No es una o dos denuncias de corrupción. No son uno o dos casos aislados de extorsión a ciudadanos de a pie por faltas de tránsito. No son uno o dos volteos de droga. Denunciados, incluso, por los propios narcotraficantes. No son uno o dos incidentes de secuestros ilegales de vehículos particulares estacionados en la calle, para luego realizar cobros ilegales a sus dueños. No son uno o dos casos de pago de sobornos por infracciones. No son uno o dos casos de acusaciones de realizar actos ilícitos de toda índole por parte de funcionarios policiales. No son uno o dos casos de pagos irregulares para acceder a un cupo para ingresar a la propia escuela básica de policías. No son uno dos actos de indisciplina cometidos por funcionarios policiales en estado de ebriedad. No son uno o dos casos de violaciones a derechos de los ciudadanos. No son uno o dos casos. No, no lo son. Son una constante. Son la identidad de la institución verde olivo. Son su posicionamiento. Así los ve y reconoce la ciudadanía. Así los percibe la sociedad.
De hecho, cuando la población ve un oficial de policía, se asusta. Su primera reacción es que algún cobro ilegal le será sonsacado. Tiene la plena certeza de que algo malo le pasará. Una verdadera lástima.
Tampoco es correcta la lectura de que no son todos. Sí lo son. Por la simple razón de que, si los honestos no denuncian a los maleantes, son cómplices y corresponsables del ilícito que se comenten entre sus filas. Mirar a un costado es más pernicioso que el acto inmoral en sí mismo. Así que son todos los que están en la policía nacional responsables de todos y cada una de las irregularidades que suceden entre sus filas. Todos son parte del problema, no de la solución.
Si a esto le sumamos la denuncia internacional de una red de venta ilegal de vehículos robados en el norte de Chile y en el norte de Argentina comercializados por los propios funcionarios policiales, encargados de, precisamente, vigilar y controlar el ingreso de vehículos de contrabando por frontera, la ola de irregularidades es un tsunami en contra de una de las instituciones más desacreditadas del país. Todas las encuestas y estudios señalan a la Policía Nacional como una de las instituciones con las peores calificaciones, poseedora de la peor imagen pública, con la más baja credibilidad y transparencia. Están en el fondo. Junto al barro.
El narcotráfico en el país se ha disparado y las fuerzas de lucha contra este crimen no investigan, no diseñan operativos sorpresa, literalmente caminan por Chimoré y otras zonas del trópico de Cochabamba, incluidas lamentablemente las reservas naturales, y se tropiezan con las fábricas. Todas “abandonadas” por los malhechores que se dedican a este ilícito. Es imposible mirar al costado. Es dificilísimo que no las vean. Se topan con camiones abarrotados con precursores químicos, que luego, por órdenes superiores policiales los dejan pasar. No son confiscados. So pena que los funcionarios rasos sean castigados o dados de baja, por no respetar el negocio ilegal de sus superiores. El ultimo denunciado por la DEA y luego detenido es el coronel Maximiliano Dávila, responsable de la lucha contra el narcotráfico. ¡50 casas le pillaron!
El gravísimo problema es el absoluto desconocimiento de lo que significa, no sólo legalmente, sino ética y moralmente el rol de un funcionario público. El concepto de servicio proviene del latín servitium y hace referencia a la acción de servir a la sociedad; no servirse de la sociedad.
Se supone que es el Estado el que debe garantizar a su población, legalidad y eficiencia para lograr un mejor nivel de vida e igualdad de oportunidades entre la ciudadanía. Nada de esto, por supuesto, sucede. El servidor público es un cacócrata. Y, el policía, un socio del delincuente.
La Ley Nro. 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, tiene por finalidad un desafío fundamental como sociedad: la prevención del delito. Para ello, acabar con la impunidad de los corruptos por tener un cargo jerárquico político circunstancial o un rango policial o militar es crítico. Nadie está libre de ser controlado, fiscalizado o considerarse fuera de la ley o, peor aún, creer que está por encima de la ley.
Todos los bolivianos estamos sujetos al cumplimiento irrestricto de las normativas actualmente vigentes. Mucho más, aún, los policías, políticos, militares y funcionarios públicos. Pero esto, claro, no sucede. La miseria política hace de las instituciones públicas sus sentinas y los policías abusan de su poder todos los días. Así que amable lector, ante la pregunta de si la Policía Nacional es una mafia organizada, estoy absolutamente seguro de que su respuesta será: sí, lo es.