudad de La Paz. Precisa además que es investigado por los delitos de conducta antieconómica y usurpación de funciones.

Sobre Mendoza pesan seis denuncias por al menos nueve delitos, entre ellos  peculado, uso indebido de influencias, beneficios en el cargo, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público y uso indebido de bienes y servicios públicos.

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