El juez segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Javier Vargas, determinó la noche de este domingo la detención preventiva del presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, por el lapso de seis meses en el penal de San Pedro.

La decisión fue asumida en una larga audiencia cautelar llevada adelante después de que el Ministerio Público imputara al dirigente universitario de 52 años de edad por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.

Mendoza fue aprehendido el sábado en Sacaba, Cochabamba, y posteriormente fue trasladado, vía terrestre, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde pasó la noche.

El cuestionado dirigente acumuló en los últimos días seis denuncias en su contra, pero el Ministerio Público decidió unificarlas en un solo proceso.

El sábado, la Fiscalía General del Estado informó que el universitario fue aprehendido “por, presuntamente, haberse beneficiado de manera irregular con el nombramiento de secretario nacional a. i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el pago de haberes y beneficios sociales, sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el cargo”.

Pues, el dirigente “se habría beneficiado de manera irregular con una resolución administrativa del CEUB, del 14 de diciembre de 2018, que le habría permitido percibir un sueldo de 21.870 bolivianos mensuales desde el 18 de mayo de 2018 al 18 de mayo del 2022, con el cargo de miembro del Presídium XIII del Congreso Nacional Universitario – CNU, cuando el estatuto orgánico de la Universidad Boliviana aplicable al CEUB no establece dentro de su estructura organizacional la existencia de un cargo remunerado como trabajador del Presídium del Congreso Nacional de las universidades”, explicó entonces William Alave, fiscal departamental de La Paz.

Alave agregó que ese estatuto establece que para ser elegido miembro del Comité de la Universidad Boliviana se debe cumplir por lo menos con el requisito del grado académico de licenciatura.

No obstante, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General, el denunciado carece de ese requisito debido a que está registrado como estudiante universitario desde la gestión 1989.

“Por otra parte, se presume que el sindicado habría suscrito, en enero de 2022, un contrato con la Empresa Jireh Turismo respaldándose en la Resolución No. 4/2018; sin embargo, la misma no dispone que (Mendoza) sea el representante legal de CEUB, por ello no tenía la potestad para suscribir este tipo de contratos, más aún cuando en la mencionada resolución tenía una duración de 30 días”, cita otro párrafo de la nota informativa del Ministerio Público.

Juez determinó seis meses en San Pedro para Max Mendoza

El acusado no pudo desvirtuar los riesgos procesales y deberá cumplir una detención preventiva en el centro penitenciario mientras dura la etapa investigativa.

Leny Chuquimia / La Paz

Anoche, el juez segundo anticorrupción determinó la detención preventiva de Max Mendoza en el penal de San Pedro, por seis meses. El cuestionado dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y miembro del presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) no logró desvirtuar los riesgos procesales, pese a que su defensa alegó que tiene diabetes.

“Con las facultades que me confiere el artículo 231 bis de la Ley 1173, se dispone la detención preventiva del señor Max Mendoza Parra en el recinto penitenciario de San Pedro”, manifestó el juez Javier Vargas.

Mendoza fue aprehendido la mañana del sábado en Cochabamba. Tras su declaración informativa fue imputado formalmente por usurpación de funciones y conducta antieconómica, cuya pena máxima en el Código Penal es de ocho años de privación de libertad.

La audiencia de medidas cautelares empezó poco después de las 18:00 de ayer y se extendió por más de cuatro horas. El acusado se presentó vía virtual desde una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde estaba con su abogado. La determinación del juez se dio a conocer cerca las 23:00.

“Los riesgos procesales por los que se le dio la detención preventiva son: no cuenta con domicilio,  actividad licita y por el peligro de obstaculización”, dijo la abogada Lourdes Alba, quien  representa a la UMSA y al docente Víctor Chávez  en su calidad de denunciantes.

Explicó que aún no se tiene una estimación oficial del monto de dinero que recibió Mendoza durante su gestión ilegal en el CEUB. “Sólo se hizo mención a todos los viajes realizados al interior y exterior del país”.

Entre los documentos adjuntados por el Ministerio Público a la Imputación de Mendoza, se encuentra una lista de 31 viajes realizados durante 2018, tanto al interior como al exterior del país. Sólo en esa gestión, los viáticos recibidos ascienden a 74.033 bolivianos.

Este monto podría sumarse al de 1,5 millones de bolivianos que recibió  como Secretario Ejecutivo Nacional del CEUB, función por la que, desde 2018, recibió un sueldo de 21.870 bolivianos por mes. Los denunciantes alegan que dicha remuneración es ilegal ya que ocupó el cargo sin cumplir los requisitos mínimos.

Aunque con el  avance de las investigaciones las cifras y motivos del dinero recibido van en aumento, la declaración jurada del cuestionado dirigente no registra activos.

En el documento presentado ante la Contraloría General del Estado, el 26 de mayo de 2021, Mendoza declaró no tener bienes y que el total de sus activos es igual a cero. Registró una deuda de 401.200 bolivianos y rentas por 274.351 bolivianos.

La imputación también hace referencia a que “sin justificativo alguno”, en enero de este año, el dirigente suscribió un contrato  por 800.000 bolivianos para la provisión de pasajes aéreos, nacionales e internacionales, a nombre del CEUB.

“En dicho contrato figura como representante legal (…) siendo que  en ningún momento   tenía potestad para suscribirlo, por su calidad de estudiante”, señala el documento.

 

74.033
BOLIVIANOS
recibió Mendoza en viáticos
de 31 viajes realizados
durante la gestión 2018.

 

Los riesgos por los que se le dio la detención son: no cuenta con domicilio,  actividad lícita y por el peligro de obstaculización

Lourdes Alba, abogada